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Requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita

La Ley exige cumplir una serie de requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita según se trate de personas físicas o jurídicas.

Vamos a exponer los requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita distinguiendo según sea el solicitante una persona física o jurídica para este año 2020.

Recordar que el derecho de asistencia jurídica gratuita se encuentra regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, si bien ha sufrido distintas modificaciones, la última de ellas en octubre de 2015.

Asimismo, el órgano responsable para el reconocimiento de la justicia gratuita es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en su correspondiente ámbito territorial.

Los beneficios que lleva la concesión del derecho de justicia gratuita puedes VERLOS AQUÍ.

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA GRATUITA .-

A)  REQUISITOS BÁSICOS. PERSONAS FÍSICAS:

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

DOS VECES el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2020) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

DOS VECES y MEDIA el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2020) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

El TRIPLE del IPREM 2020 en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Si quieres ver con ejemplos los ingresos en 2018 y en 2019 (SON IDÉNTICOS) para que te concedan un abogado de oficio PINCHA AQUÍ.

Por UNIDAD FAMILIAR a estos efectos se entiende: lo que como tal concepto venga establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.

Los medios económicos serán evaluados individualmente cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia jurídica gratuita (EJEMPLO: en caso de divorcio entre los  cónyuges).

Requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley.

Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

B)  REQUISITOS BÁSICOS. PERSONAS JURÍDICAS:

Solo se podrá reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones de utilidad pública y a las fundaciones, siempre y cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

No cabe por tanto el reconocimiento de este derecho a empresas como sociedades limitadas, anónimas, etc.

Cuando las asociaciones o fundaciones carezcan de patrimonio que no supere el siguiente umbral podrá reconocérsele el derecho:

Cuando el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM 2020).

C)  SUPUESTOS EXCEPCIONALES

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstosno excedan del quíntuplo del IPREM, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente:

A) En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasa judiciales y otros costes derivados de la iniciación del procedimiento, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial.

B) Atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.

FUENTE: mundojuridico.info

Deudor solidario que paga la parte de otros codeudores

El deudor solidario que paga la parte de otros codeudores podrá reclamar la parte que a cada uno le corresponda de esa deuda.

Vamos a analizar una cuestión que con bastante frecuencia suele darse en el día a día y que todavía plantea dudas sobre la viabilidad de que un deudor solidario que paga la parte de otros codeudores pueda reclamarle a estos dicha parte.

EJEMPLOS:

Deudor solidario que paga la parte de otros codeudores

1) Una pareja son deudores solidarios de un Banco por haber suscrito en su día un préstamo hipotecario. Una de los dos no abona su parte de la hipoteca que le corresponde y el otro se ve obligado a pagar la totalidad para que el Banco no lo demande.

2) Varias personas han firmado con un Banco una préstamo personal. Uno de ellos se niega o no puede hacer frente al pago de la parte del recibo mensual del préstamo. El resto se ve obligado a pagar su parte.

La pregunta sería:

¿Puede el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores reclamar lo que aquellos no han pagado?

Hay sobre todo dos preceptos importantes que debemos conocer en esta materia:

–  Artículo 393 Código Civil» El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas.»

–  Artículo 1.145 Código Civil: » El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.»

Por consiguiente y enlazando ambos artículos, la RESPUESTA a la pregunta formulada es que, el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores está legitimado o facultado para entablar una reclamación contra el resto de deudores solidarios que no abonaron la parte que a cada uno le correspondía en la deuda.

En suma, como recoge la doctrina del Tribunal supremo, el deudor solidario que paga o cumple en su totalidad con el acreedor extingue el vínculo obligatorio, adquiriendo por ministerio de la ley un derecho a repetir en la esfera interna exclusivamente contra el conjunto de obligados unidos por vínculos de solidaridad su parte correspondiente. Siendo dicho crédito ajeno por completo al que ostentaba el acreedor primigenio y desprovisto además de las garantías que tenía el crédito extinguido.

Plazo de prescripción de la acción de reembolso

La acción de reembolso que tiene el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores para reclamarles el importe correspondiente tiene el plazo de prescripción previsto en el artículo 1964.2 del Código Civil de CINCO AÑOS contados desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.

SENTENCIAS

–  AP Valencia, sentencia de 30.12.2014:

» las cuotas pagadas por el demandante extinta la relación de pareja de hecho, generan en aquél un crédito frente a la comunidad, en base al art. 393 Código Civil y frente a la demandada, por haber suscrito conjuntamente el préstamo, con derecho de cobro de la mitad del importe de aquella (art. 1145 Código Civil)».

–  AP Barcelona, sentencia 27.11.2012:

» El art. 1145 Código Civil otorga al codeudor solidario que paga al acreedor acción para reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno corresponda».

–  AP Baleares, sentencia 3.03.2014:

» Al hallarse gravado el piso con una hipoteca constituida en garantía de un préstamo del que ambos prestatarios son dedudores solidarios, el que paga puede reclamar del codeudor la parte que le corresponda (art. 1145 Código Civil), tal como hace la actora reconviniente».

– AP Baleares, sentencia 31.01.2014:

» En consecuencia, en su caso, el que sería de aplicación sería el artículo 1145 del Código Civil. En virtud del derecho de repetición previsto en el segundo párrafo de dicho precepto, el deudor solidario que ha pagado al acreedor «puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de éstos corresponda, con los intereses del anticipo», presumiéndose que la obligación solidaria en la relación interna entre deudores se divide a tal efecto en partes iguales, en aplicación del art. 1138 del Código Civil  ( SS TS 29 diciembre 1987, 17 diciembre 1992, 22 julio 1994, 4 enero 1999, 16 julio 2001, 11 marzo 2002, 4 mayo 2006 y 26 junio 2009). Este derecho de crédito nacido «ex novo» como consecuencia de dicho pago se basa en la necesidad de evitar un enriquecimiento injusto a los codeudores que no hicieron frente al cumplimiento de su obligación».

FUENTE: mundojuridico.info

Elementos comunes de la Propiedad Horizontal

Se consideran elementos comunes de la Propiedad Horizontal todos aquellos que no se hayan incluido como elementos privativos en el Título constitutivo.

La propiedad horizontal es una propiedad especial que se proyecta sobre aquellos edificios cuyos propietarios tienen la titularidad privativa de determinados elementos, denominados elementos privativos (pisos, locales trasteros, etc.), y la titularidad común sobre otros elementos, pertenencias o servicios  para el disfrute conjunto del inmueble, denominados elementos comunes.

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

Francisco Sevilla Cáceres -Abogado-

Los elementos comunes de la propiedad horizontal son por tanto aquellos elementos o servicios de un edificio, que bien por su naturaleza objetiva (como por ejemplo las zonas ajardinadas o el portal), o bien porque así han sido adscritos (por destino) como elementos comunes (la vivienda del portero o una habitación del edificio dedicada a guardar útiles de limpieza), son necesarios y útiles para el adecuado uso y disfrute  del edificio en general, y de cada uno de los elementos privativos (pisos, locales, etc.) en particular.

Dónde vienen recogidos los elementos comunes de la propiedad horizontal:

La Ley de propiedad horizontal no hace relación detallada de los elementos comunes. Se refiere a ellos en el artículo 3 LPH, que a su vez remite a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil.

Este último artículo, hace una enumeración de los siguientes elementos comunes:

  • el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas.
  • elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga.
  • las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores.
  • el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fueren de uso privativo.
  • los ascensores.
  • las instalaciones, conducciones y canalizaciones (hasta la entrada al espacio privativo), para:

– el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar.

– las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos.

– las de detección y prevención de incendios.

– las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio.

– las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación.

  • servidumbres y cualesquiera otros elementos materiales o jurídicos que por su naturaleza o destino resulten indivisibles
Elementos comunes de la Propiedad Horizontal

La anterior relación de elementos comunes de la propiedad horizontal no constituye un numéro cerrado, pueden añadirse otros distintos a los anteriores, si bien deben aparecer reflejados en el TÍTULO CONSTITUTIVO de la propiedad horizontal del edificio.

Igualmente hemos de tener en cuenta, que el anterior listado sólo tiene un caracter enunciativo, lo que también significa que algunos de dichos elementos comunes se pueden configurar como elementos privativos, SIEMPRE Y CUANDO aparezcan así determinados en el Título constitutivo.

Por tanto podríamos resumir que, todo lo que no esté descrito en el Título constitutivo como elemento privativo, se presumen que es elemento comunitario.

Sobre los elementos comunes de la Propiedad Horizontal y los elementos privativos, se han pronunciado en muchas ocasiones nuestros Tribunales, a modo de ejemplo señalamos:

La Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 2 de junio de 2.006» en la propiedad horizontal, cada copropietario es dueño de cuanto privativamente se le atribuye en el Título constitutivo, perteneciendo todo lo restante, entre lo que se encuentran los elementos reivindicados, a la Comunidad de Propietarios y para su uso o utilización conjunta ( STS 12-11-1969).»

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1981 que cita la del mismo Tribunal de 11 de octubre de 1967, refiriéndose a una franja de terreno que sirve como pequeño patio para la mejor aireación e iluminación de los pisos, señala que, en principio, ha de ser calificado de elemento común en virtud de lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil, que expresamente le atribuye dicho carácter y si bien cabría conceptuar tal espacio del inmueble como de un anejo del piso bajo comercial en atención a constituir esta planta su única vía de acceso, menester sería para ello que el título contuviese la indispensable referencia sobre ese extremo, según previene el artículo 5 de la citada Ley, pues todo lo que pertenece a la entidad registral y no figura singularmente atribuido a cualesquiera pisos que forman la propiedad horizontal, se entenderá como integrado en los elementos comunes , solución que en definitiva es la que informa alguna decisión jurisprudencial.

La Dirección General de Registros, en una resolución de 19 de febrero de 1999, declaró ciertamente, la configuración de unos trasteros olvidados en la escritura inicial de la constitución de la propiedad horizontal, como anejos de elementos privativos , implica una modificación del título constitutivo – artículo 5 de la L.P.H.- que presupone el acuerdo unánime de todos los propietarios, pues, al no haber sido aquellos trasteros inicialmente incluidos entre los elementos privativos , tienen el carácter de elementos comunes del edificio….

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 24 de febrero de 1994, estimó que una buhardilla tenía el carácter de elemento común , señalando cualidad que sin duda tienen, al no haberse descrito como susceptibles de aprovechamiento independiente ni asignárseles cuota de participación en la comunidad, con lo que quedan especialmente adscritos al servicio de todos los propietarios singulares mientras no se produzca una desafectación, que aquí no concurre.

Por último decir, que cumpliendo una serie de requisitos, los elementos comunes («por destino«) se pueden convertir en elementos privativos.

FUENTE: mundojuridico.info

Obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio

La distinción entre obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio hará que se necesiten para su aprobación mayorías distintas en la Comunidad.

La consideración de que sean las obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio influye de manera determinante en la mayoría necesaria para la aprobación de las mismas por la Comunidad de propietarios y también sobre la obligación del pago de las correspondientes derramas por los vecinos.

Antes de nada hay que distinguir las OBRAS DE CONSERVACIÓN de las OBRAS DE MEJORA o suntuarias.

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

La Ley de Propiedad Horizontal (que regula las Comunidades de propietarios), establece respecto de las OBRAS DE CONSERVACIÓN lo siguiente:

Artículo 10.1 LPH establece que:

 «tendrán caracter obligatorio….. a) Los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridadhabitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.»

Aunque la Ley dice que las obras de conservación tienen caracter obligatorio y que cualquier propietario puede pedirlas estando obligados todos los integrantes de la comunidad a sufragarlas, lo normal es que estas obras de conservación sean aprobadas por la Junta de propietarios, en cuyo caso, se requerirá en segunda convocatoria la MAYORÍA DE LOS ASISTENTES, siempre que ésta represente, a su vez, más de la mitad del valor de las cuotas de los presentes.

Respecto de las OBRAS DE MEJORA o también denominadas suntuarias («no necesarias»)

El artículo 17.4 de la LPH dispone:

» Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características.

Obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio

No obstante, cuando por el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, se adopten válidamente acuerdos, para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunesel disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso de que no pueda privársele de la mejora o ventaja. Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la aplicación del correspondiente interés legal.»

Lo que viene a establecer este último precepto es que las OBRAS DE MEJORA deben ser aprobadas por 3/5 de propietarios y cuotas de participación; pero además, si uno de los propietarios ha votado en contra de la realización de las mismas y lo que tiene que pagar por derrama supera 3 mensualidades de los gastos comunes, no vendrá obligado al pago de dichas obras de mejora.

El problema, como veis es distinguir cuando estamos frente a unas obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio.

EJEMPLOS  de sentencias sobre obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio

–  Audiencia Provincial de Asturias (Sección 4ª), sentencia de 4.05.2016:

«La controversia planteada entre las partes, se centra en determinar si esas obras realizadas en la fachada son una obra necesaria, que conlleva una mejora en la eficiencia energética del edificio, en cuyo caso no sería de aplicaciónel art. 17.4 LPH, o por el contrario, como sostiene Dª Florencia estamos hablando de una mejora de la fachada y por ello no se le puede obligar a abonarla, pues ella voto en contra del acuerdo (es decir es disidente) y su cuantía excede del importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, art 17.4 LPH.

A la vista de todos estos datos, este tribunal entiende que se ha acreditado debidamente que no estamos ante una mera obra de mejora de la fachada. Sino que ha quedado suficientemente probado, que esta Comunidad de Propietarios, tenía desde hace tiempo problemas con desprendimiento de la fachada, con el riesgo que ello suponía para la integridad de las personas, y la económica de la propia comunidad por las reclamaciones que se podrían derivar de aquellas.

Problemas de seguridad, que conllevaron la creación de una comisión de obras, que durante al menos un años estudio las diversas posibilidades existente para soluciones esas deficiencias, decantándose por la fachada ventilada en base a varios criterios: a) era una solución definitiva a los desprendimiento, b) el alto coste inicial, se vería reducido por la subvención, que concedía y concedió el IDAE y el descuento que Esfer hacía de un 5 % en caso de pronto pago, e) era una obra debidamente garantizada, en cuanto a plazo de ejecución, sin sobrecostes y garantía de futuro y f) además de todo ello suponía una mejora en el consumo energético de la comunidad.»

–  Audiencia Provincial de Asturias, Gijón, (Sección 7ª), sentencia 17.07.2015:

«No obstante lo anterior y simplemente a mayor abundamiento, la pericial de la demandada, mucho más motivada y precisa que la de la parte demandante, hace deducir con claridad que la obra es necesaria y que acometer una reparación completa de las fachadas y no meramente puntual como se pretende en la demanda, contraviniendo además la voluntad de la junta con reiteración expresada, no solucionaría el problema derivado de la antigüedad del edificio y de la ausencia de aislamiento térmico que causa las humedades.

Es adecuada la cita que hace la parte en la contestación de la Ley 8/2013 para justificar la necesidad de la obra y prescindiendo de la eficiencia energética que la sentencia dice que se introdujo con posterioridad y extemporáneamente en el debate, ya que desde los deberes exigidos a la comunidad por el art 10 de la LPH modificado por dicha Ley, y concretamente en cumplimiento del deber dinámico de mantenimiento que pesa sobre aquella, ya recogido incluso en su anterior redacción por la jurisprudencia ( sentencia TS de 3 de enero de 2007 ) se halla el de acometer esta clase de obra, tendente a garantizar la habitabilidad del inmueble en el sentido que destaca el art 3-1 de la LOE , precepto que toma como referencia nuestra legislación para evaluar el deber de mantenimiento y conservación de los edificios a cargo de los propietarios en cuanto el artículo 3-1 LOE describe las condiciones básicas de la edificación ( art 9 del texto refundido de la Ley del Suelo ) y entre las de habitabilidad descritas destaca la obligación de garantizar la estanqueidad del edificio evitando humedades y filtraciones, de ahí que sentencias como la de la AP de Madrid de AP de Madrid de 26 de enero de 2012 condena, en aplicación del artículo 10 LPH , en un supuesto que guarda similitud con el de autos aunque el inmueble tenía menor antigüedad, a la comunidad de propietarios por incumplimiento de este deber legal a indemnizar los daños causados a una vivienda por filtraciones producidas debido a un inadecuado aislamiento de los muros de la edificación, al estar obligada la demandada, razona la sentencia, a ejecutar las reparaciones que garanticen la debida estanqueidad del edificio.»

CONCLUSION:

La determinación mediante las correspondientes periciales respecto a si son obras de conservación o de mejora de la fachada del edificio será importante a la hora de distinguir cuando estamos en una clase u otra de obras.

FUENTE: mundojuridico.info/

Plusvalía municipal: ¿qué pasa si el impuesto es mayor que la ganancia?

15 de Noviembre de 2019

Cuando un individuo o empresa efectúa la transmisión de una propiedad de un inmueble o de la constitución o transmisión de derechos reales sobre una vivienda se debe pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que normalmente se conoce como plusvalía. “En el caso de venta de una propiedad el que deberá efectuar el pago es el individuo, empresa o entidad que vende, por el aumento que ha tenido la propiedad mientras este ha sido propietario”, explica Fernando Sanahuja, del despacho de abogados Sanahuja Miranda.

  • El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana lo debe pagar la persona o empresa que vende una propiedad en un plazo de 30 días posterior a la venta de la propiedad.
  • En la actualidad, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo logran resolver sobre la correcta configuración de la base imponible.

SANAHUJA MIRANDA

La plusvalía se debe pagar en un plazo de 30 días posterior a la operación de venta de la vivienda. Si el propietario es extranjero, el que debe pagar el impuesto es el adquiriente que reside en España, y en los casos de herencia o donación, el heredado o el que recibe la vivienda es quien debe hacerse cargo del importe. Frente a esta situación, el heredado dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la fecha de defunción, prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los primeros seis meses.
 
¿Qué pasa si el beneficio es menor que el valor del impuesto?
 
El impuesto de plusvalía municipal se debe pagar en cualquier circunstancia. No es relevante si el beneficio que recibe el que vende la propiedad es menor que el impuesto que debe pagar. Si se acredita que el inmueble no ha aumentado su valor desde que se adquirió, la exigencia de este impuesto sería inconstitucional. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo consideran que en estas situaciones no se ha realizado el hecho imponible del impuesto, por eso no puede exigirse.
 
Fernando Sanahuja, abogado del despacho Sanahuja Miranda, afirma que «en los casos en los que se ha producido un incremento en el valor del terreno, aunque sea insignificante, ya no se podrá alegar la ausencia de capacidad económica porque por más que sea pequeña, existe. Tampoco es posible alegar la inexistencia de hecho imponible, porque éste se comprende realizado tanto y en cuanto exista un incremento en el valor del terreno, independientemente de que sea mayor o menor«.
 
En estas ocasiones es cuando suele producirse una situación un tanto injusta porque el impuesto a pagar supera el beneficio obtenido en la trasmisión, y en caso de no superarlo, prácticamente lo confisca ya que el margen de ganancia es mínimo. Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo aún logran resolver esta situación porque además, el sistema tributario en ninguna situación tendrá intenciones ni carácter confiscatorio si se le presenta una situación de este calibre.

FUENTE: legaltoday.com/