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La justicia multa a un banco por temeridad al obligar a sus clientes a pleitear sabiendo que tenían razón

La Audiencia de Salamanca (S. de 10 Febrero 2020, Rec. 880/2019 (cuyo texto puede consultar aquí) ha impuesto una multa por temeridad a la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) por desatender la reclamación extrajudicial de unos clientes para recuperar el dinero que la entidad les había cobrado indebidamente cuando suscribieron una hipoteca y por obligarles a acudir al Juzgado desoyendo con este comportamiento la doctrina del Tribunal Supremo, establecida apenas un mes antes, que amparaba a los consumidores.

La sentencia confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia 9 de Salamanca, que estimó la demanda de los clientes y declaró la nulidad parcial de la cláusula quinta de la escritura de préstamo hipotecario que suscribieron en 2005 para la compra de una vivienda de protección oficial.

Además, el Juzgado condenó a UCI al pago de la mitad de los aranceles notariales de la escritura de préstamo y constitución de hipoteca, de todos los derivados de la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad y de la mitad de los honorarios de gestoría, que llevó a cabo la liquidación del impuesto y presentación de la escritura en dicho Registro.

Mala fe

En su sentencia, Instancia 9 condenó también a la entidad a pagar las costas del procedimiento por actuar con “mala fe” al haber desoído la reclamación extrajudicial que presentaron los clientes y forzarles a iniciar un procedimiento judicial, arguyendo que la jurisprudencia del Supremo, que ya se había pronunciado sobre la materia y había establecido los gastos que corresponde pagar al prestador y al prestatario, no era de aplicación al caso porque el banco no había sido parte.

Cuando el caso llegó al Juzgado, UCI se allanó ante las pretensiones de los clientes, es decir, la entidad financiera reconoció que tenían razón, que la cláusula de gastos era nula y debían devolver el dinero cobrado indebidamente.

El Juzgado de Instancia 9 consideró que el banco había mostrado “un comportamiento procesal no ajustado a Derecho al no haber atendido el requerimiento previo realizado por los demandantes con anterioridad a la presentación de la demanda para que se dejase de aplicar la cláusula de gastos y que por la entidad bancaria se hizo caso omiso a tal requerimiento lo que ha obligado a su cliente a poner en marcha un proceso judicial para hacer valer un derecho sin que justifique el posterior allanamiento”.

Litigio caprichoso

Pese a que ya UCI fue condenado a pagar las costas por “mala fe y comportamiento fraudulento”, siguió pleiteando, motivo por el que ahora la Audiencia Provincial, en una decisión extraordinaria, le impone una multa por el perjuicio ocasionado a sus clientes y a la Administración de Justicia. La cuantía de la sanción está por determinar.

Los magistrados subrayan que “advertida por la juez de instancia la entidad financiera de su mala fe, de su actitud infundada, indebida o incluso fraudulenta, que había forzado a un litigio caprichoso, puesto que había existido una reclamación previa que no había sido atendida, no es en modo alguno admisible que se interponga un recurso de apelación alegando la indebida condena en costas”.

La Sala acuerda abrir una pieza separada en el procedimiento para sancionar a UCI por alargar el pleito con el recurso ante la Audiencia para que los clientes pagaran la mitad de las costas del juicio pese a que la jueza de instancia ya había reprochado a la entidad demandada su “mala fe” por no devolverles el dinero cuando en febrero de 2019 se lo reclamaron por vía extrajudicial y forzarles a acudir a los tribunales “a sabiendas de su falta de razón, con conocimiento de lo que podría suceder de llegar la cuestión a los tribunales y, en consecuencia, de la absoluta probabilidad, sino certeza, de que sus pretensiones en juicio serían rechazadas”.

La entidad demandada, mantuvo entonces la jueza en su sentencia, sabía que sus clientes tenían razón pero no hizo nada por “corregir las litigiosidades caprichosas, totalmente infundadas, indebidas o incluso fraudulentas”.

Información falseada

Pese a la reprimenda de la jueza de Instancia, el banco recurrió ante la Audiencia Provincial. UCI entendía que no debía asumir en solitario las costas del pleito de Primera Instancia; que cada parte debía pagar a su abogado y procurador, y que los gastos comunes los tenían que pagar a medias; y solicitaba, además, que las costas del recurso ante la Audiencia las pagaran los clientes íntegramente.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón González Clavijo, señala que los servicios jurídicos de la entidad financiera, cuando respondieron en marzo a la reclamación extrajudicial del cliente rechazando su petición, “conocían suficientemente” la doctrina del Tribunal Supremo “con absoluta independencia de que en la reclamación se planteasen otras cuestiones, de forma que, discutiendo, o no aceptando las pretensiones de los clientes respecto de ellas, la entidad tuvo la posibilidad de reconocer a sus clientes la nulidad de la cláusula de gastos y comprometerse al reintegro de las cantidades correspondientes en la forma establecida por el Tribunal Supremo, que es exactamente la que se solicita en demanda”.

Añade, además, que “la entidad financiera, al responder a la reclamación previa, no sólo prescinde de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo días antes, sino que además falsea la información” al afirmar que las sentencias resueltas por el Tribunal Supremo en el Pleno del 23 de enero de 2019 en el que declaró la abusividad de la cláusula de gastos hipotecarios afectaban a otras entidades bancarias, cuando lo cierto es que “en la identificada con el número 48/2019 la parte recurrida es Unión de Créditos Inmobiliarios SA, y por lo tanto afectada directamente por la sentencia”.

Pese a estos antecedentes, en la respuesta extrajudicial a los clientes, la entidad financiera les dijo que “el Tribunal Supremo no obliga a la entidad a devolver a los prestatarios los gastos de la operación”, afirmación que para los magistrados de la Audiencia es una “interesada interpretación” que “pone de relieve la mala fe en la respuesta dada a los consumidores”.

FUENTE: noticias.juridicas.com/

La banca se juega en el Supremo los intereses de 14.000 millones en crédito de tarjetas

El alto tribunal dirá si los intereses, que rondan el 20%, son usureros; el caso abordado es el de WiZink pero afectará a todo el sector

Tarjetas de crédito y revolving
Belén Trincado / Cinco Días

Los altos directivos de la banca española vuelven a vivir estos días pendientes del calendario judicial. Como ya ocurriera con asuntos como las cláusulas suelo, el reparto de gastos hipotecarios o los créditos multidivisa, el sector se encuentra expectante ahora ante dos nuevos fallos. De un lado, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el polémico índice hipotecario IRPH, previsto para comienzos de marzo. Y, antes de eso, de la resolución que el Tribunal Supremo emita, previsiblemente, este miércoles sobre el posible carácter usurero de los tipos de interés aplicados a los préstamos ligados a tarjetas. El sector patrio se juega la rentabilidad de unos 14.000 millones en créditos.

En concreto, el volumen total de nuevos préstamos al consumo concedidos a través de tarjetas ascendía a cierre de 2019 a 13.620 millones de euros, según los datos recopilados por el Banco de España. Se trata de una cifra récord, la más alta registrada en la serie histórica que maneja el supervisor financiero, que arranca en 2010.

El tipo de interés medio de los nuevos préstamos de este tipo que se conceden se situaba el pasado diciembre en el 19,67%. Aunque se trata de un umbral comparativamente bajo con el máximo alcanzado en julio de 2015, del 21,25%, hay que tener en cuenta que si la banca ha rebajado ligeramente su coste desde entonces ha sido a costa de ganar volumen con unas operaciones altamente rentables que permiten a las entidades compensar la pérdida de margen de otros negocios tradicionales.

Más allá, el dato supone una media, lo que indica que hay créditos ligados a tarjetas a tipos muy superiores. Así ocurre especialmente con los préstamos de las denominadas tarjetas revolving, que permiten al cliente elegir las cuotas a devolver mensualmente con el riesgo de que su elevado coste termine por convertir la deuda en perpetua, como alertó hace unos meses a los consumidores el Banco de España. En la práctica, son líneas de crédito: la amortización implica instantáneamente la liberación de más crédito para el cliente.

Este producto “esconde tipos de interés altísimos, por u lado, y la práctica imposibilidad de amortizar capital si se elige una cuota baja”, explican desde Agencia Negociadora, donde apuntan a un tipo de interés medio del 25% en las tarjetas revolving y a un creciente peso dentro del sector de crédito de tarjetas. También se conceden intereses a plazo, en los que la deuda tiene una vigencia concreta. Eso sí, a tipos estratosféricos.

El fallo del Supremo se centrará en los intereses de los préstamos con tarjeta. En concreto, aborda un crédito de WiZink al 27%, si bien su dictamen afectará a todas las entidades financieras y al conjunto del crédito ligado a estos plásticos.

El banco propiedad de Värde, que gestiona unos 3.400 millones de créditos de tarjetas, es el principal afectado, puesto que es su gran línea de negocio. Sus problemas arrancaron en 2015, cuando el propio Supremo obligó en una sentencia a anular una línea de crédito al 24,6%, por ser “más del doble del interés medio de los créditos”. Esto ha dado poder a los clientes, que están ganando mayoritariamente los juicios en primera instancia. Más del 90% de las resoluciones son a su favor, también en segunda instancia.

Ahora, WiZink ha tomado la iniciativa y presentó un recurso ante el alto tribunal, que acordó dar tratamiento preferente a este recurso. La entidad financiera quiere resolver de una vez y para siempre esta cuestión, que afecta directamente a su modelo de negocio y que ha implicado que desde 2018 y hasta junio del año pasado haya recibido más de 2.500 reclamaciones. En ese periodo ha provisionado unos 25 millones de euros.

“Los despachos de abogados especializados en casos masivos han lanzado campañas publicitarias para atraer a posibles reclamantes”, avisa WiZink en una presentación para sus bonistas. Los reclamantes invocan la ley usura de 1908. En esencia, esta norma se resume en que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino”. Desde los bancos, aduce que debe tomarse como referencia la estadística de créditos a través de tarjetas de crédito que publica el Banco de España.

Todos los bancos

Es una línea de negocio que afecta a todos los bancos españoles. Por ejemplo, la exposición de los dos grandes bancos es muy significativa. El volumen de crédito en tarjetas de Santander era a cierre del año pasado de 23.876 millones; el de BBVA, de 14.892. Cierto que estas cuantías no son solo en España, sino de todos los países en los que operan, de ahí que la cifra recopilada por el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos sea inferior. Fuentes del sector financiero señalan que las tarjetas de crédito con pago aplazado son un mercado en sí mismo, diferenciado de otros por su flexibilidad, y sus intereses responden al riesgo del producto. Es un mercado regulado con más de 40 años de presencia en España y en la UE, donde este producto está totalmente reconocido. Añaden que las sentencias contrarias a los bancos en España han creado una situación excepcional e inédita en el marco de la UE que, en caso de que no se corrigiera, podría privar al consumidor español de un producto del que disponen todos los demás ciudadanos de del resto de las economías occidentales.

“Con las tarjetas revolving se ha producido un notable incremento de litigiosidad y, también, del debate jurídico”, expone la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, en un reciente artículo de la Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios.

“Con independencia de si el tipo de interés aplicado puede ser considerado usurero o no, la forma de liquidación del préstamo revolving es compleja, difícil de entender para un consumidor medio”, alerta Suárez, que pone en duda que puedan ser comercializados de forma generalizada.

ECONOMÍA ULTIMA MEDIDAS PARA EVITAR LA “DEUDA PERPETUA”

El proyecto. El Ministerio de Economía lanzó a consulta una orden ministerial en octubre que ahora está en proceso de aprobación para limitar los créditos de las tarjetas revolving. Así, acotó el endeudamiento que puede asumir el cliente, de manera que su deuda financiera total –todos los créditos firmados en cualquier forma ya sea una hipoteca, un crédito para comprar el coche y el propio préstamo revolving– no puede superar el 40% de sus ingresos netos anuales. Economía considera que la cuantía anual que deberá amortizarse en los créditos revolving ha de ser el 25% del límite del crédito disponible. Además la banca estará obligada a analizar la solvencia del cliente para saber si le puede o no conceder un producto de este tipo.

El ejemplo luso. En el país vecino, el Banco de Portugal impone límites trimestrales a los tipos de interés de los distintos créditos desde 2009, gracias un ley que aborda este problema. Los clasifica al milímetro. Así, para el actual trimestre, ha determinado que los intereses máximos de las tarjetas de crédito se sitúan en el 15,7%. Este es el nivel más alto permitido, pero también limita el precio de los créditos personales para educación, energías renovables o equipamiento al 6,3%; otros créditos al consumo suben al 13,1%, mientras que los destinados a la compra de coche oscilan entre el 4,3% y el 12,2%. Existe la posibilidad de que en España se establezcan también límite.

FUENTE: cincodias.elpais.com

Responsabilidad individual del administrador por desaparición de la sociedad

Se declara la responsabilidad individual del administrador por desaparición de la sociedad mercantil y no haber procedido a su liquidación por via legal.

Vamos a examinar el supuesto de la declaración de responsabilidad individual del administrador por desaparición de la sociedad del tráfico mercantil sin haber procedido a la liquidación de la misma por los cauces legales establecidos en la Ley.

La acción «individual» de responsabilidad también es denominada «acción individual por DAÑO«.

Este supuesto de responsabilidad suele darse con relativa frecuencia como vemos por medio del siguiente EJEMPLO:

Responsabilidad individual del administrador por desaparición de la sociedad

Una sociedad en un momento determinado, principalmente porque lleva arrastrando pérdidas durante cierto tiempo, deja de funcionar y de cumplir con sus obligaciones tanto contables como las que tiene asumidas frente a sus acreedores, sin que se proceda por el administrador o administradores de la mercantil a su liquidación por vía legal. Es lo que se conoce como «dejar morir la empresa» por el transcurso del tiempo.

Hemos de indicar, que si la sociedad no procede a su liquidación por via legal, el administrador de la misma puede incurrir en responsabilidad individual frente a los acreedores, o lo que viene a ser igual, a que será responsable con su patrimonio de las deudas que haya contraido la sociedad frente a terceros.

La jurisprudencia ha señalado que constituye un comportamiento negligente de los administradores el limitarse a eliminar a la sociedad de la vida comercial o industrial sin liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas legalmente.

Como recogen algunas sentencias del Tribunal Supremo, :

» Tal conducta incurre en una vía de hecho, al realizarse al margen de los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, lo que sólo se garantiza bien mediante un procedimiento liquidatorio o bien acudiendo al proceso concursal. Basta con demostrar el daño sufrido por la parte acreedora demandante, inherente al hecho de cercenársele la posibilidad de cobrar su crédito, y el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora, para que pueda concluirse, siquiera de forma presuntiva, la existencia de nexo causal entre uno y otro».

Los preceptos que debemos tener en cuenta en el supuesto de responsabilidad individual del administrador por desaparición de la sociedad son:

Artículo 225 Ley Sociedades de Capital» 1. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.»

Artículo 236.1 Ley Sociedades de Capital» Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.  La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.»

Artículo 241 Ley Sociedades de Capital» Acción individual de responsabilidad : Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos

Artículo 241 bis Ley Sociedades de Capital«Prescripción de las acciones de responsabilidad: La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.»

OBSERVACIÓN:

Existe otra acción distinta a la «individual» que pueden emprender los socios contra los administradores sociales cuando se ha dañado el patrimonio social, hablamos de la «ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD«.

También se puede ejercer contra los administradores sociales la ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA prevista en el artículo 367 de la LSC, también denominada «Acción de responsabilidad por DEUDAS«, por la que los administradores responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (art. 363 LSC) si no convocan en el plazo de 2 meses a la Junta general para tomar alguna determinación al respecto.

Responsabilidad individual del administrador por desaparición de la sociedad. SENTENCIAS:

–  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 3ª) de 23.07.2014:

» El daño, no ofrece duda que existe y se integra por la deuda impagada, y la actora no ha podido hacer efectivo el cobro de la deuda, omitiendo los Administradores demandados una ordenada concurrencia de los acreedores al encontrase la sociedad en una situación de insolvencia susceptible de producir daño a terceros; y mas, teniendo esta responsabilidad una base indemnizatoria.  Se mantiene una situación de hecho, la prosecución del endeudamiento, dejando al margen los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible, y siempre de un modo ordenado, mediante el correspondiente procedimiento liquidatorio o concursal, lo que los demandados no han hecho, mientras fueron administradores sociales, en perjuicio de la actora.  La diligencia de un ordenado empresario, que establece el art. 225 LSC, implica que los Administradores sociales cumplan sus obligaciones diligentemente, con un deber normativo de profesionalidad en beneficio de la sociedad, lo cual supone cumplir con las obligaciones sociales contraídas contractualmente; y no hacerlo así, se incurre en la responsabilidad del art. 236 LSC

–  Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 9.05.2014:

» Lo que no se puede cuestionar es que la desaparición de facto del negocio sin sujeción al procedimiento legal, que es un comportamiento precisamente imputable, por vía de omisión, al administrador de la entidad  XXXXX SL, perjudica al acreedor de ésta, tanto a la parte demandante como a cualquier otro que estuviese pendiente de percibir pagos, pues con el abandono de hecho de la entidad se les ha desprovisto de cualquier posibilidad de cobrar, al menos en alguna proporción, su correspondiente crédito. Por lo que debe tutelarse el derecho del acreedor perjudicado a exigir responsabilidad al administrador por haber actuado de ese modo. Una vez demostrado por la acreedora demandante que tenía un crédito a su favor y que se había producido el cierre de facto de la entidad que era su deudora (constatado en este caso mediante la desaparición del domicilio social y simplemente complementado, como dato adicional que también apunta a un desentendimiento por parte del gestor de la diligente llevanza de la entidad, con el hecho de que ni tan siquiera se estaba cumpliendo con la obligación de depositar las cuentas en el Registro Mercantil), incumbía al administrador de la sociedad deudora no sólo haber alegado sino también demostrado, entre otras razones porque dispondría de más facilidad para ello ( artículo 217.7 de la LEC ), que la situación no era tal o que la parte actora tenía a su disposición activos sociales con los que poder hacer efectivo el cobro de su derecho.  Por lo que la imputación de responsabilidad en su contra merece ser respaldada por este tribunal.»

– Audiencia Provincial de Navarra (Sección 3ª) de 13.02.2013:

» Y la conducta de un administrador societario que hace desaparecer del tráfico a la mercantil que gestiona, volatilizando sus activos sin someterse a ningún procedimiento reglado de liquidación concursal o extraconcursal, es un claro caso de negligencia grave que lesiona los intereses de los acreedores, que tienen derecho a que sus créditos sean atendidos en la medida de lo posible y en cualquier caso de modo ordenado, bastando con demostrar además el daño sufrido por el acreedor que insta la acción individual de responsabilidad, consistente en la imposibilidad de cobrar su crédito, más el cierre de facto del establecimiento en el que radicaba la empresa deudora para que el nexo causal entre uno y otro se presuma, salvo prueba en contra del administrador demandado.»

mundojuridico.info

Requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita

La Ley exige cumplir una serie de requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita según se trate de personas físicas o jurídicas.

Vamos a exponer los requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita distinguiendo según sea el solicitante una persona física o jurídica para este año 2020.

Recordar que el derecho de asistencia jurídica gratuita se encuentra regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, si bien ha sufrido distintas modificaciones, la última de ellas en octubre de 2015.

Asimismo, el órgano responsable para el reconocimiento de la justicia gratuita es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en su correspondiente ámbito territorial.

Los beneficios que lleva la concesión del derecho de justicia gratuita puedes VERLOS AQUÍ.

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA GRATUITA .-

A)  REQUISITOS BÁSICOS. PERSONAS FÍSICAS:

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

DOS VECES el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2020) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

DOS VECES y MEDIA el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2020) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

El TRIPLE del IPREM 2020 en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Si quieres ver con ejemplos los ingresos en 2018 y en 2019 (SON IDÉNTICOS) para que te concedan un abogado de oficio PINCHA AQUÍ.

Por UNIDAD FAMILIAR a estos efectos se entiende: lo que como tal concepto venga establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.

Los medios económicos serán evaluados individualmente cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia jurídica gratuita (EJEMPLO: en caso de divorcio entre los  cónyuges).

Requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley.

Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

B)  REQUISITOS BÁSICOS. PERSONAS JURÍDICAS:

Solo se podrá reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones de utilidad pública y a las fundaciones, siempre y cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

No cabe por tanto el reconocimiento de este derecho a empresas como sociedades limitadas, anónimas, etc.

Cuando las asociaciones o fundaciones carezcan de patrimonio que no supere el siguiente umbral podrá reconocérsele el derecho:

Cuando el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM 2020).

C)  SUPUESTOS EXCEPCIONALES

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstosno excedan del quíntuplo del IPREM, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente:

A) En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasa judiciales y otros costes derivados de la iniciación del procedimiento, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial.

B) Atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.

FUENTE: mundojuridico.info

Deudor solidario que paga la parte de otros codeudores

El deudor solidario que paga la parte de otros codeudores podrá reclamar la parte que a cada uno le corresponda de esa deuda.

Vamos a analizar una cuestión que con bastante frecuencia suele darse en el día a día y que todavía plantea dudas sobre la viabilidad de que un deudor solidario que paga la parte de otros codeudores pueda reclamarle a estos dicha parte.

EJEMPLOS:

Deudor solidario que paga la parte de otros codeudores

1) Una pareja son deudores solidarios de un Banco por haber suscrito en su día un préstamo hipotecario. Una de los dos no abona su parte de la hipoteca que le corresponde y el otro se ve obligado a pagar la totalidad para que el Banco no lo demande.

2) Varias personas han firmado con un Banco una préstamo personal. Uno de ellos se niega o no puede hacer frente al pago de la parte del recibo mensual del préstamo. El resto se ve obligado a pagar su parte.

La pregunta sería:

¿Puede el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores reclamar lo que aquellos no han pagado?

Hay sobre todo dos preceptos importantes que debemos conocer en esta materia:

–  Artículo 393 Código Civil» El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas.»

–  Artículo 1.145 Código Civil: » El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.»

Por consiguiente y enlazando ambos artículos, la RESPUESTA a la pregunta formulada es que, el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores está legitimado o facultado para entablar una reclamación contra el resto de deudores solidarios que no abonaron la parte que a cada uno le correspondía en la deuda.

En suma, como recoge la doctrina del Tribunal supremo, el deudor solidario que paga o cumple en su totalidad con el acreedor extingue el vínculo obligatorio, adquiriendo por ministerio de la ley un derecho a repetir en la esfera interna exclusivamente contra el conjunto de obligados unidos por vínculos de solidaridad su parte correspondiente. Siendo dicho crédito ajeno por completo al que ostentaba el acreedor primigenio y desprovisto además de las garantías que tenía el crédito extinguido.

Plazo de prescripción de la acción de reembolso

La acción de reembolso que tiene el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores para reclamarles el importe correspondiente tiene el plazo de prescripción previsto en el artículo 1964.2 del Código Civil de CINCO AÑOS contados desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.

SENTENCIAS

–  AP Valencia, sentencia de 30.12.2014:

» las cuotas pagadas por el demandante extinta la relación de pareja de hecho, generan en aquél un crédito frente a la comunidad, en base al art. 393 Código Civil y frente a la demandada, por haber suscrito conjuntamente el préstamo, con derecho de cobro de la mitad del importe de aquella (art. 1145 Código Civil)».

–  AP Barcelona, sentencia 27.11.2012:

» El art. 1145 Código Civil otorga al codeudor solidario que paga al acreedor acción para reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno corresponda».

–  AP Baleares, sentencia 3.03.2014:

» Al hallarse gravado el piso con una hipoteca constituida en garantía de un préstamo del que ambos prestatarios son dedudores solidarios, el que paga puede reclamar del codeudor la parte que le corresponda (art. 1145 Código Civil), tal como hace la actora reconviniente».

– AP Baleares, sentencia 31.01.2014:

» En consecuencia, en su caso, el que sería de aplicación sería el artículo 1145 del Código Civil. En virtud del derecho de repetición previsto en el segundo párrafo de dicho precepto, el deudor solidario que ha pagado al acreedor «puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de éstos corresponda, con los intereses del anticipo», presumiéndose que la obligación solidaria en la relación interna entre deudores se divide a tal efecto en partes iguales, en aplicación del art. 1138 del Código Civil  ( SS TS 29 diciembre 1987, 17 diciembre 1992, 22 julio 1994, 4 enero 1999, 16 julio 2001, 11 marzo 2002, 4 mayo 2006 y 26 junio 2009). Este derecho de crédito nacido «ex novo» como consecuencia de dicho pago se basa en la necesidad de evitar un enriquecimiento injusto a los codeudores que no hicieron frente al cumplimiento de su obligación».

FUENTE: mundojuridico.info