Archivo de la categoría: Fiscal

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva de las liquidaciones tributarias

Una sentencia establece que solo los organismos inspectores pueden determinar el cumplimiento o no de la normativa tributaria de los particulares, no los órganos de gestión de Hacienda

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva

El Tribunal Supremo ha establecido que únicamente los órganos de inspección son competentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias y la aplicación de regímenes especiales. La decisión del alto tribunal ha desatado una nueva vía para la reclamación y los despachos profesionales ven en ello campos de actividad cerrados hasta ahora. Los órganos de Gestión Tributaria, de manera habitual, regularizan la situación tributaria de contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación. Para el bufete CIM Tax & Legal, «la única vía que tiene la Administración a priori para evitar perder por una cuestión formal el dinero ya ingresado pasaría por instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de todas estas liquidaciones». 

La sentencia núm. 418/2021 de 23 de marzo estableció que únicamente los órganos de inspección son competentes para ejercer las funciones administrativas para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. Tras este argumento técnico se abren expectativas. En la práctica, esta decisión puede suponer «una apertura de puertas de par en par a los contribuyentes para impugnar liquidaciones tributarias ya firmes por una cuestión meramente formal», según Roger Mestres, abogado y Tax Manager en CIM Tax & Legal. La razón principal es que los órganos de Gestión Tributaria habitualmente comprueban y, en su caso, regularizan, la situación tributaria de contribuyentes con regímenes especiales de tributación. Estos ahora pueden impugnar dichas liquidaciones, logrando que sean declaradas nulas de pleno derecho por haber sido dictadas en el seno de un procedimiento que no era de inspección, es decir, por una cuestión meramente formal.

De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia, Mestres opina que las reclamaciones tendrían el éxito “casi garantizado pese a que la liquidación dictada fuese correcta en el sentido material». La idea es que aunque la nulidad se dé por una cuestión meramente formal, en ocasiones la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez correcto, de inspección para dictar la liquidación. La razón es que el plazo de preinscripción de la actuación de la Administración, de cuatro años, no se habría visto interrumpido por el anterior procedimiento cuya nulidad de pleno derecho se declara.

«Esta situación ya está siendo estudiada por abogados y asesores fiscales, quienes, velando por los intereses de sus clientes, aconsejarán impugnar todas las liquidaciones dictadas por la Administración en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria», opina el abogado, quien asegura que se impugnarán todas las liquidaciones «que se puedan aprovechar de la prescripción correspondiente».

El experto considera que la Administración queda en una posición muy complicada para evitar perder la recaudación obtenida mediante dichas liquidaciones por una cuestión formal. “La única posibilidad es instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas liquidaciones que se hubiesen dictado vulnerando la doctrina ya mencionada e iniciar un nuevo procedimiento, esta vez, de inspección”, opina el abogado. “No parece que la Administración disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicha obra sin perjudicar la obtención de nuevos ingresos derivados de sus facultades de comprobación e inspección”, añade el experto.

FUENTE: elperiodico.com/

Hacienda ya no podrá cobrar el 21% de IVA cuando reclame a los autónomos.

Agencia Tributaria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, cuando Hacienda detecte ingresos sin declarar por parte de un negocio, se entenderá que el IVA ya viene incluido en la operación y, por tanto, no podrá reclamar este impuesto. Aunque en vía administrativa se venía haciendo, en vía penal se estaba sumando el IVA.
DANIEL GHAMLOUCHE  00:05 06/07/21

Mazazo de Europa al Fisco español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanjó el pasado 1 de julio una de las cuestiones más controvertidas respecto al IVA: cuando Hacienda detecta que un negocio ha ocultado una operación a la Administración ¿se debería entender que el impuesto ya está incluido en dicha operación, o no?

Hasta hace poco, la Administración consideraba en muchas ocasiones que, en los ingresos no declarados que los inspectores detectaban y por los que no se había emitido factura, el IVA se tenía que sumar aparte y, por lo tanto, la base imponible sobre la que se regularizaban los impuestos subía hasta un 21% más.

Es decir, si el Fisco cazaba a un autónomo cobrando ‘bajo mano’ 1.000 euros, se podía entender que esos 1.000 euros eran tan sólo la base imponible -sin impuestos-, y por lo tanto, el 21% de IVA se aplicaría sobre esos 1.000 euros, dando como resultado 210 euros a ingresar en concepto de IVA -más las sanciones y otros impuestos que hubiera que liquidar-.

No obstante, a partir de ahora, Hacienda tendrá que descontar el IVA de los ingresos en B que la inspección detecte, a la hora de calcular  el importe del fraude en este impuestoy también en IRPF o Sociedades. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que, al determinar la base imponible de una operación ocultada por sujetos pasivos del IVA se debe considerar que las cantidades entregadas y recibidas sin presentar a Hacienda «ya incluyen dicho impuesto». 

Hacienda deberá restar el IVA de los ingresos que detecte sin declarar

O dicho de otro modo, «en una operación de 1.000 euros detectada, que no se haya declarado y en la que no se haya emitido factura, se deberá restar el IVA para determinar la base imponible sobre la que se deberán ingresar los impuestos, y calcular así la sanción y los tributos a pagar. Así,  siguiendo ese mismo ejemplo, el IVA a ingresar en este caso ya no sería de 210 euros, sino de 173,5 euros, que sería el 21% de 826,4 euros, y que daría como resultado total los 1.000 euros detectados por la inspección», explicó el director de Spanish VAT Services Asociados y experto en el tratamiento del IVA a nivel intracomunitario, Fernando Matesanz

La sentencia viene a raíz de la petición de decisión prejudicial que elevó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia al Tribunal Europeo en relación con las liquidaciones y sanciones impuestas a una empresa dedicada a la organización de fiestas patronales en Galicia en el marco de una regularización fiscal del IRPF adeudado por el período comprendido entre los años 2010 y 2012. A este contribuyente se le detectaron tres sumas sin declarar ni pagar impuestos por IRPF e IVA: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros en 2012. La cuestión a decidir en este caso era si se debía entender que los tres ingresos abonados en negro a esta empresa ya incluían IVA o no . 

Finalmente, y según Europa, se debe entender que el IVA ya está incluido en la operación en B ya que, de lo contrario, se estaría obligando a pagar el impuesto al empresario, que es sólo un mero transmisor de este impuesto. «Cualquier otra interpretación sería contraria al principio de neutralidad del IVA y haría recaer una parte de la carga de dicho impuesto sobre un sujeto pasivo, siendo así que el IVA sólo debe ser soportado por el consumidor final», explica el TJUE.

De este modo, aclara el Tribunal Europeo, «debe interpretarse que cuando, incurriendo en un comportamiento fraudulento, unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada de las cantidades entregadas debe considerarse un precio que incluye el IVA«.

La Agencia Tributaria ya aplicaba este criterio en los procedimientos administrativos

Aún con todo, lo cierto es que este criterio cambiaría solamente la actuación del Fisco en aquellas infracciones fiscales que se consideren delito penal -por superar la suma de 120.000 euros defraudados y que, además, exista voluntad de defraudar-, ya que en los procedimientos administrativos «esto ya se aplicaba. Hace como un año y medio que en todas las cuestiones contencioso-administrativas, el IVA se entendía incluido en la cantidad defraudada, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo», explicaron fuentes de la Administración a este diario.

Es por ello que, a nivel práctico, «esta sentencia europea no va a cambiar nada en la mayoría de sanciones y regularizaciones que hace el Fisco a los autónomos, por que la mayoría van por vía administrativa, y en esta vía lleva tiempo aplicándose este criterio. En lo penal, sin embargo, hasta la fecha, el IVA no se entendía incluido y puede cambiar mucho el resultado«, añadieron estas mismas fuentes.

Tanto es así que, en el caso de esta empresa gallega, si finalmente el Tribunal Europeo no hubiera decidido entender como incluido el IVA en estas sumas, la base imponible sobre la que calcular los impuestos sería el total de las sumas ocultadas: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros. Es decir, el empresario tendría que haber pagado sólo en concepto de IVA: 13.526 euros, 14.188 euros y 12.744 euros, respectivamente.  

Afectará al IVA, pero también al IRPF o Sociedades

Una diferencia grande, teniendo en cuenta que ahora, entendiéndose como incluido el impuesto: en la primera suma de 64.414 euros, la base imponible sería de 53.234 euros y el IVA a pagar sería 11.179 euros; en la segunda, la base sería 55.833 y los impuestos a pagar 11.726; y en la tercera la base imponible sería 50.158 euros y el IVA sería de 10.533 euros.

Es decir, la diferencia en estas tres operaciones, sólo teniendo en cuenta el IVA, ya superaría los 6.000 euros. «Pero esto también afecta al IRPF, ya que esas bases imponibles más bajas serán las que se tengan en cuenta para aplicar las retenciones que le correspondan al empresario, y en algunos casos, la sanción también se calculará sobre esa base , por lo que la multa también será inferior», explicó

Sanciones por no declarar ingresos

Aún con todo, el Tribunal de Justicia matiza en la sentencia que el respeto a este principio de neutralidad del IVA no se opone en ningún caso a que los Estados miembros adopten sanciones para luchar contra el fraude fiscal. Ya que, a su juicio, un fraude como éste debe castigarse mediante sanciones, y no a la hora de determinar la base imponible del impuesto a regularizar. 

De hecho, la Ley General Tributaria ya entiende como grave la ocultación de ingresos al Fisco y recoge varias sanciones en su artículo 201. Concretamente, por no cumplir con las normas de facturación, el autónomo se enfrentará a un multa pecuniaria proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

Y si directamente no hubiera factura, o no se hubiera conservado, la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 2% el importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no se conozca el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será directamente de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya expedido o conservado la correspondiente factura o tique.

FUENTE: autonomosyemprendedor.es

Los principales motivos por los que la Seguridad Social deniega las pensiones

Las solicitudes se han disparado durante el último año a causa de la pandemia y en torno al 8% de ellas han sido rechazadas

Los principales motivos por los que la Seguridad Social deniega las pensiones
IDEAL

IDEALGRANADA Lunes, 3 mayo 2021, 10:01

El número de solicitudes de pensión se ha incrementado a lo largo del último año. La pandemia habría llevado a miles de autónomos a despedirse de sus negocios y plantearse la jubilación. No obstante, en torno al 8% de las peticiones de trabajadores independientes habrían sido denegadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Existen, principalmente, tres motivos por los que las solicitudes son declinadas.

Entre los requisitos que tienen que cumplir los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que deseen acceder a esta pensión está que deben haber cumplido los 65 años si han acumulado, al menos, 37 años y 3 meses de cotización. De no ser así, la edad mínima para poder disfrutar de esta prestación. La Seguridad Social prevé desde hace siete años que un autónomo se retire dos años antes de la edad mínima fijada por ley, si bien el cambio de corte que tendrá lugar en este 2021 supondrá también una modificación de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada.

Las tres principales razones por las que las solicitudes son rechazadas están vinculadas con un incumplimiento de los requisitos. En concreto, por el incumplimiento de la edad legal, no haber alcanzado el periodo mínimo de cotización y no estar al corriente de pago con la Tesorería. Este último sería el principal motivo por el que son rechazadas las solicitudes de autónomos, según publica el portal especializado Autónomos y Emprendedores. Serían, al menos, 1.500 los trabajadores autónomos cuya petición habría sido rechazada durante el año pasado.

De las 317.442 solicitudes de pensión que recibió el Instituto Nacional de Seguridad Social durante 2020, fueron rechazadas 27.727. La decisión de aprobación o rechazo de la solicitud es comunicada en los 90 días posteriores a su tramitación. No obstante, si estos transcurren sin una respuesta, se considera que la solicitud ha sido denegada.

FUENTE: ideal.es

El Gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos de IVA

Montero reconoce que si Europa sigue insistiendo y el comité de expertos así lo determina, el Gobierno estudiará cómo y en qué medida acabar con los tipos del 4% y el 10%

El gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos de IVA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. E. P.
  • DANIEL VIAÑA 11/05/2021 10:29

«En estos momentos no lo tenemos decidido y nosotros como Gobierno somos más partidarios de los impuestos directos. Ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo y el grupo de expertos lo señala, lo vamos a escuchar«. De esta manera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado abierta la posibilidad de eliminar los tipos reducidos y superreducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No sería de manera inmediata ni tal vez en su totalidad. Pero la también portavoz del Gobierno sí ha manifestado claramente que Bruselas ha señalado, en numerosas ocasiones, que España hace «un uso abusivo» de esos tipos del 4% y el 10%, a lo que ha añadido que «un interés en Europa» por corregir esta situación.

También el Banco de España se ha manifestado en términos similares en diversas ocasiones, y el capítulo de beneficios fiscales del Spendig Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es el documento que va a guiar a los expertos, lo apunta sin dejar lugar a la duda. «Se propone la revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, en relación con aquellos bienes gravados actualmente a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas«, señala en concreto el documento del organismo dirigido por Cristina Herrero.

En ese mismo texto, la Autoridad Fiscal estima que los tipos reducidos tienen un coste de 17.786 millones de euros en términos de recaudación. 5.323 millones corresponden al tipo superreducido, y los 12.463 millones adicionales, al reducido. «La evaluación destaca la ineficiencia distributiva al compararse los tipos reducidos con otras políticas de gasto más focalizadas en los colectivos o sectores específicos y que consiguen reducir mucho más la desigualdad que los tipos reducidos usando menos recursos públicos», sostiene la AIReF, a lo que añade que, efectivamente, «la existencia de una elevada proporción de gastos a tipos reducidos explica la menor recaudación de IVA de España respecto a nuestros socios europeos».

«ACERCARSE A EUROPA»

En la presentación de los componentes del Plan de Reconstrucción que corresponden a Hacienda, y que ha tenido lugar este lunes, Montero ha vuelto a incidir en el Gobierno quiere «acercarse a Europa» en materia de impuestos. De hecho, ha manifestado que si España solicita una ayuda por valor de 140.000 millones, también tiene que estar dispuesta a ofrecer algo a cambio. Y ahí es donde encaja la revisión que se hará no sólo del IVA, sino de todos los beneficios fiscales -como el primer afirmado y luego matizado fin del beneficio de la tributación conjunta- y, en definitiva, de la reforma fiscal que ambiciona el Gobierno. https://d5085280171371934282.ampproject.net/2104302228000/frame.html

Sobre este punto, Montero ha explicado que 2023 será el año en el que se inicie este ambicioso plan con el que empezar a reducir, de manera significativa, el diferencial que España tiene respecto a la zona euro «en términos de presión fiscal y de recaudación». «Es obvio que España está muy por debajo de la media de los países Europeos. Y eso limita el Estado de bienestar. Si analizan datos desde el rigor, España es el séptimos país con menos recaudación», ha incidido la ministra.

Montero también ha explicado que el Gobierno ha elegido ese 2023 para iniciar la reforma fiscal ya que, según sus estimaciones, ese será el año en el que España habrá recuperado los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la crisis. Y que si la recuperación se atrasa, ha añadido, el plan también lo podría hacer. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que el Gobierno no vaya a aplicar subidas de impuestos antes de esa fecha. Entre otras muchas cosas, porque ya las introdujo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y su intención es hacer lo propio en unas hipotéticas cuentas de 2022 con medidas como el incremento de la figura que grava el diésel.

FUENTE: elmundo.es

Plusvalía municipal: ¿qué pasa si el impuesto es mayor que la ganancia?

15 de Noviembre de 2019

Cuando un individuo o empresa efectúa la transmisión de una propiedad de un inmueble o de la constitución o transmisión de derechos reales sobre una vivienda se debe pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que normalmente se conoce como plusvalía. “En el caso de venta de una propiedad el que deberá efectuar el pago es el individuo, empresa o entidad que vende, por el aumento que ha tenido la propiedad mientras este ha sido propietario”, explica Fernando Sanahuja, del despacho de abogados Sanahuja Miranda.

  • El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana lo debe pagar la persona o empresa que vende una propiedad en un plazo de 30 días posterior a la venta de la propiedad.
  • En la actualidad, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo logran resolver sobre la correcta configuración de la base imponible.

SANAHUJA MIRANDA

La plusvalía se debe pagar en un plazo de 30 días posterior a la operación de venta de la vivienda. Si el propietario es extranjero, el que debe pagar el impuesto es el adquiriente que reside en España, y en los casos de herencia o donación, el heredado o el que recibe la vivienda es quien debe hacerse cargo del importe. Frente a esta situación, el heredado dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la fecha de defunción, prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los primeros seis meses.
 
¿Qué pasa si el beneficio es menor que el valor del impuesto?
 
El impuesto de plusvalía municipal se debe pagar en cualquier circunstancia. No es relevante si el beneficio que recibe el que vende la propiedad es menor que el impuesto que debe pagar. Si se acredita que el inmueble no ha aumentado su valor desde que se adquirió, la exigencia de este impuesto sería inconstitucional. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo consideran que en estas situaciones no se ha realizado el hecho imponible del impuesto, por eso no puede exigirse.
 
Fernando Sanahuja, abogado del despacho Sanahuja Miranda, afirma que «en los casos en los que se ha producido un incremento en el valor del terreno, aunque sea insignificante, ya no se podrá alegar la ausencia de capacidad económica porque por más que sea pequeña, existe. Tampoco es posible alegar la inexistencia de hecho imponible, porque éste se comprende realizado tanto y en cuanto exista un incremento en el valor del terreno, independientemente de que sea mayor o menor«.
 
En estas ocasiones es cuando suele producirse una situación un tanto injusta porque el impuesto a pagar supera el beneficio obtenido en la trasmisión, y en caso de no superarlo, prácticamente lo confisca ya que el margen de ganancia es mínimo. Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo aún logran resolver esta situación porque además, el sistema tributario en ninguna situación tendrá intenciones ni carácter confiscatorio si se le presenta una situación de este calibre.

FUENTE: legaltoday.com/