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Unos 124.000 nuevos autónomos se benefician de la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros a un año

Un total de 123.428 trabajadores autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros ampliada hasta un año, desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La entrada en vigor de esta y otras medidas recogidas en la nueva Ley de Autónomos han propiciado que en el primer trimestre del año se haya alcanzado el mayor incremento de afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de toda la serie histórica, 10 veces por encima respecto al año pasado.

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este lunes, la Seguridad Social española cuenta con más de 18,5 millones afiliados, de los que más de 3,2 millones son trabajadores autónomos (3.230.400, marzo 2018). Este dato refleja la progresión de la actividad emprendedora desde que el pasado mes de octubre entró plenamente en vigor la nueva Ley de Autónomos.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece que los trabajadores que se dan de alta como nuevos autónomos desde enero de 2018 pueden acogerse a la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. La norma introduce además la extensión de la reducción hasta 24 meses: 50% los siguientes seis meses y del 30%, por otros seis meses.

Según la previsión inicial, en su primer año de vigencia se podrán beneficiar de la tarifa plana ampliada alrededor de 140.500 trabajadores autónomos lo que supondrá un ahorro en la cotización de este colectivo de 202,4 millones de euros.

FUENTE: legaltoday.com

El Congreso aprueba la reforma que garantiza que el Turno de Oficio no esté sujeto al IVA.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita, por la que se garantiza la no sujeción del IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio, que ha seguido la tramitación directa y en lectura única, con lo que tras las votaciones del 18 de mayo continúa su tramitación en el Senado. La votación en el Pleno ha contado 271 votos a favor, 65 votos en contra y 6 abstenciones.

La Cámara no aprobó ninguna enmienda al articulado, ya que con este tipo de tramitación se omiten los debates en ponencia y comisión. La iniciativa será remitida al Senado con el texto original. En caso de que la Cámara Alta no modifique la propuesta, quedará aprobada y lista para publicarse en el BOE, pero si la veta o enmienda tendrá que volver al Congreso para que en sesión plenaria decida si mantiene o revoca los cambios.

La proposición de ley incrementa las garantías en materia de justicia gratuita, tanto para los ciudadanos como para los profesionales, «reforzando y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos y reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales».

En este sentido, entre otras reformas, se modifica el artículo 37 de la ley de asistencia jurídica gratuita. «Las Administraciones públicas competentes subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación, atención y funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores», recoge el nuevo punto.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma que garantiza que los abogados y procuradores del Turno de Oficio no estén sujetos a pagar el IVA, poniendo fin a la incertidumbre generada por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, para un caso de Bélgica, dictaminó que la asistencia jurídica gratuita tenía que tributar.

Reforma puntual de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Se trata de una reforma puntual de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que fue promovida por PP, PSOE y Ciudadanos ante las quejas de los profesionales del turno de oficio que habían empezado a recibir avisos de Hacienda exigiéndoles el IVA a raíz de la citada sentencia. Además de presentarse la iniciativa, la Agencia Tributaria se comprometió a no aplicar la directriz de reclamar el 21% de IVA a estos abogados y procuradores.

La reforma se tramitó por la vía de urgencia y este jueves culminará el proceso en un único debate parlamentario en el Pleno del Congreso, en el que, además, se debatirá y votará las 36 enmiendas presentadas a esta proposición de ley. La toma en consideración de la iniciativa se aprobó el pasado martes sin votos en contra y con la única abstención de Unidos Podemos.

En aquel primer debate, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, defendió la gratuidad del Turno de Oficio como garantía de la tutela judicial efectiva y de «atención de los más vulnerables». «Este modelo de servicio público forma parte del Estado social y democrático de Derecho», añadió.

El carácter obligatorio y gratuito subvencionado por el Estado fue uno de los puntos que más resaltó también el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, quien recordó que la Agencia Tributaria ya tenía entendido que los abogados de oficio no están sujetos al IVA antes de la sentencia del TJUE, pero considera imprescindible reformar la ley para que la asistencia jurídica gratuita «no se vea atrapado en la red de tributos, que nunca lo estuvo».

El diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez, aseguró que la asistencia jurídica gratuita es un «pilar básico» de la democracia y que los letrados y procuradores que la hacen efectiva «no reciben el reconocimiento que se merecen por parte de las Administraciones Públicas». Es más, se quejó de que las cantidades con las que se subvencionan a los profesionales ni están actualizadas, ni son homogéneas en todo el territorio español.

El ponente de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, recalcó que con la tramitación de esta proposición de ley se «pone fin a la confusión generada» por la interpretación de tener que aplicar a los prestadores de la asistencia jurídica gratuita el 21 por ciento de IVA.

De su lado, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, incidió en que la asistencia jurídica gratuita, al ser un servicio y sometido a «disciplina pública», tiene la obligación «irrenunciable» de ser retribuida.

FUENTE: legaltoday.com

El TC anula parcialmente el impuesto de Plusvalía

Tras las pasadas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que anularon las normas fiscales forales de los territorios históricos del País Vasco en cuanto a que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por fin el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sentencia de 11 de mayo de 2017 (Rec. 4864/2016) sobre este tema tan controvertido de la plusvalía. Hoy hemos conocido la decisión del alto tribunal con respecto a la norma estatal, tal y como informa Isabel Desviat en el Diario La Ley

Antecedentes

La Cuestión de inconstitucionalidad la interpuso un Juzgado de lo contencioso administrativo de Jerez de la Frontera en relación a la adquisición por parte de una entidad mercantil, dedicada a la promoción inmobiliaria, de una serie de terrenos sobre los que construyó 73 viviendas. Mediante procedimiento de ejecución hipotecaria estas viviendas fueron adjudicadas a una entidad financiera por el 50 por ciento de su valor de tasación, excepto una.

El Ayuntamiento giró a la empresa inmobiliaria una serie de liquidaciones por el IIVTNU, y ésta, al considerar que no había existido aumento del valor de los terrenos, interpuso los correspondientes recursos en vía económico-administrativa, y después en vía judicial. El Juzgado planteó entonces cuestión de inconstitucionalidad de la norma de valoración objetiva establecida en el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; pero solo en la medida en que grava consecuencias no reales, en contra del principio de capacidad económica (art. 31.1 CE).

El Constitucional indica que aun cuando se cuestionó en el recurso el artículo 107 LHL en su totalidad, en la medida en que la liquidación impugnada en el proceso a quo deriva de la transmisión onerosa de unos terrenos, deben quedar fuera del objeto del recurso las letras b), c) y d) de su apartado 2.

Objeto del impuesto

Indica la Sala, haciéndose eco de las anteriores sentencias dictadas por la Sala en el contexto de las Normas Forales Vascas, que aunque el objeto del impuesto es el «incremento de valor» que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo de tiempo, el gravamen no se anuda necesariamente a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno durante un tiempo computable (mínimo 1 año, y 20 años máximo). Por tanto, basta con ser titular de un terreno de naturaleza urbana para que se anude a esta circunstancia un incremento de valor sometido a tributación. La cuantificación se realiza de forma automática, aplicando al valor que tenga ese terreno a efectos del IBI al momento de la transmisión, de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

Inexistencia de incremento de valor

No obstante, el hecho de que el nacimiento de la obligación se haga depender de la transmisión de un terreno, podría ser una condición necesaria en la configuración del tributo, pero, en modo alguno, puede erigirse en una condición suficiente en un tributo cuyo objeto es el «incremento de valor» de un terreno. Cuando no se ha producido ese incremento de valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica del artículo 31 CE.

En los preceptos que ahora examina el Tribunal, el tratamiento que otorgan a los supuestos de no incremento o incluso decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, gravan una renta ficticia, pues impone a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo; se somete a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE.

Esto supone que deben ser declarados inconstitucionales aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.

Alcance del fallo

Aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, la sentencia extiende la declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos.

Por tanto, al estimar la cuestión de inconstitucionalidad, declara que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Reducción del valor catastral por los Ayuntamientos

La sentencia indica que no es óbice a la declaración de inconstitucionalidad el hecho de que los ayuntamientos adopten la reducción del valor catastral hasta un 60 por ciento durante los cinco años siguientes a su revisión, o la actualización, incluso a la baja, de los valores catastrales.

Sin embargo, no sólo en aquellos supuestos en los que los Ayuntamientos no hayan previsto aquella reducción no quedaría sanada la situación que se considera inconstitucional, sino que también en aquellos otros en los que eventualmente hubieran podido prever la citada reducción, lo único que se estaría consiguiendo, caso de no estimarse un incremento, sería aminorar su importe, pero no evitarlo, lo que en modo alguno sanaría la vulneración del principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

En cuanto a la posibilidad de actualización de los valores catastrales, es cierto que se conseguiría eventualmente una reducción del importe del tributo; el legislador estatal teniendo en cuenta las circunstancias del mercado inmobiliario por la crisis económica introdujo desde el año 2014 la posibilidad de aplicar unos coeficientes de actualización del valor catastral que también sirven para reducir su valor.

Continúa razonando la Sala que aunque no cabe duda de que la actualización de aquel valor, cuando lo sea a la baja, mediante la aplicación del coeficiente previsto en la correspondiente ley de presupuestos generales del Estado (en el caso de que el Ayuntamiento lo haya solicitado a la Dirección General del Catastro), provocará como consecuencia inmediata la reducción de la base imponible (incremento de valor) en el impuesto controvertido, sin embargo, la reducción del incremento imputable al obligado tributario, en el supuesto de no estimarse un incremento, nuevamente solo serviría para minorar su importe, pero no para evitarlo, en abierta contradicción con el principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

El IIVTNU no es contrario a la Constitución

Indica el Constitucional que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Sólo lo es en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión.

FUENTE: noticias.juridicas.com