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No, la «patria potestad del padre»

Publicado jueves, 1 julio 2021

No, la patria potestad del padre

“Con sólo una denuncia por malos tratos psicológicos se suspende la patria potestad del padre y no tendrá decisión alguna sobre sus hijos”. Con esta afirmación ha comenzado a viralizarse una captura de una modificación del artículo 94 del Código Civil, por la que puede suspenderse el régimen de visitas o estancia de cualquiera de sus progenitores si tiene abierto un procedimiento judicial por violencia de género o doméstica. El mensaje que acompaña a la imagen, y el resto de comentarios con los que ésta se comparte, afirman que esta modificación sólo afecta al «padre” o al «hombre» y que es posible acabar con «la patria potestad». Es un bulo.

La reforma del artículo 94 del Código Civil afecta a los dos progenitores, ya sea el padre o la madrey en ella no se habla de “patria potestad”, sino que hace referencia a la suspensión de los regímenes de visita o estancia de los maltratadores (tanto hombres como mujeres) para que no tengan acceso a sus hijos. Además, debe existir un procedimiento penal abierto o «indicios fundados de violencia de género o doméstica» sobre ellos.

La reforma legislativa contempla la suspensión de los regímenes de visita y estancia, no habla de suspender la «patria potestad»

Este cambio en el artículo 94 del Código Civil, que hace referencia al régimen de visitas o estancia de los menores cuyos progenitores estén separados o divorciados y estén siendo investigados por violencia de género o doméstica, se recoge en la Ley 8/2021 el 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de junio.

Así, con la nueva redacción del texto legislativo, el juez podrá suspender el régimen de visitas o estancia sobre aquellos progenitores que “estén incursos en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos” o si advierte “la existencia de indicios fundados de violencia de género o doméstica”.

Fuente: La nueva redacción del artículo 94 del Código Civil, recogida en la ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad [página 11].

La magistrada Lucía Avilés, fundadora de Asociación de Mujeres Juezas, explica a Maldita.es que “la reforma del Código Civil no habla de la suspensión de la patria potestad, sino de la suspensión del régimen de visitas. Igual que Natalia Velilla, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). En declaraciones a Maldita.es, Velilla también subraya que esta reforma «no contempla la suspensión de la patria potestad, únicamente del régimen de visitas o estancia».

«La patria potestad es todo el conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores y que afectan a la representación de los hijos, sus cuidados y administración de sus bienes” [artículo 154 del Código Civil], recuerda Avilés, «y no se ve afectada por esta modificación».

Por su parte, José Luis Cembrano, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), también señala a este medio que «la reforma de este artículo no afecta al ejercicio de la patria potestad, aunque sí se quita una parte de su contenido, la que afecta a la convivencia con el menor«.

Por lo tanto, la reforma del Código Civil no suspende la patria potestad de alguno de los progenitores como se especifica en la imagen viral: únicamente recoge la posibilidad de suspender el régimen de visitas o estancia sobre aquellos progenitores que estén siendo investigados en un proceso judicial por violencia de género o violencia doméstica con el objetivo de reforzar la protección de los menores.

Esta modificación habla de los «progenitores», tanto el padre como la madre, que estén siendo investigados

La ley habla en todo momento de los progenitores, ya sea el padre o la madre, no sólo del «padre» o del «hombre» como se puede leer en el mensaje que ha circulado en redes sociales.

Avilés señala que “se habla de progenitor precisamente porque no solo se piensa en los casos de violencia de género, si no también en los casos de violencia doméstica, cuando la agresora es la madre, o son los padres contra los hijos o los hijos contra los padres. Es decir, [hablar de progenitores] abarca todo el espectro”. En el nuevo texto legislativo se engloban todas las situaciones que se pueden dar “en el núcleo del hogar, más allá de la pareja o expareja”, añade la jueza.

La suspensión del régimen de visitas o estancia la decide un juez sobre los progenitores que tengan «un proceso penal iniciado» o haya «indicios fundados de violencia de género o doméstica»

Sobre la posibilidad de suspender el régimen de visitas o estancia de los progenitores que estén siendo investigados por violencia de género o doméstica «con sólo una denuncia», hay diferencia de opiniones entre los expertos.

La magistrada Lucía Avilés señala que para suspenderlos «no basta con sólo una denuncia» y concreta que «esta decisión la toma un juezno se hace de forma arbitraria», como ha explicado también en sus redes sociales. Además, continúa, «esta medida afecta a los progenitores sobre los que se haya iniciado un proceso penal y en aquellos supuestos en los que, aunque no se haya iniciado este proceso, hay un indicio razonado de criminalidad. Cuando la ley habla de indicios no es una mera sospecha, es un indicio sólido de que aquello que parece estar ocurriendo está fundado en hechos objetivos”.

Avilés también señala que «un procedimiento penal no se inicia por la sola voluntad de una persona que ha puesto una denuncia, si no que comienza cuando hay un hecho delictivo y hay indicios de que se ha cometido». Es decir, no sólo está la denuncia, también está «el atestado policial, las declaraciones de la persona denunciada y denunciante, la de los testigos -si los hubiera-, el parte de lesiones físicas, un informe forense, etcétera», agrega. Finalmente, la decisión dependerá de un juez «que actuará con todas las garantías procesales y de acuerdo a la ley».

Natalia Velilla, magistrada de la AJFV, dice que la reforma del artículo 94 del Código Civil «no especifica a qué se refiere por proceso penal iniciado» y recuerda que «sí se abren diligencias en la mayoría de denuncias por violencia de género o violencia doméstica», aunque tienen que pasar «algunos filtros». Por lo tanto, «si la denuncia llega al juzgado, se inicia el procedimiento penal».

El vocal de AEAFA, José Luis Cembrano, también considera que hay que tomar este artículo con «cautela» porque «es un tema muy delicado». En su opinión, considera discutible que «el juez tenga que motivar por qué tienes que seguir viendo a tu hijo y no al revés, cuando se suspende el régimen de visitas»; y especifica que este texto puede ser «interpretativo», ya que abre la puerta a que «una denuncia por malos tratos, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal, bastará para privar del régimen de visitas al progenitor».

Con esta reformulación del Código Civil, dependiendo de lo que decida el juez en base a los hechos objetivos, los padres y las madres que estén siendo investigados en un proceso penal por violencia de género o doméstica no tendrán acceso a sus hijos ni podrán convivir con ellos. Aunque en el propio texto se recoge la excepción de establecer esta suspensión atendiendo al “interés superior del menor”.

La Ley Integral contra la Violencia de Género sí contempla la suspensión de la patria potestad pero no solamente con una denuncia

La magistrada Avilés también ha recordado en sus redes sociales que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sí contempla la “suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”, como se especifica en el artículo 65 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. O sea, la patria potestad podría verse afectada en los casos de violencia de género y siempre que lo decida el juez, según esta normativa pero no según la reforma del artículo 94 del Código Civil.

Fuente: Ley Integral contra la Violencia de Género [artículo 65]. 

De nuevo, en este caso, los tres expertos coinciden en que «aun suspendiendo la patria potestad, el progenitor seguiría teniendo las obligaciones».

En definitiva, la reforma del artículo 94 del Código Civil no suspende “la patria potestad del padre sobre sus hijos” como se especifica en el mensaje que acompaña la imagen de la publicación en el BOE. En primer lugar, esta modificación no afecta a “la patria potestad”, hace referencia a la suspensión de los regímenes de visitas o estancia de los menores. Además, concreta esta suspensión a los casos de los progenitores, tanto padres como madres, que tengan un procedimiento penal abierto por un juez o haya “indicios fundados” de que existe violencia de género o doméstica.

FUENTE: maldita.es

Wizink condenada a indemnizar a una cliente con 6.500 euros

Es una sentencia pionera, según Don Recuperador, «porque abre la puerta a muchos afectados por este tipo de actuaciones de las entidades bancarias y que ven cómo su capacidad crediticia se ve mermada y su honor e imagen dañados”.
 |  | Actualizado: 11/07/2021 2:20

La magistrada María Prado Magariño, titular del Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid, ha condenado a Wizink Bank a indemnizar a María P.B. con 6.500 euros por haberla incluido en un fichero de insolvencia patrimonial sin cumplir los requisitos legales exigidos.

De acuerdo con la magistrada Prado, Wizink Bank ha cometido una intromisión ilegítima de su cliente «atentando contra los derechos fundamentales del honor, la intimidad personal, la propia imagen y la protección de datos».

La sentencia, la número 117/2021, de 30 de junio, también condena a la entidad financiera a eliminar los datos de María P.B. del registro de morosos.

El caso tuvo su origen a finales de 2019, cuando la mujer descubrió, al ir a pedir un crédito, que seguía figurando en un fichero de morosos, donde había sido incluida por la entidad bancaria condenada.

Con anterioridad había solicitado a Wizink Bank que se la suprimera del mismo ya que la deuda sobre la que reclamaban estaba judicializada al tratarse de una tarjeta «revolving» con intereses usurarios que contenía cláusulas que no superaban el llamado control de transparencia.

La demanda fue presentada el 8 de octubre. En la misma se solicitada a la Justicia que la entidad sacara a la demandante del fichero de morosos.

A pesar de todo, el 27 de noviembre Wizink siguió respondiendo con evasivas y no realizando dicho trámite.

La magistrada refiere que «constan también las gestiones que la demandante tuvo que realizar con el fichero de morosos, infructuosas para intentar ser excluida, sin ver atendida su relcamación, lo que genera una evidente sensación de angustia susceptible de indemnización».

Y recuerda que «no consta que la demandante haya sido ya excluida del fichero, prolongándose asi la situación casi dos años».

De ahí la intromisión al honor, la intimidad personal, la propia imagen y a la protección de datos de María P.B. y la cuantiosa cuantía de la indemnización.

«Esta sentencia es pionera y muy importante ya que abre la puerta a muchos afectados por este tipo de actuaciones de las entidades bancarias y que ven cómo su capacidad crediticia se ve mermada y su honor e imagen dañados” explican desde Don Recuperador, entidad que ha llevado la defensa de María P.B.

FUENTE: confilegal.com

Condenado por despedir a un trabajador de baja por invalidez

La empresa comunicó a la Seguridad Social la extinción del contrato y le pagó al demandante 9.000 euros; un juzgado de lo Social de la capital califica el despido como improcedente y eleva la indemnización

Condenado por despedir a un trabajador de baja por invalidez

                                        Oficina de la Seguridad Social en Sevilla- ABC

SEVILLA Actualizado:

Un juzgado de lo Social de Sevilla ha condenado a una empresa por el despido improcedente de un trabajador.

Un taller de automóviles de la capital deberá indemnizar a un empleado con el pago de 153.000 euros por la ilegalidad de la extinción del contrato de éste mientras estaba de baja por incapacidad permanente en grado total para su profesión habitual.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez de refuerzo externo del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla estima íntegramente la demanda de despido de E.M.C. frente a un taller sevillano, en el que trabajaba de delegado de Ventas, y declara la improcedencia de dicho despido en abril de 2021.

Por ello, condena a la empresa a indemnizar a su exempleado con 153.316 euros más intereses. Lejos de los 9.107 euros que la empresa le reconocía como finiquito en la carta de despido.

El empleado demandante venía trabajando para la empresa especializada en neumáticos de vehículos desde 1983. Desde julio de 2017 se encontraba de baja por incapacidad temporal.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente en grado total con efectos de 30 de marzo de 2021. La revisión por agravación o mejoría se realizará un año después.

Si bien, la empresa, tras recibir la notificación de la entidad gestora, el 15 de abril hizo llegar una carta al trabajador comunicándole que después de tener conocimiento de la notificación del INSS reconociendo su incapacidad permanente en grado total «se veían en la obligación de proceder a darle de baja» en la empresa con fecha de 29 de marzo de 2021.

Además, le indicaban al trabajador que su finiquito era de 9.170 euros, como consecuencia de «la rescisión del contrato de trabajo por incapacidad permanente absoluta, finalizando por ella la relación jurídico laboral existente entre ambas partes».

El trabajador, de la mano de su letrado Borja Ortas, de Lébeq Abogados, presentó acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta, que acabó sin avenencia.

Ante esta situación, el trabajador demandó a su empresa por considerar improcedente el despido, solicitando la indemnización que legalmente le corresponde.

La empresa alegó que la carta no era de despido sino de comunicación de baja en la Seguridad Social y que por error mandaron una carta modelo usada antes para otro trabajador.

¿Despido o suspensión con reserva de puesto?

Según expone la magistada en la sentencia, lo que en este caso se discute es si la baja en la Seguridad Social operada por la empresa y la comunicación dirigida al trabajador constituye un despido o una suspensión con reserva de puesto, según defiende la empresa.

Analizada toda la prueba, la juez concluye que la empresa no sólo dio de baja en Seguridad Social al trabajador, sino que le notificó junto con la comunicación sobre dicho extremo un finiquito en el que indica haber percibido la suma de 9.107,62 euros en concepto de liquidación final, como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo por Incapacidad Permanente Absoluta, finalizando por ella la relación jurídica laboral existente entre ambas partes.

Hubo voluntad de extinción de relación laboral

Según la juez, «la empresa no se limita a dar de baja al trabajador sino que le liquida las diferencias existentes surgidas en el curso de la relación laboral hasta ese momento, y emplea no sólo el término ‘rescisión’ refiriéndose al contrato de trabajo, sino también el término ‘finalización’ de la relación jurídica laboral, el término ‘cese’ y ‘liquidación final’». 

La empresa sostiene que cometió un error al emplear en el finiquito el modelo de un trabajador que fue declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, lo que no acredita.

Si bien consta comunicación al Instituto Nacional de Seguridad Social en junio de 2021, donde indica que la baja en la empresa se hizo con una baja por pase a situación de pensionista a la espera de que en dos años si se resuelve que ya no está incapacitado poder readmitir.

Pero esta comunicación tuvo lugar tras no solo haber tenido conocimiento del acto de conciliación promovida por el trabajador sino incluso después de la celebración sin avenencia de la conciliación.

Dado que que la empresa no solo dio de baja al trabajador en Seguridad Social, sino que en el finiquito dio por finalizada la relación laboral, hubo voluntad de extinción de la relación laboral, que conlleva apreciar la existencia de un despido, que debe ser calificado como improcedente por defecto de forma.

La declaración de incapacidad permanente total del trabajador hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el Estatuto del Trabajador, sino que ha de imponerse al empresario la de indemnizar en los términos legales al trabajador despedido.

Ante esto, la juez reconoce al empleado una indemnización por despido improcedente de 153.316 euros más los intereses.

FUENTE: sevilla.abc.es

Wizink ha sido condenado a devolver a un cliente más de 34.000 euros por una tarjeta revolving

El juzgado también obliga a devolverle todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto inicialmente

Wizink ha sido condenado a devolver
photo_cameraTarjetas revolving.
 

El juzgado de primera instancia número 11 de Barcelona ha declarado nula la tarjeta revolving Citibank que un cliente de Barcelona mantenía con Wizink por falta de transparencia en la contratación de la misma.

Tras la acción de la plataforma Reclama Por Mí, la sentencia condena a Wizink, además de anular la deuda pendiente que el cliente mantenía aún con la entidad, a devolverle todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto inicialmente, hasta un total de 34.163 euros, de los cuales 10.825 euros han sido eliminados en concepto de deuda.

En la sentencia se indica que «las cláusulas que habían de regir la relación contractual entre la entidad emisora de la tarjeta y su cliente se consignaron en un texto de tipografía tan diminuta que su lectura resulta impracticable sin la ayuda de una lente de aumento».

La plataforma indica que su objetivo es que cualquier persona que esté «atrapada» por una tarjeta revolving o cualquier otro tipo de producto financiero similar sepa que puede reclamar, incluso tras haber finalizado su contrato, en palabras del COO Reclama por Mí, Javier Moyano.

 
 
 

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva de las liquidaciones tributarias

Una sentencia establece que solo los organismos inspectores pueden determinar el cumplimiento o no de la normativa tributaria de los particulares, no los órganos de gestión de Hacienda

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva

El Tribunal Supremo ha establecido que únicamente los órganos de inspección son competentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias y la aplicación de regímenes especiales. La decisión del alto tribunal ha desatado una nueva vía para la reclamación y los despachos profesionales ven en ello campos de actividad cerrados hasta ahora. Los órganos de Gestión Tributaria, de manera habitual, regularizan la situación tributaria de contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación. Para el bufete CIM Tax & Legal, «la única vía que tiene la Administración a priori para evitar perder por una cuestión formal el dinero ya ingresado pasaría por instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de todas estas liquidaciones». 

La sentencia núm. 418/2021 de 23 de marzo estableció que únicamente los órganos de inspección son competentes para ejercer las funciones administrativas para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. Tras este argumento técnico se abren expectativas. En la práctica, esta decisión puede suponer «una apertura de puertas de par en par a los contribuyentes para impugnar liquidaciones tributarias ya firmes por una cuestión meramente formal», según Roger Mestres, abogado y Tax Manager en CIM Tax & Legal. La razón principal es que los órganos de Gestión Tributaria habitualmente comprueban y, en su caso, regularizan, la situación tributaria de contribuyentes con regímenes especiales de tributación. Estos ahora pueden impugnar dichas liquidaciones, logrando que sean declaradas nulas de pleno derecho por haber sido dictadas en el seno de un procedimiento que no era de inspección, es decir, por una cuestión meramente formal.

De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia, Mestres opina que las reclamaciones tendrían el éxito “casi garantizado pese a que la liquidación dictada fuese correcta en el sentido material». La idea es que aunque la nulidad se dé por una cuestión meramente formal, en ocasiones la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez correcto, de inspección para dictar la liquidación. La razón es que el plazo de preinscripción de la actuación de la Administración, de cuatro años, no se habría visto interrumpido por el anterior procedimiento cuya nulidad de pleno derecho se declara.

«Esta situación ya está siendo estudiada por abogados y asesores fiscales, quienes, velando por los intereses de sus clientes, aconsejarán impugnar todas las liquidaciones dictadas por la Administración en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria», opina el abogado, quien asegura que se impugnarán todas las liquidaciones «que se puedan aprovechar de la prescripción correspondiente».

El experto considera que la Administración queda en una posición muy complicada para evitar perder la recaudación obtenida mediante dichas liquidaciones por una cuestión formal. “La única posibilidad es instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas liquidaciones que se hubiesen dictado vulnerando la doctrina ya mencionada e iniciar un nuevo procedimiento, esta vez, de inspección”, opina el abogado. “No parece que la Administración disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicha obra sin perjudicar la obtención de nuevos ingresos derivados de sus facultades de comprobación e inspección”, añade el experto.

FUENTE: elperiodico.com/