Archivo de la categoría: Sentencias

Wizink condenada a indemnizar a una cliente con 6.500 euros

Es una sentencia pionera, según Don Recuperador, «porque abre la puerta a muchos afectados por este tipo de actuaciones de las entidades bancarias y que ven cómo su capacidad crediticia se ve mermada y su honor e imagen dañados”.
 |  | Actualizado: 11/07/2021 2:20

La magistrada María Prado Magariño, titular del Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid, ha condenado a Wizink Bank a indemnizar a María P.B. con 6.500 euros por haberla incluido en un fichero de insolvencia patrimonial sin cumplir los requisitos legales exigidos.

De acuerdo con la magistrada Prado, Wizink Bank ha cometido una intromisión ilegítima de su cliente «atentando contra los derechos fundamentales del honor, la intimidad personal, la propia imagen y la protección de datos».

La sentencia, la número 117/2021, de 30 de junio, también condena a la entidad financiera a eliminar los datos de María P.B. del registro de morosos.

El caso tuvo su origen a finales de 2019, cuando la mujer descubrió, al ir a pedir un crédito, que seguía figurando en un fichero de morosos, donde había sido incluida por la entidad bancaria condenada.

Con anterioridad había solicitado a Wizink Bank que se la suprimera del mismo ya que la deuda sobre la que reclamaban estaba judicializada al tratarse de una tarjeta «revolving» con intereses usurarios que contenía cláusulas que no superaban el llamado control de transparencia.

La demanda fue presentada el 8 de octubre. En la misma se solicitada a la Justicia que la entidad sacara a la demandante del fichero de morosos.

A pesar de todo, el 27 de noviembre Wizink siguió respondiendo con evasivas y no realizando dicho trámite.

La magistrada refiere que «constan también las gestiones que la demandante tuvo que realizar con el fichero de morosos, infructuosas para intentar ser excluida, sin ver atendida su relcamación, lo que genera una evidente sensación de angustia susceptible de indemnización».

Y recuerda que «no consta que la demandante haya sido ya excluida del fichero, prolongándose asi la situación casi dos años».

De ahí la intromisión al honor, la intimidad personal, la propia imagen y a la protección de datos de María P.B. y la cuantiosa cuantía de la indemnización.

«Esta sentencia es pionera y muy importante ya que abre la puerta a muchos afectados por este tipo de actuaciones de las entidades bancarias y que ven cómo su capacidad crediticia se ve mermada y su honor e imagen dañados” explican desde Don Recuperador, entidad que ha llevado la defensa de María P.B.

FUENTE: confilegal.com

Condenado por despedir a un trabajador de baja por invalidez

La empresa comunicó a la Seguridad Social la extinción del contrato y le pagó al demandante 9.000 euros; un juzgado de lo Social de la capital califica el despido como improcedente y eleva la indemnización

Condenado por despedir a un trabajador de baja por invalidez

                                        Oficina de la Seguridad Social en Sevilla- ABC

SEVILLA Actualizado:

Un juzgado de lo Social de Sevilla ha condenado a una empresa por el despido improcedente de un trabajador.

Un taller de automóviles de la capital deberá indemnizar a un empleado con el pago de 153.000 euros por la ilegalidad de la extinción del contrato de éste mientras estaba de baja por incapacidad permanente en grado total para su profesión habitual.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez de refuerzo externo del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla estima íntegramente la demanda de despido de E.M.C. frente a un taller sevillano, en el que trabajaba de delegado de Ventas, y declara la improcedencia de dicho despido en abril de 2021.

Por ello, condena a la empresa a indemnizar a su exempleado con 153.316 euros más intereses. Lejos de los 9.107 euros que la empresa le reconocía como finiquito en la carta de despido.

El empleado demandante venía trabajando para la empresa especializada en neumáticos de vehículos desde 1983. Desde julio de 2017 se encontraba de baja por incapacidad temporal.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente en grado total con efectos de 30 de marzo de 2021. La revisión por agravación o mejoría se realizará un año después.

Si bien, la empresa, tras recibir la notificación de la entidad gestora, el 15 de abril hizo llegar una carta al trabajador comunicándole que después de tener conocimiento de la notificación del INSS reconociendo su incapacidad permanente en grado total «se veían en la obligación de proceder a darle de baja» en la empresa con fecha de 29 de marzo de 2021.

Además, le indicaban al trabajador que su finiquito era de 9.170 euros, como consecuencia de «la rescisión del contrato de trabajo por incapacidad permanente absoluta, finalizando por ella la relación jurídico laboral existente entre ambas partes».

El trabajador, de la mano de su letrado Borja Ortas, de Lébeq Abogados, presentó acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta, que acabó sin avenencia.

Ante esta situación, el trabajador demandó a su empresa por considerar improcedente el despido, solicitando la indemnización que legalmente le corresponde.

La empresa alegó que la carta no era de despido sino de comunicación de baja en la Seguridad Social y que por error mandaron una carta modelo usada antes para otro trabajador.

¿Despido o suspensión con reserva de puesto?

Según expone la magistada en la sentencia, lo que en este caso se discute es si la baja en la Seguridad Social operada por la empresa y la comunicación dirigida al trabajador constituye un despido o una suspensión con reserva de puesto, según defiende la empresa.

Analizada toda la prueba, la juez concluye que la empresa no sólo dio de baja en Seguridad Social al trabajador, sino que le notificó junto con la comunicación sobre dicho extremo un finiquito en el que indica haber percibido la suma de 9.107,62 euros en concepto de liquidación final, como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo por Incapacidad Permanente Absoluta, finalizando por ella la relación jurídica laboral existente entre ambas partes.

Hubo voluntad de extinción de relación laboral

Según la juez, «la empresa no se limita a dar de baja al trabajador sino que le liquida las diferencias existentes surgidas en el curso de la relación laboral hasta ese momento, y emplea no sólo el término ‘rescisión’ refiriéndose al contrato de trabajo, sino también el término ‘finalización’ de la relación jurídica laboral, el término ‘cese’ y ‘liquidación final’». 

La empresa sostiene que cometió un error al emplear en el finiquito el modelo de un trabajador que fue declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, lo que no acredita.

Si bien consta comunicación al Instituto Nacional de Seguridad Social en junio de 2021, donde indica que la baja en la empresa se hizo con una baja por pase a situación de pensionista a la espera de que en dos años si se resuelve que ya no está incapacitado poder readmitir.

Pero esta comunicación tuvo lugar tras no solo haber tenido conocimiento del acto de conciliación promovida por el trabajador sino incluso después de la celebración sin avenencia de la conciliación.

Dado que que la empresa no solo dio de baja al trabajador en Seguridad Social, sino que en el finiquito dio por finalizada la relación laboral, hubo voluntad de extinción de la relación laboral, que conlleva apreciar la existencia de un despido, que debe ser calificado como improcedente por defecto de forma.

La declaración de incapacidad permanente total del trabajador hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el Estatuto del Trabajador, sino que ha de imponerse al empresario la de indemnizar en los términos legales al trabajador despedido.

Ante esto, la juez reconoce al empleado una indemnización por despido improcedente de 153.316 euros más los intereses.

FUENTE: sevilla.abc.es

Wizink ha sido condenado a devolver a un cliente más de 34.000 euros por una tarjeta revolving

El juzgado también obliga a devolverle todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto inicialmente

Wizink ha sido condenado a devolver
photo_cameraTarjetas revolving.
 

El juzgado de primera instancia número 11 de Barcelona ha declarado nula la tarjeta revolving Citibank que un cliente de Barcelona mantenía con Wizink por falta de transparencia en la contratación de la misma.

Tras la acción de la plataforma Reclama Por Mí, la sentencia condena a Wizink, además de anular la deuda pendiente que el cliente mantenía aún con la entidad, a devolverle todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto inicialmente, hasta un total de 34.163 euros, de los cuales 10.825 euros han sido eliminados en concepto de deuda.

En la sentencia se indica que «las cláusulas que habían de regir la relación contractual entre la entidad emisora de la tarjeta y su cliente se consignaron en un texto de tipografía tan diminuta que su lectura resulta impracticable sin la ayuda de una lente de aumento».

La plataforma indica que su objetivo es que cualquier persona que esté «atrapada» por una tarjeta revolving o cualquier otro tipo de producto financiero similar sepa que puede reclamar, incluso tras haber finalizado su contrato, en palabras del COO Reclama por Mí, Javier Moyano.

 
 
 

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva de las liquidaciones tributarias

Una sentencia establece que solo los organismos inspectores pueden determinar el cumplimiento o no de la normativa tributaria de los particulares, no los órganos de gestión de Hacienda

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva

El Tribunal Supremo ha establecido que únicamente los órganos de inspección son competentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias y la aplicación de regímenes especiales. La decisión del alto tribunal ha desatado una nueva vía para la reclamación y los despachos profesionales ven en ello campos de actividad cerrados hasta ahora. Los órganos de Gestión Tributaria, de manera habitual, regularizan la situación tributaria de contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación. Para el bufete CIM Tax & Legal, «la única vía que tiene la Administración a priori para evitar perder por una cuestión formal el dinero ya ingresado pasaría por instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de todas estas liquidaciones». 

La sentencia núm. 418/2021 de 23 de marzo estableció que únicamente los órganos de inspección son competentes para ejercer las funciones administrativas para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. Tras este argumento técnico se abren expectativas. En la práctica, esta decisión puede suponer «una apertura de puertas de par en par a los contribuyentes para impugnar liquidaciones tributarias ya firmes por una cuestión meramente formal», según Roger Mestres, abogado y Tax Manager en CIM Tax & Legal. La razón principal es que los órganos de Gestión Tributaria habitualmente comprueban y, en su caso, regularizan, la situación tributaria de contribuyentes con regímenes especiales de tributación. Estos ahora pueden impugnar dichas liquidaciones, logrando que sean declaradas nulas de pleno derecho por haber sido dictadas en el seno de un procedimiento que no era de inspección, es decir, por una cuestión meramente formal.

De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia, Mestres opina que las reclamaciones tendrían el éxito “casi garantizado pese a que la liquidación dictada fuese correcta en el sentido material». La idea es que aunque la nulidad se dé por una cuestión meramente formal, en ocasiones la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez correcto, de inspección para dictar la liquidación. La razón es que el plazo de preinscripción de la actuación de la Administración, de cuatro años, no se habría visto interrumpido por el anterior procedimiento cuya nulidad de pleno derecho se declara.

«Esta situación ya está siendo estudiada por abogados y asesores fiscales, quienes, velando por los intereses de sus clientes, aconsejarán impugnar todas las liquidaciones dictadas por la Administración en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria», opina el abogado, quien asegura que se impugnarán todas las liquidaciones «que se puedan aprovechar de la prescripción correspondiente».

El experto considera que la Administración queda en una posición muy complicada para evitar perder la recaudación obtenida mediante dichas liquidaciones por una cuestión formal. “La única posibilidad es instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas liquidaciones que se hubiesen dictado vulnerando la doctrina ya mencionada e iniciar un nuevo procedimiento, esta vez, de inspección”, opina el abogado. “No parece que la Administración disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicha obra sin perjudicar la obtención de nuevos ingresos derivados de sus facultades de comprobación e inspección”, añade el experto.

FUENTE: elperiodico.com/

Declara nula la cláusula suelo impuesta por Ibercaja a un no consumidor (taxista)

Redacción Editorial Equipo de redacción de Economist & Jurist.

TIEMPO DE LECTURA: 6 MIN  Publicado  

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza ha declarado, en su reciente sentencia de 3 de junio de 2021, la no incorporación y la nulidad de la cláusula suelo contenida en la escritura de préstamo hipotecario suscrita entre Ibercaja y un no consumidor (taxista), el cual solicitó financiación en noviembre de 2006 a la entidad bancaria para adquirir una licencia de taxi.

El presente fallo se une a otros recientes pronunciamientos de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Madrid que también confirmaban la nulidad de la cláusula suelo impuestas a sujetos que no ostentaban la condición de consumidores.

Antecedentes

En noviembre de 2006, la actora suscribió con la demandada escritura de préstamo hipotecario por 180.000 euros, a devolver en 20 años, estableciéndose un plazo fijo inicial del 4,60% los 12 primeros meses, y un plazo variable posterior, que duraría hasta la completa amortización de la hipoteca.

En la cláusula quinta consta, bajo el apartado “Instrumento de cobertura de tipo de interés”, la denominada cláusula suelo: “A estos efectos, se fija el tipo de interés mínimo en el 9% anual y el tipo de interés mínimo en el 4,50% nominal anual”.

En enero de 2017, las partes suscribieron un contrato privado de extinción modificativa del tipo de interés mínimo, cuya estipulación primera señalaba lo siguiente: “Con efecto desde la fecha establecida de entrada en vigor de la novación que figura en las condiciones particulares y para toda la vida del préstamo, el tipo mínimo aplicable de interés será el indicado como ‘tipo de interés mínimo novado’ en sustitución del convenido como ‘tipo de interés mínimo previo’, quedando fijado el tipo de interés mínimo en el 3,75%”.

En el antecedente quinto del citado contrato privado se describe cuál era la situación y el contexto existente en ese momento en relación a las cláusulas suelo y su abusividad ya declarada en el Tribunal Supremo.

La actora suscribió con la demandada escritura de préstamo hipotecario por 180.000 euros, a devolver en 20 años, estableciéndose un plazo fijo inicial del 4,60% los 12 primeros meses, y un plazo variable posterior (Foto: Economist & Jurist)

En la estipulación tercera del aludido documento privado se afirma que las partes renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las limitaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen.

En el pie de la última hoja del reiterado documento privado se contiene la transcripción a mano por la parte actora del siguiente literal: “Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 3,75% nominal anual”.

Posiciones de las partes

Por un lado, la actora ejercita acción de declaración de nulidad de la cláusula suelo, también denominada limitativa del tipo mínimo de interés, contenida en el contrato de préstamo hipotecario, al entender que la misma no supera el control de inclusión.

Por otro lado, la entidad bancaria demandada alega que la cláusula suelo ha sido redactada con claridad, que la misma ha sido objeto de negociación previa y que, además, aquella supera el control de transparencia exigido legal y jurisprudencialmente.

En la misma línea, entiende que el contrato de transacción suscrito por ambas partes con reducción del tipo mínimo de interés y renuncia a las acciones que pudiera corresponder, produce todos los efectos por la doctrina de los actos propios al tratarse de una transacción con autoridad de cosa juzgada entre las partes.

Control de incorporación

Como es sabido, las cláusulas previstas en contratos con condiciones generales de la contratación celebrados con no consumidores están sometidas a un control de incorporación. No obstante, superado este, no están sometidas a un control de contenido, más allá de las reglas generales por las que se rige la validez de todo contrato. Es decir, en definitiva, conforme a los arts. 5 y 7 del Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, solo procederá en este caso un control de incorporación o inclusión de las cláusulas discutidas, pero no un control de transparencia ni de abusividad.

Dicho lo anterior, turno del Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza, este declara en el fundamento de derecho cuarto de la reciente sentencia que, “si bien la cláusula es legible, clara, sencilla y gramaticalmente comprensible, la cláusula se encuentra inserta en una más amplia, entre innumerables datos, y bajo un título que lleva a la confusión (instrumento de cobertura del tipo de interés) en tanto que esta denominación no contribuye a resaltar la importancia de la cláusula, sino que más bien puede conseguir lo contrario, hacer pasar desapercibida”.

La cláusula quinta, bajo el título “Interés”, contempla en sus primeros párrafos el tipo de interés fijo temporal y cómo se configura el interés variable. En cambio, “se pasa, en los siguientes párrafos, a concretar los índices sustitutivos, y sólo unos párrafos después se incorpora la cláusula suelo bajo el confuso, ambiguo y poco claro título a que he hecho referencia, y que, además, en la práctica, solo protegía el tipo de interés aplicable de una subida, pero no de una bajada de tipos (de hecho, el tipo fijo temporal es del 4,60% y el variable a fecha del contrato hubiera sido del 4,738)”, agrega el Juzgador.

Así las cosas, en base a tales circunstancias, “unidas a que no se hace constar siquiera que el Notario autorizante advirtiera a los prestatarios de la presencia de la cláusula discutida, indican que se dio a una cláusula que configura el precio del contrato un tratamiento absolutamente secundario, apartado de aquellas que establecían el tipo fijo temporal y el interés variable, sin concederle la mínima importancia que realmente tiene (nunca en la historia ha superado el Euribor el 5,38% lo que es indicativo del efecto limitante de las bajadas del Euribor de la cláusula suelo en un préstamo a 20 años), convirtiendo la cláusula en sorprendente para el prestatario, quien posiblemente solo advirtió su presencia en el contrato una vez que desencadenó sus efectos”, declara el Magistrado-Juez.

Por ello, en este caso particular, el Juzgador declara la no incorporación de la polémica cláusula y, por lo tanto, la nulidad de la clausula limitativa del tipo de interés al alza y a la baja contendida en el contrato de 2006.

Consecuencias

Una vez declarada la nulidad de la cláusula suelo, el Magistrado-Juez estima que, en virtud del art. 1303 del Código Civil, las partes deberán restituirse recíprocamente lo que hubieran percibido de la otra con sus frutos y el precio con sus intereses.

Debiendo tenerse por no puesta la cláusula limitativa del tipo de interés, con todos los efectos que ello produce en el contrato de préstamo, la entidad bancaria demandada deberá proceder a un nuevo cálculo del capital pendiente de amortización y de los intereses sin el límite mínimo ni máximo declarado nulo, y en el caso de que del nuevo cálculo de los intereses se desprenda que los prestatarios hubieren abonado en concepto de intereses una cantidad superior a la que le correspondería una vez eliminada la cláusula suelo, la entidad demandada deberá abonar dicha cantidad cobrada en exceso, más los intereses devengados por dichas cantidades desde su cobro.

Además, la entidad bancaria deberá asumir el pago de las costas procesales.

Voz letrada autorizada

“El afectado es un no consumidor (taxista), que solicita financiación para adquirir una licencia de taxi con Ibercaja”, apunta Álvaro Domingo García Graells, Socio-Director de García-Graells Abogados y letrado que ha asumido la dirección técnica del presente litigio.

“Al no ser consumidor no ha resultado de aplicación el control de transparencia, sino la doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de inclusión de la cláusula”, agrega.

En primer término, “el Juez anuló el pacto novatorio de renuncia y posteriormente la condición de cláusula suelo por ser oscura”.

“Sin duda es un hito, dado que el control de inclusión solo permite la nulidad a través de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación si la condición es sorpresiva, oscura, etc.”, valora el abogado.

“En García-Graells Abogados hemos sido contratados por la Patronal del Taxi en Aragón y estamos formulando cientos de nuevos procesos de taxistas similares, por lo que va a abrirse este nuevo frente”, concluye el Socio-Director.

Fuente: economistjurist.es