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No, la «patria potestad del padre»

Publicado jueves, 1 julio 2021

No, la patria potestad del padre

“Con sólo una denuncia por malos tratos psicológicos se suspende la patria potestad del padre y no tendrá decisión alguna sobre sus hijos”. Con esta afirmación ha comenzado a viralizarse una captura de una modificación del artículo 94 del Código Civil, por la que puede suspenderse el régimen de visitas o estancia de cualquiera de sus progenitores si tiene abierto un procedimiento judicial por violencia de género o doméstica. El mensaje que acompaña a la imagen, y el resto de comentarios con los que ésta se comparte, afirman que esta modificación sólo afecta al «padre” o al «hombre» y que es posible acabar con «la patria potestad». Es un bulo.

La reforma del artículo 94 del Código Civil afecta a los dos progenitores, ya sea el padre o la madrey en ella no se habla de “patria potestad”, sino que hace referencia a la suspensión de los regímenes de visita o estancia de los maltratadores (tanto hombres como mujeres) para que no tengan acceso a sus hijos. Además, debe existir un procedimiento penal abierto o «indicios fundados de violencia de género o doméstica» sobre ellos.

La reforma legislativa contempla la suspensión de los regímenes de visita y estancia, no habla de suspender la «patria potestad»

Este cambio en el artículo 94 del Código Civil, que hace referencia al régimen de visitas o estancia de los menores cuyos progenitores estén separados o divorciados y estén siendo investigados por violencia de género o doméstica, se recoge en la Ley 8/2021 el 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de junio.

Así, con la nueva redacción del texto legislativo, el juez podrá suspender el régimen de visitas o estancia sobre aquellos progenitores que “estén incursos en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos” o si advierte “la existencia de indicios fundados de violencia de género o doméstica”.

Fuente: La nueva redacción del artículo 94 del Código Civil, recogida en la ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad [página 11].

La magistrada Lucía Avilés, fundadora de Asociación de Mujeres Juezas, explica a Maldita.es que “la reforma del Código Civil no habla de la suspensión de la patria potestad, sino de la suspensión del régimen de visitas. Igual que Natalia Velilla, magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). En declaraciones a Maldita.es, Velilla también subraya que esta reforma «no contempla la suspensión de la patria potestad, únicamente del régimen de visitas o estancia».

«La patria potestad es todo el conjunto de derechos y deberes que tienen los progenitores y que afectan a la representación de los hijos, sus cuidados y administración de sus bienes” [artículo 154 del Código Civil], recuerda Avilés, «y no se ve afectada por esta modificación».

Por su parte, José Luis Cembrano, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), también señala a este medio que «la reforma de este artículo no afecta al ejercicio de la patria potestad, aunque sí se quita una parte de su contenido, la que afecta a la convivencia con el menor«.

Por lo tanto, la reforma del Código Civil no suspende la patria potestad de alguno de los progenitores como se especifica en la imagen viral: únicamente recoge la posibilidad de suspender el régimen de visitas o estancia sobre aquellos progenitores que estén siendo investigados en un proceso judicial por violencia de género o violencia doméstica con el objetivo de reforzar la protección de los menores.

Esta modificación habla de los «progenitores», tanto el padre como la madre, que estén siendo investigados

La ley habla en todo momento de los progenitores, ya sea el padre o la madre, no sólo del «padre» o del «hombre» como se puede leer en el mensaje que ha circulado en redes sociales.

Avilés señala que “se habla de progenitor precisamente porque no solo se piensa en los casos de violencia de género, si no también en los casos de violencia doméstica, cuando la agresora es la madre, o son los padres contra los hijos o los hijos contra los padres. Es decir, [hablar de progenitores] abarca todo el espectro”. En el nuevo texto legislativo se engloban todas las situaciones que se pueden dar “en el núcleo del hogar, más allá de la pareja o expareja”, añade la jueza.

La suspensión del régimen de visitas o estancia la decide un juez sobre los progenitores que tengan «un proceso penal iniciado» o haya «indicios fundados de violencia de género o doméstica»

Sobre la posibilidad de suspender el régimen de visitas o estancia de los progenitores que estén siendo investigados por violencia de género o doméstica «con sólo una denuncia», hay diferencia de opiniones entre los expertos.

La magistrada Lucía Avilés señala que para suspenderlos «no basta con sólo una denuncia» y concreta que «esta decisión la toma un juezno se hace de forma arbitraria», como ha explicado también en sus redes sociales. Además, continúa, «esta medida afecta a los progenitores sobre los que se haya iniciado un proceso penal y en aquellos supuestos en los que, aunque no se haya iniciado este proceso, hay un indicio razonado de criminalidad. Cuando la ley habla de indicios no es una mera sospecha, es un indicio sólido de que aquello que parece estar ocurriendo está fundado en hechos objetivos”.

Avilés también señala que «un procedimiento penal no se inicia por la sola voluntad de una persona que ha puesto una denuncia, si no que comienza cuando hay un hecho delictivo y hay indicios de que se ha cometido». Es decir, no sólo está la denuncia, también está «el atestado policial, las declaraciones de la persona denunciada y denunciante, la de los testigos -si los hubiera-, el parte de lesiones físicas, un informe forense, etcétera», agrega. Finalmente, la decisión dependerá de un juez «que actuará con todas las garantías procesales y de acuerdo a la ley».

Natalia Velilla, magistrada de la AJFV, dice que la reforma del artículo 94 del Código Civil «no especifica a qué se refiere por proceso penal iniciado» y recuerda que «sí se abren diligencias en la mayoría de denuncias por violencia de género o violencia doméstica», aunque tienen que pasar «algunos filtros». Por lo tanto, «si la denuncia llega al juzgado, se inicia el procedimiento penal».

El vocal de AEAFA, José Luis Cembrano, también considera que hay que tomar este artículo con «cautela» porque «es un tema muy delicado». En su opinión, considera discutible que «el juez tenga que motivar por qué tienes que seguir viendo a tu hijo y no al revés, cuando se suspende el régimen de visitas»; y especifica que este texto puede ser «interpretativo», ya que abre la puerta a que «una denuncia por malos tratos, con la consiguiente apertura de un procedimiento penal, bastará para privar del régimen de visitas al progenitor».

Con esta reformulación del Código Civil, dependiendo de lo que decida el juez en base a los hechos objetivos, los padres y las madres que estén siendo investigados en un proceso penal por violencia de género o doméstica no tendrán acceso a sus hijos ni podrán convivir con ellos. Aunque en el propio texto se recoge la excepción de establecer esta suspensión atendiendo al “interés superior del menor”.

La Ley Integral contra la Violencia de Género sí contempla la suspensión de la patria potestad pero no solamente con una denuncia

La magistrada Avilés también ha recordado en sus redes sociales que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género sí contempla la “suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”, como se especifica en el artículo 65 de la Ley Integral contra la Violencia de Género. O sea, la patria potestad podría verse afectada en los casos de violencia de género y siempre que lo decida el juez, según esta normativa pero no según la reforma del artículo 94 del Código Civil.

Fuente: Ley Integral contra la Violencia de Género [artículo 65]. 

De nuevo, en este caso, los tres expertos coinciden en que «aun suspendiendo la patria potestad, el progenitor seguiría teniendo las obligaciones».

En definitiva, la reforma del artículo 94 del Código Civil no suspende “la patria potestad del padre sobre sus hijos” como se especifica en el mensaje que acompaña la imagen de la publicación en el BOE. En primer lugar, esta modificación no afecta a “la patria potestad”, hace referencia a la suspensión de los regímenes de visitas o estancia de los menores. Además, concreta esta suspensión a los casos de los progenitores, tanto padres como madres, que tengan un procedimiento penal abierto por un juez o haya “indicios fundados” de que existe violencia de género o doméstica.

FUENTE: maldita.es

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Wizink condenada a indemnizar a una cliente con 6.500 euros

Es una sentencia pionera, según Don Recuperador, «porque abre la puerta a muchos afectados por este tipo de actuaciones de las entidades bancarias y que ven cómo su capacidad crediticia se ve mermada y su honor e imagen dañados”.
 |  | Actualizado: 11/07/2021 2:20

La magistrada María Prado Magariño, titular del Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid, ha condenado a Wizink Bank a indemnizar a María P.B. con 6.500 euros por haberla incluido en un fichero de insolvencia patrimonial sin cumplir los requisitos legales exigidos.

De acuerdo con la magistrada Prado, Wizink Bank ha cometido una intromisión ilegítima de su cliente «atentando contra los derechos fundamentales del honor, la intimidad personal, la propia imagen y la protección de datos».

La sentencia, la número 117/2021, de 30 de junio, también condena a la entidad financiera a eliminar los datos de María P.B. del registro de morosos.

El caso tuvo su origen a finales de 2019, cuando la mujer descubrió, al ir a pedir un crédito, que seguía figurando en un fichero de morosos, donde había sido incluida por la entidad bancaria condenada.

Con anterioridad había solicitado a Wizink Bank que se la suprimera del mismo ya que la deuda sobre la que reclamaban estaba judicializada al tratarse de una tarjeta «revolving» con intereses usurarios que contenía cláusulas que no superaban el llamado control de transparencia.

La demanda fue presentada el 8 de octubre. En la misma se solicitada a la Justicia que la entidad sacara a la demandante del fichero de morosos.

A pesar de todo, el 27 de noviembre Wizink siguió respondiendo con evasivas y no realizando dicho trámite.

La magistrada refiere que «constan también las gestiones que la demandante tuvo que realizar con el fichero de morosos, infructuosas para intentar ser excluida, sin ver atendida su relcamación, lo que genera una evidente sensación de angustia susceptible de indemnización».

Y recuerda que «no consta que la demandante haya sido ya excluida del fichero, prolongándose asi la situación casi dos años».

De ahí la intromisión al honor, la intimidad personal, la propia imagen y a la protección de datos de María P.B. y la cuantiosa cuantía de la indemnización.

«Esta sentencia es pionera y muy importante ya que abre la puerta a muchos afectados por este tipo de actuaciones de las entidades bancarias y que ven cómo su capacidad crediticia se ve mermada y su honor e imagen dañados” explican desde Don Recuperador, entidad que ha llevado la defensa de María P.B.

FUENTE: confilegal.com

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Condenado por despedir a un trabajador de baja por invalidez

La empresa comunicó a la Seguridad Social la extinción del contrato y le pagó al demandante 9.000 euros; un juzgado de lo Social de la capital califica el despido como improcedente y eleva la indemnización

Condenado por despedir a un trabajador de baja por invalidez

                                        Oficina de la Seguridad Social en Sevilla- ABC

SEVILLA Actualizado:

Un juzgado de lo Social de Sevilla ha condenado a una empresa por el despido improcedente de un trabajador.

Un taller de automóviles de la capital deberá indemnizar a un empleado con el pago de 153.000 euros por la ilegalidad de la extinción del contrato de éste mientras estaba de baja por incapacidad permanente en grado total para su profesión habitual.

En una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, la juez de refuerzo externo del Juzgado de lo Social número tres de Sevilla estima íntegramente la demanda de despido de E.M.C. frente a un taller sevillano, en el que trabajaba de delegado de Ventas, y declara la improcedencia de dicho despido en abril de 2021.

Por ello, condena a la empresa a indemnizar a su exempleado con 153.316 euros más intereses. Lejos de los 9.107 euros que la empresa le reconocía como finiquito en la carta de despido.

El empleado demandante venía trabajando para la empresa especializada en neumáticos de vehículos desde 1983. Desde julio de 2017 se encontraba de baja por incapacidad temporal.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad permanente en grado total con efectos de 30 de marzo de 2021. La revisión por agravación o mejoría se realizará un año después.

Si bien, la empresa, tras recibir la notificación de la entidad gestora, el 15 de abril hizo llegar una carta al trabajador comunicándole que después de tener conocimiento de la notificación del INSS reconociendo su incapacidad permanente en grado total «se veían en la obligación de proceder a darle de baja» en la empresa con fecha de 29 de marzo de 2021.

Además, le indicaban al trabajador que su finiquito era de 9.170 euros, como consecuencia de «la rescisión del contrato de trabajo por incapacidad permanente absoluta, finalizando por ella la relación jurídico laboral existente entre ambas partes».

El trabajador, de la mano de su letrado Borja Ortas, de Lébeq Abogados, presentó acto de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Junta, que acabó sin avenencia.

Ante esta situación, el trabajador demandó a su empresa por considerar improcedente el despido, solicitando la indemnización que legalmente le corresponde.

La empresa alegó que la carta no era de despido sino de comunicación de baja en la Seguridad Social y que por error mandaron una carta modelo usada antes para otro trabajador.

¿Despido o suspensión con reserva de puesto?

Según expone la magistada en la sentencia, lo que en este caso se discute es si la baja en la Seguridad Social operada por la empresa y la comunicación dirigida al trabajador constituye un despido o una suspensión con reserva de puesto, según defiende la empresa.

Analizada toda la prueba, la juez concluye que la empresa no sólo dio de baja en Seguridad Social al trabajador, sino que le notificó junto con la comunicación sobre dicho extremo un finiquito en el que indica haber percibido la suma de 9.107,62 euros en concepto de liquidación final, como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo por Incapacidad Permanente Absoluta, finalizando por ella la relación jurídica laboral existente entre ambas partes.

Hubo voluntad de extinción de relación laboral

Según la juez, «la empresa no se limita a dar de baja al trabajador sino que le liquida las diferencias existentes surgidas en el curso de la relación laboral hasta ese momento, y emplea no sólo el término ‘rescisión’ refiriéndose al contrato de trabajo, sino también el término ‘finalización’ de la relación jurídica laboral, el término ‘cese’ y ‘liquidación final’». 

La empresa sostiene que cometió un error al emplear en el finiquito el modelo de un trabajador que fue declarado en situación de Incapacidad Permanente Absoluta, lo que no acredita.

Si bien consta comunicación al Instituto Nacional de Seguridad Social en junio de 2021, donde indica que la baja en la empresa se hizo con una baja por pase a situación de pensionista a la espera de que en dos años si se resuelve que ya no está incapacitado poder readmitir.

Pero esta comunicación tuvo lugar tras no solo haber tenido conocimiento del acto de conciliación promovida por el trabajador sino incluso después de la celebración sin avenencia de la conciliación.

Dado que que la empresa no solo dio de baja al trabajador en Seguridad Social, sino que en el finiquito dio por finalizada la relación laboral, hubo voluntad de extinción de la relación laboral, que conlleva apreciar la existencia de un despido, que debe ser calificado como improcedente por defecto de forma.

La declaración de incapacidad permanente total del trabajador hace inviable la posibilidad de readmitir al trabajador, por lo que el único término admisible de condena no es ya la opción readmitir o indemnizar que con carácter general contempla el Estatuto del Trabajador, sino que ha de imponerse al empresario la de indemnizar en los términos legales al trabajador despedido.

Ante esto, la juez reconoce al empleado una indemnización por despido improcedente de 153.316 euros más los intereses.

FUENTE: sevilla.abc.es

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Wizink ha sido condenado a devolver a un cliente más de 34.000 euros por una tarjeta revolving

El juzgado también obliga a devolverle todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto inicialmente

Wizink ha sido condenado a devolver
photo_cameraTarjetas revolving.
 

El juzgado de primera instancia número 11 de Barcelona ha declarado nula la tarjeta revolving Citibank que un cliente de Barcelona mantenía con Wizink por falta de transparencia en la contratación de la misma.

Tras la acción de la plataforma Reclama Por Mí, la sentencia condena a Wizink, además de anular la deuda pendiente que el cliente mantenía aún con la entidad, a devolverle todas las cantidades abonadas que excedan del capital dispuesto inicialmente, hasta un total de 34.163 euros, de los cuales 10.825 euros han sido eliminados en concepto de deuda.

En la sentencia se indica que «las cláusulas que habían de regir la relación contractual entre la entidad emisora de la tarjeta y su cliente se consignaron en un texto de tipografía tan diminuta que su lectura resulta impracticable sin la ayuda de una lente de aumento».

La plataforma indica que su objetivo es que cualquier persona que esté «atrapada» por una tarjeta revolving o cualquier otro tipo de producto financiero similar sepa que puede reclamar, incluso tras haber finalizado su contrato, en palabras del COO Reclama por Mí, Javier Moyano.

 
 
 

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El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva de las liquidaciones tributarias

Una sentencia establece que solo los organismos inspectores pueden determinar el cumplimiento o no de la normativa tributaria de los particulares, no los órganos de gestión de Hacienda

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva

El Tribunal Supremo ha establecido que únicamente los órganos de inspección son competentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias y la aplicación de regímenes especiales. La decisión del alto tribunal ha desatado una nueva vía para la reclamación y los despachos profesionales ven en ello campos de actividad cerrados hasta ahora. Los órganos de Gestión Tributaria, de manera habitual, regularizan la situación tributaria de contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación. Para el bufete CIM Tax & Legal, «la única vía que tiene la Administración a priori para evitar perder por una cuestión formal el dinero ya ingresado pasaría por instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de todas estas liquidaciones». 

La sentencia núm. 418/2021 de 23 de marzo estableció que únicamente los órganos de inspección son competentes para ejercer las funciones administrativas para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. Tras este argumento técnico se abren expectativas. En la práctica, esta decisión puede suponer «una apertura de puertas de par en par a los contribuyentes para impugnar liquidaciones tributarias ya firmes por una cuestión meramente formal», según Roger Mestres, abogado y Tax Manager en CIM Tax & Legal. La razón principal es que los órganos de Gestión Tributaria habitualmente comprueban y, en su caso, regularizan, la situación tributaria de contribuyentes con regímenes especiales de tributación. Estos ahora pueden impugnar dichas liquidaciones, logrando que sean declaradas nulas de pleno derecho por haber sido dictadas en el seno de un procedimiento que no era de inspección, es decir, por una cuestión meramente formal.

De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia, Mestres opina que las reclamaciones tendrían el éxito “casi garantizado pese a que la liquidación dictada fuese correcta en el sentido material». La idea es que aunque la nulidad se dé por una cuestión meramente formal, en ocasiones la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez correcto, de inspección para dictar la liquidación. La razón es que el plazo de preinscripción de la actuación de la Administración, de cuatro años, no se habría visto interrumpido por el anterior procedimiento cuya nulidad de pleno derecho se declara.

«Esta situación ya está siendo estudiada por abogados y asesores fiscales, quienes, velando por los intereses de sus clientes, aconsejarán impugnar todas las liquidaciones dictadas por la Administración en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria», opina el abogado, quien asegura que se impugnarán todas las liquidaciones «que se puedan aprovechar de la prescripción correspondiente».

El experto considera que la Administración queda en una posición muy complicada para evitar perder la recaudación obtenida mediante dichas liquidaciones por una cuestión formal. “La única posibilidad es instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas liquidaciones que se hubiesen dictado vulnerando la doctrina ya mencionada e iniciar un nuevo procedimiento, esta vez, de inspección”, opina el abogado. “No parece que la Administración disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicha obra sin perjudicar la obtención de nuevos ingresos derivados de sus facultades de comprobación e inspección”, añade el experto.

FUENTE: elperiodico.com/

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Hacienda ya no podrá cobrar el 21% de IVA cuando reclame a los autónomos.

Agencia Tributaria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, cuando Hacienda detecte ingresos sin declarar por parte de un negocio, se entenderá que el IVA ya viene incluido en la operación y, por tanto, no podrá reclamar este impuesto. Aunque en vía administrativa se venía haciendo, en vía penal se estaba sumando el IVA.
DANIEL GHAMLOUCHE  00:05 06/07/21

Mazazo de Europa al Fisco español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanjó el pasado 1 de julio una de las cuestiones más controvertidas respecto al IVA: cuando Hacienda detecta que un negocio ha ocultado una operación a la Administración ¿se debería entender que el impuesto ya está incluido en dicha operación, o no?

Hasta hace poco, la Administración consideraba en muchas ocasiones que, en los ingresos no declarados que los inspectores detectaban y por los que no se había emitido factura, el IVA se tenía que sumar aparte y, por lo tanto, la base imponible sobre la que se regularizaban los impuestos subía hasta un 21% más.

Es decir, si el Fisco cazaba a un autónomo cobrando ‘bajo mano’ 1.000 euros, se podía entender que esos 1.000 euros eran tan sólo la base imponible -sin impuestos-, y por lo tanto, el 21% de IVA se aplicaría sobre esos 1.000 euros, dando como resultado 210 euros a ingresar en concepto de IVA -más las sanciones y otros impuestos que hubiera que liquidar-.

No obstante, a partir de ahora, Hacienda tendrá que descontar el IVA de los ingresos en B que la inspección detecte, a la hora de calcular  el importe del fraude en este impuestoy también en IRPF o Sociedades. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que, al determinar la base imponible de una operación ocultada por sujetos pasivos del IVA se debe considerar que las cantidades entregadas y recibidas sin presentar a Hacienda «ya incluyen dicho impuesto». 

Hacienda deberá restar el IVA de los ingresos que detecte sin declarar

O dicho de otro modo, «en una operación de 1.000 euros detectada, que no se haya declarado y en la que no se haya emitido factura, se deberá restar el IVA para determinar la base imponible sobre la que se deberán ingresar los impuestos, y calcular así la sanción y los tributos a pagar. Así,  siguiendo ese mismo ejemplo, el IVA a ingresar en este caso ya no sería de 210 euros, sino de 173,5 euros, que sería el 21% de 826,4 euros, y que daría como resultado total los 1.000 euros detectados por la inspección», explicó el director de Spanish VAT Services Asociados y experto en el tratamiento del IVA a nivel intracomunitario, Fernando Matesanz

La sentencia viene a raíz de la petición de decisión prejudicial que elevó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia al Tribunal Europeo en relación con las liquidaciones y sanciones impuestas a una empresa dedicada a la organización de fiestas patronales en Galicia en el marco de una regularización fiscal del IRPF adeudado por el período comprendido entre los años 2010 y 2012. A este contribuyente se le detectaron tres sumas sin declarar ni pagar impuestos por IRPF e IVA: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros en 2012. La cuestión a decidir en este caso era si se debía entender que los tres ingresos abonados en negro a esta empresa ya incluían IVA o no . 

Finalmente, y según Europa, se debe entender que el IVA ya está incluido en la operación en B ya que, de lo contrario, se estaría obligando a pagar el impuesto al empresario, que es sólo un mero transmisor de este impuesto. «Cualquier otra interpretación sería contraria al principio de neutralidad del IVA y haría recaer una parte de la carga de dicho impuesto sobre un sujeto pasivo, siendo así que el IVA sólo debe ser soportado por el consumidor final», explica el TJUE.

De este modo, aclara el Tribunal Europeo, «debe interpretarse que cuando, incurriendo en un comportamiento fraudulento, unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada de las cantidades entregadas debe considerarse un precio que incluye el IVA«.

La Agencia Tributaria ya aplicaba este criterio en los procedimientos administrativos

Aún con todo, lo cierto es que este criterio cambiaría solamente la actuación del Fisco en aquellas infracciones fiscales que se consideren delito penal -por superar la suma de 120.000 euros defraudados y que, además, exista voluntad de defraudar-, ya que en los procedimientos administrativos «esto ya se aplicaba. Hace como un año y medio que en todas las cuestiones contencioso-administrativas, el IVA se entendía incluido en la cantidad defraudada, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo», explicaron fuentes de la Administración a este diario.

Es por ello que, a nivel práctico, «esta sentencia europea no va a cambiar nada en la mayoría de sanciones y regularizaciones que hace el Fisco a los autónomos, por que la mayoría van por vía administrativa, y en esta vía lleva tiempo aplicándose este criterio. En lo penal, sin embargo, hasta la fecha, el IVA no se entendía incluido y puede cambiar mucho el resultado«, añadieron estas mismas fuentes.

Tanto es así que, en el caso de esta empresa gallega, si finalmente el Tribunal Europeo no hubiera decidido entender como incluido el IVA en estas sumas, la base imponible sobre la que calcular los impuestos sería el total de las sumas ocultadas: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros. Es decir, el empresario tendría que haber pagado sólo en concepto de IVA: 13.526 euros, 14.188 euros y 12.744 euros, respectivamente.  

Afectará al IVA, pero también al IRPF o Sociedades

Una diferencia grande, teniendo en cuenta que ahora, entendiéndose como incluido el impuesto: en la primera suma de 64.414 euros, la base imponible sería de 53.234 euros y el IVA a pagar sería 11.179 euros; en la segunda, la base sería 55.833 y los impuestos a pagar 11.726; y en la tercera la base imponible sería 50.158 euros y el IVA sería de 10.533 euros.

Es decir, la diferencia en estas tres operaciones, sólo teniendo en cuenta el IVA, ya superaría los 6.000 euros. «Pero esto también afecta al IRPF, ya que esas bases imponibles más bajas serán las que se tengan en cuenta para aplicar las retenciones que le correspondan al empresario, y en algunos casos, la sanción también se calculará sobre esa base , por lo que la multa también será inferior», explicó

Sanciones por no declarar ingresos

Aún con todo, el Tribunal de Justicia matiza en la sentencia que el respeto a este principio de neutralidad del IVA no se opone en ningún caso a que los Estados miembros adopten sanciones para luchar contra el fraude fiscal. Ya que, a su juicio, un fraude como éste debe castigarse mediante sanciones, y no a la hora de determinar la base imponible del impuesto a regularizar. 

De hecho, la Ley General Tributaria ya entiende como grave la ocultación de ingresos al Fisco y recoge varias sanciones en su artículo 201. Concretamente, por no cumplir con las normas de facturación, el autónomo se enfrentará a un multa pecuniaria proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

Y si directamente no hubiera factura, o no se hubiera conservado, la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 2% el importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no se conozca el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será directamente de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya expedido o conservado la correspondiente factura o tique.

FUENTE: autonomosyemprendedor.es

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Declara nula la cláusula suelo impuesta por Ibercaja a un no consumidor (taxista)

Redacción Editorial Equipo de redacción de Economist & Jurist.

TIEMPO DE LECTURA: 6 MIN  Publicado  

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza ha declarado, en su reciente sentencia de 3 de junio de 2021, la no incorporación y la nulidad de la cláusula suelo contenida en la escritura de préstamo hipotecario suscrita entre Ibercaja y un no consumidor (taxista), el cual solicitó financiación en noviembre de 2006 a la entidad bancaria para adquirir una licencia de taxi.

El presente fallo se une a otros recientes pronunciamientos de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Madrid que también confirmaban la nulidad de la cláusula suelo impuestas a sujetos que no ostentaban la condición de consumidores.

Antecedentes

En noviembre de 2006, la actora suscribió con la demandada escritura de préstamo hipotecario por 180.000 euros, a devolver en 20 años, estableciéndose un plazo fijo inicial del 4,60% los 12 primeros meses, y un plazo variable posterior, que duraría hasta la completa amortización de la hipoteca.

En la cláusula quinta consta, bajo el apartado “Instrumento de cobertura de tipo de interés”, la denominada cláusula suelo: “A estos efectos, se fija el tipo de interés mínimo en el 9% anual y el tipo de interés mínimo en el 4,50% nominal anual”.

En enero de 2017, las partes suscribieron un contrato privado de extinción modificativa del tipo de interés mínimo, cuya estipulación primera señalaba lo siguiente: “Con efecto desde la fecha establecida de entrada en vigor de la novación que figura en las condiciones particulares y para toda la vida del préstamo, el tipo mínimo aplicable de interés será el indicado como ‘tipo de interés mínimo novado’ en sustitución del convenido como ‘tipo de interés mínimo previo’, quedando fijado el tipo de interés mínimo en el 3,75%”.

En el antecedente quinto del citado contrato privado se describe cuál era la situación y el contexto existente en ese momento en relación a las cláusulas suelo y su abusividad ya declarada en el Tribunal Supremo.

La actora suscribió con la demandada escritura de préstamo hipotecario por 180.000 euros, a devolver en 20 años, estableciéndose un plazo fijo inicial del 4,60% los 12 primeros meses, y un plazo variable posterior (Foto: Economist & Jurist)

En la estipulación tercera del aludido documento privado se afirma que las partes renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las limitaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen.

En el pie de la última hoja del reiterado documento privado se contiene la transcripción a mano por la parte actora del siguiente literal: “Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 3,75% nominal anual”.

Posiciones de las partes

Por un lado, la actora ejercita acción de declaración de nulidad de la cláusula suelo, también denominada limitativa del tipo mínimo de interés, contenida en el contrato de préstamo hipotecario, al entender que la misma no supera el control de inclusión.

Por otro lado, la entidad bancaria demandada alega que la cláusula suelo ha sido redactada con claridad, que la misma ha sido objeto de negociación previa y que, además, aquella supera el control de transparencia exigido legal y jurisprudencialmente.

En la misma línea, entiende que el contrato de transacción suscrito por ambas partes con reducción del tipo mínimo de interés y renuncia a las acciones que pudiera corresponder, produce todos los efectos por la doctrina de los actos propios al tratarse de una transacción con autoridad de cosa juzgada entre las partes.

Control de incorporación

Como es sabido, las cláusulas previstas en contratos con condiciones generales de la contratación celebrados con no consumidores están sometidas a un control de incorporación. No obstante, superado este, no están sometidas a un control de contenido, más allá de las reglas generales por las que se rige la validez de todo contrato. Es decir, en definitiva, conforme a los arts. 5 y 7 del Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, solo procederá en este caso un control de incorporación o inclusión de las cláusulas discutidas, pero no un control de transparencia ni de abusividad.

Dicho lo anterior, turno del Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza, este declara en el fundamento de derecho cuarto de la reciente sentencia que, “si bien la cláusula es legible, clara, sencilla y gramaticalmente comprensible, la cláusula se encuentra inserta en una más amplia, entre innumerables datos, y bajo un título que lleva a la confusión (instrumento de cobertura del tipo de interés) en tanto que esta denominación no contribuye a resaltar la importancia de la cláusula, sino que más bien puede conseguir lo contrario, hacer pasar desapercibida”.

La cláusula quinta, bajo el título “Interés”, contempla en sus primeros párrafos el tipo de interés fijo temporal y cómo se configura el interés variable. En cambio, “se pasa, en los siguientes párrafos, a concretar los índices sustitutivos, y sólo unos párrafos después se incorpora la cláusula suelo bajo el confuso, ambiguo y poco claro título a que he hecho referencia, y que, además, en la práctica, solo protegía el tipo de interés aplicable de una subida, pero no de una bajada de tipos (de hecho, el tipo fijo temporal es del 4,60% y el variable a fecha del contrato hubiera sido del 4,738)”, agrega el Juzgador.

Así las cosas, en base a tales circunstancias, “unidas a que no se hace constar siquiera que el Notario autorizante advirtiera a los prestatarios de la presencia de la cláusula discutida, indican que se dio a una cláusula que configura el precio del contrato un tratamiento absolutamente secundario, apartado de aquellas que establecían el tipo fijo temporal y el interés variable, sin concederle la mínima importancia que realmente tiene (nunca en la historia ha superado el Euribor el 5,38% lo que es indicativo del efecto limitante de las bajadas del Euribor de la cláusula suelo en un préstamo a 20 años), convirtiendo la cláusula en sorprendente para el prestatario, quien posiblemente solo advirtió su presencia en el contrato una vez que desencadenó sus efectos”, declara el Magistrado-Juez.

Por ello, en este caso particular, el Juzgador declara la no incorporación de la polémica cláusula y, por lo tanto, la nulidad de la clausula limitativa del tipo de interés al alza y a la baja contendida en el contrato de 2006.

Consecuencias

Una vez declarada la nulidad de la cláusula suelo, el Magistrado-Juez estima que, en virtud del art. 1303 del Código Civil, las partes deberán restituirse recíprocamente lo que hubieran percibido de la otra con sus frutos y el precio con sus intereses.

Debiendo tenerse por no puesta la cláusula limitativa del tipo de interés, con todos los efectos que ello produce en el contrato de préstamo, la entidad bancaria demandada deberá proceder a un nuevo cálculo del capital pendiente de amortización y de los intereses sin el límite mínimo ni máximo declarado nulo, y en el caso de que del nuevo cálculo de los intereses se desprenda que los prestatarios hubieren abonado en concepto de intereses una cantidad superior a la que le correspondería una vez eliminada la cláusula suelo, la entidad demandada deberá abonar dicha cantidad cobrada en exceso, más los intereses devengados por dichas cantidades desde su cobro.

Además, la entidad bancaria deberá asumir el pago de las costas procesales.

Voz letrada autorizada

“El afectado es un no consumidor (taxista), que solicita financiación para adquirir una licencia de taxi con Ibercaja”, apunta Álvaro Domingo García Graells, Socio-Director de García-Graells Abogados y letrado que ha asumido la dirección técnica del presente litigio.

“Al no ser consumidor no ha resultado de aplicación el control de transparencia, sino la doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de inclusión de la cláusula”, agrega.

En primer término, “el Juez anuló el pacto novatorio de renuncia y posteriormente la condición de cláusula suelo por ser oscura”.

“Sin duda es un hito, dado que el control de inclusión solo permite la nulidad a través de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación si la condición es sorpresiva, oscura, etc.”, valora el abogado.

“En García-Graells Abogados hemos sido contratados por la Patronal del Taxi en Aragón y estamos formulando cientos de nuevos procesos de taxistas similares, por lo que va a abrirse este nuevo frente”, concluye el Socio-Director.

Fuente: economistjurist.es

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¿Cuál es el plazo para reclamar los gastos hipotecarios? El Supremo lo decide el 23 de junio

  • Notaría, registro, gestoría, tasación… todos los gastos en el foco
  • Hasta ahora, los juzgados han seguido distintos criterios en cuanto al plazo
  • El precio de estos gastos alcanza unos 1.500 euros de media, según HelpMyCash
¿Cuál es el plazo para reclamar los gastos hipotecarios?
iStock.

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 23 de junio hasta cuándo es posible reclamar la devolución de los gastos hipotecarios.

El fallo determinará si los que contrataron su hipoteca antes del 16 de junio de 2019 aún pueden exigir que se les reembolsen las costas de constitución que los bancos les cobraron indebidamente, cuyo precio alcanza unos 1.500 euros de media.

Hasta ahora, los juzgados españoles han seguido distintos criterios para establecer cuándo empieza y cuándo acaba ese plazo, una situación que se resolverá con la sentencia de nuestro alto tribunal.

HelpMyCash apunta que entender por qué no se tiene claro cuál es el plazo para reclamar hay que conocer la legislación española.

En estos casos, el artículo 1.964 del Código Civil establece que los afectados tienen hasta cinco años para exigir la devolución del dinero. Ahora bien, esta normativa matiza que ese período debe empezar a contar «desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación», es decir, desde que el hipotecado tenga conocimiento de que le cobraron gastos de constitución de manera indebida.

Y es ahí donde radica el principal problema, pues existen interpretaciones jurídicas distintas sobre en qué momento se tenía conocimiento de que se podía reclamar: desde la publicación de la primera sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el cobro de todos los gastos hipotecarios (23 de enero de 2015), desde el fallo en el que se establecía por primera vez qué costas correspondían al banco y cuáles al cliente (24 de enero de 2019), desde la sentencia que especificaba que la tasación también debía abonarla la entidad (27 de enero de 2021)…

A la espera de una interpretación clara

Así, dependiendo de en qué punto se considere iniciado ese plazo, los afectados ya no podrán reclamar por estar ya prescrito o podrán exigir la devolución de los gastos indebidamente cobrados hasta enero de 2024 o de 2026, si tomamos por válidos los ejemplos mencionados anteriormente.

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 23 de junio cuál de estas interpretaciones sería la correcta y marcará el camino a seguir al resto de los juzgados españoles.

El alto tribunal, eso sí, deberá respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia. Según este organismo, la legislación nacional sí puede establecer un plazo de prescripción para reclamar indemnizaciones, pero este no debe hacer «imposible o excesivamente difícil» la recuperación del dinero. Además, tampoco puede empezar a correr a partir de la celebración del contrato, es decir, de la firma de la hipoteca.

Para los afectados, lógicamente, la interpretación más beneficiosa sería que ese plazo aún no hubiese prescrito, mientras que la banca espera que el Supremo aplique un criterio más restrictivo.

En cualquier caso, los que hayan interpuesto su reclamación antes de esa hipotética prescripción podrán, según HelpMyCash, recuperar los gastos hipotecarios que debía abonar su entidad: la mitad de la notaría y todas las costas de registro, gestoría y tasación.

Para conocer cuánto se podría reclamar, los afectados pueden usar la calculadora gratuita que se adjunta a final de este texto. La herramienta permite saber cuánto podría recuperar cada hipotecado.

Por ejemplo, para un préstamo medio de 150.000 euros, el afectado podría reclamar a su banco el reembolso de unos 1.506 euros: 431 euros en aranceles notariales, 375 euros en costas registrales, 400 euros en honorarios de la gestoría y 300 euros en gastos de tasación.

Fuente: eleconomista.es

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Anulan por usura un crédito suscrito con 211% de interés

ALBERTO ABASCAL  – viernes, 4 de junio de 2021

La compañía estonia Bondora devolverá lo cobrado por intereses remuneratorios al cliente palentino · El coste del préstamo de 1.590 euros se elevaba al final a los 4.182,37

Anulan por usura un crédito suscrito
Un logotipo utilizado por la firma Bondora.
 

El juzgado de primera instancia número 4 ha condenado a la entidad financiera Bondora, con sede en Estonia, a anular un contrato de crédito suscrito con un cliente de la capital. La jueza titular ha estimado la usura del contrato, ya que se aplicaba un interés del 211,03% TAE, una cifra que supera en más de 200 puntos lo establecido como interés medio de los créditos al consumo

El cliente, agobiado por los intereses astronómicos que le hacían imposible el pago, puso el caso en manos de una compañía legal líder en reclamaciones de tarjetas de crédito revolving y créditos abusivos,  Don Recuperador ( www.donrecuperador.com ). De hecho, el asunto ha sido defendido por su director jurídico Antonio Castro, que indicó que su cliente solicitó a Bondora un importe de 1.590 euros en concepto de préstamo y que  la cantidad a devolver, aplicados los intereses,  ascendía a 4.182,37 euros. 

FALLO PIONERO. Con este  fallo, pionero en España, Bondora ha sido condenada a anular el contrato por usura en aplicación de una Ley vigente en España desde 1908, con la consiguiente obligación de devolver al actor el exceso que hubiera satisfecho en dicho concepto; todo ello, con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada. 

La sentencia emitida por el juzgado de primera instancia número 4  indica que el contrato objeto de la demanda «es notablemente superior al normal del dinero», después de hacer la comparativa con «los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito conforme a las estadísticas publicadas por el Banco de España para el año de suscripción del contrato en cuestión, 2017, y ello en relación con los créditos al consumo».

El interés medio de los créditos al consumo en la fecha en que fue concertado el contrato era del 8,39% mientras que Bondora le aplicó al cliente un 211, 03% TAE, según la  información aportada a este periódico por la defensa legal del cliente palentino.

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Las claves de la reforma que anula la incapacitación judicial

Las claves que de la reforma que anula la incapacidad por sentencia judicial
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Un juzgado reconoce la fijeza de un trabajador temporal que ocupaba un puesto en el Ayuntamiento de Torrelavega desde 2005

QUEDÓ DEMOSTRADO QUE HABÍA SUPERADO UN COMPLETO PROCESO DE SELECCIÓN
Sentencia trabajador fijo en ayuntamientoEl titular del juzgado de lo Social 3 explica que se trata de un supuesto excepcional, ya que previamente ha dictado distintas sentencias denegando las pretensiones de fijeza.

 |  | Actualizado: 02/06/2021 17:25

El magistrado Pablo Rueda, titular del juzgado de lo Social 3 de Santander, ha acordado la fijeza de un trabajador temporal que llevaba 16 años en el mismo puesto en el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).

En la sentencia 202/2021, 28 de mayo, reconoce el derecho de un educador social que empezó a trabajar en el Consistorio en 2005 y fue prorrogando los contratos hasta hoy.

Este asunto ha sido llevado por la abogada madrileña Beatriz González, una de las letradas pioneras en la defensa de los trabajadores temporales en estos últimos diez años.

«Se da la circunstancia que este profesional superó un proceso de selección, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para acceder a la plaza con unas notas excelentes incorporándose como personal temporal y no ha habido más procesos de selección hasta el momento”, explica González.

Ante la incertidumbre de su futuro y la posibilidad de perder la plaza ante la convocatoria de nuevos procesos de selección contactó con el despacho de González.

“Asesoramos a este trabajador en varias reuniones que tuvo con el Ayuntamiento para solventar este problema y no acabar en la vía judicial, pero no se llegó a ningún acuerdo. Eso hizo que planteásemos la reclamación previa y luego la demanda ante la situación de abuso que sufría cubriendo necesidades estructurales como trabajador temporal”, señala.

“En los juzgados de lo Social se habla más de fraude y se suele convertir la situación de esos trabajadores temporales en indefinidos. El juez es el que decide la sanción. Nosotros solicitamos la fijeza según la Directiva 1999/70 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al final el juez lo hace fijo, inamovible en su puesto de trabajo”.

En declaraciones a Confilegal explica que “la sentencia destaca por su sencillez, no introduciendo más elemento que, ante la no oposición de la Administración de los hechos que se declararon como probados, que fueron el vínculo del Ayuntamiento con el trabajador, mediante un contrato de interinidad de duración determinada que se prorrogaba anualmente año tras año, la consecuencia de un abuso en esa contratación, como decimos no se cuestiona y así es declarada”.

También indica que “no entra en índices de temporalidad, ni más elementos, ciñéndose en un aspecto primordial y esencial que destaca, y lo hace diferente al resto de las sentencias dictadas, que es que el demandante había superado un completo proceso selectivo, un proceso concurso -oposición que reunía, sin ninguna duda, los requisitos de acceso exigidos en el derecho nacional y con ello el artículo 23 de la Constitución Española”.

Beatriz González, abogada.

Por otro lado, apunta, “el juzgador destaca, así lo hace expresamente, que se trata de un supuesto excepcional, ya que previamente había dictado distintas sentencias denegando las pretensiones de las partes, en el sentido de no reconocer la fijeza”.

Para González, otro elemento a tener en cuenta “es que no se otorga al trabajador la condición de indefinido no fijo, que es la sanción que otros tribunales, si otorgan, y ello, a pesar de que la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, en los asuntos acumulados C-103/2018 y C-249/2018, expresamente declaró que no es sanción adecuada al abuso en la contratación temporal, el acceso, en cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, le llevan al juzgador, a la conclusión de que, en este caso, lo procedente es la fijeza, en definitiva la estabilidad, exigida por la Directiva Europea, siguiendo los argumentos que en la demanda se esgrimían».

“Sabemos que, estas sentencias entre las múltiples dictadas son una excepción, pero su pronunciamiento hace que recobremos la ilusión, de que caso por caso, supuesto por supuesto, cuando se produce un acceso cumpliendo los requisitos legales, los juzgadores, no son ajenos a esa realidad, reconociendo una fijeza”.

Este tipo de asuntos van a los juzgados laborales o a los contenciosos, depende de si es personal temporal laboral o interinos laborales, frente al personal estatutario o funcionarios interinos que a los juzgados contencioso administrativo.

“La Directiva se aplica a todo el personal laboral, ya sea laboral o interino. En un principio. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un sentencia de 2018, de un interino de un Ayuntamiento de Galicia que supera un proceso de selección para trabajadores temporales, señala que tras llevar 18 años trabajando el juez le hizo fijo al comprobar que este profesional cubría necesidades temporales de la administración de forma continuada, lo que sí es abusivo”.

Sobre el recurso, indica que “el caso es tan claro… ya que ha superado el proceso de selección de forma completa, por eso, creemos que podría ser confirmada en segunda instancia por el TSJ de Cantabria”.

“También conocemos que en otros supuestos a pesar que el trabajador temporal había superado procesos de selección con las garantías del artículo 23 de la CE, el sentido de las sentencias es desfavorable, esta contracción precisamente, tendrá que resolverse en los recurso de casación por unificación de doctrina, que ya están planteados por este despecho”, advierte.

Fuente: confilegal.com

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La vía legal para anular el pago de la Plusvalía, incluso si hay ganancias con la venta de la casa

La vía legal para anular el pago de la Plusvalía
Gtres

Autor:@pmartinez-almeida 25 mayo 2021, 6:04

Cuando se vende o se hereda una vivienda hay que pagar la Plusvalía municipal, un impuesto que grava el valor del terreno en caso de que haya habido una ganancia para el contribuyente. 

Este tributo puede autoliquidarse o en algunas ocasiones el ciudadano debe presentar la “declaración de liquidación” para informar al ayuntamiento correspondiente de la transmisión: éste le notifica posteriormente una liquidación cuantificando el impuesto.

El problema es que el consistorio suele tardar más de seis meses en notificar, con lo que el procedimiento caduca para alegría del contribuyente: puede evitar el pago de este impuesto.

¿Qué pasa si el ayuntamiento de turno notifica la liquidación más allá del plazo de seis meses? 

José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que si el contribuyente cumple con su obligación de declarar el impuesto en plazo (30 días hábiles para transmisiones intervivos y seis meses, prorrogables a un año en caso de inmuebles heredados), el Ayuntamiento tiene tan solo seis meses para notificarle la liquidación de la plusvalía municipal.

Y este plazo empieza a contar no desde la fecha en que presentó el contribuyente la declaración, sino desde el último día que había para hacerlo. 

Por el contrario, si el contribuyente presentara la declaración fuera de plazo, los seis meses para notificarle la liquidación se cuentan desde el día siguiente a la presentación de la citada declaración.

El artículo 129.1 de la LGT es claro al disponer que “la Administración tributaria deberá notificar la liquidación en un plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración”.

Pero el experto asegura que los ayuntamientos suelen tardar más de seis meses en girar la liquidación del impuesto, lo que favorece al contribuyente.

Y es que el artículo 130 de la Ley General Tributaria establece que el procedimiento de declaración con liquidación finaliza “por caducidad, una vez transcurrido el plazo de seis meses (desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración) sin haberse notificado la liquidación, sin perjuicio de que la Administración tributaria pueda iniciar de nuevo este procedimiento dentro del plazo de prescripción.”

¿Qué supone esto para el contribuyente? Salcedo recuerda que la caducidad supone que nada de lo actuado ha interrumpido la prescripción. “Y nada es nada.

Es decir, ni la declaración del contribuyente, ni la liquidación del Ayuntamiento, ni el recurso que pudiera haber presentado el contribuyente para solicitar se declare tal caducidad, ni tampoco la resolución, administrativa o judicial, que le dé la razón, y considere caducado el procedimiento, tendrán tal efecto interruptivo”, señala el experto.

Esto significa que, una vez declarada la caducidad del procedimiento de declaración con liquidación, existe la posibilidad de que el Ayuntamiento ya no pueda iniciar de nuevo el procedimiento, porque ha prescrito este derecho.

Ello será así, incluso en el caso de que el contribuyente hubiera presentado su declaración fuera de plazo.

Así lo ha recordado recientemente el TEAC, en resolución de 26-2-2021, que sigue la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en sentencia de 25-11-2019 (6270/2017).

Y es que el Alto Tribunal, en respuesta a la cuestión de si “una declaración extemporánea interrumpe la prescripción y, en consecuencia, el reinicio del expediente puede considerarse efectuado sin haberse cumplido aún el plazo de prescripción”, decidió que “declarada la caducidad de un expediente iniciado por declaración, los actos del mismo, incluyendo la declaración, no interrumpen el plazo de prescripción, por lo que sólo puede reiniciarse el procedimiento si no ha transcurrido el plazo legalmente establecido.”

Qué deben hacer los contribuyentes

Salcedo aconseja que lo más prudente es no alegar caducidad en un primer momento porque entonces el Ayuntamiento tendrá todo el tiempo del mundo para estimar el recurso presentado y volver a empezar de cero.

Por ello, recomienda retrasar lo más posible la alegación, ganar tiempo. O lograr que, al menos, el ayuntamiento de turno no tenga apenas margen para iniciar de nuevo el procedimiento.

“Estamos, en definitiva, ante una vía procesal mediante la que es posible anular cualquier liquidación de plusvalía. Y ello, independientemente de que haya existido ganancia o pérdida en la transmisión”, señala José María Salcedo.

Qué pasa si el contribuyente no declara la venta o la herencia de la vivienda

La cuestión cambia mucho si es el contribuyente el que no declara la venta o la herencia de una vivienda.

Es decir, cuando ni siquiera presenta la declaración exigida por la ordenanza municipal.

En este caso, el Ayuntamiento iniciaría un procedimiento de comprobación limitada para comprobar la falta de declaración del tributo y, acto seguido, proceder a su liquidación.

“El plazo que tiene la Administración para iniciar dicho procedimiento de comprobación limitada es el general de prescripción.

Es decir, el de cuatro años contados desde el último día que tuvo el contribuyente para presentar la declaración del impuesto”, sentencia Salcedo.

Qué es la plusvalía y cuándo se paga

Se trata de un impuesto municipal que grava el incremento de valor de los inmuebles de naturaleza urbana cuando se produce una transmisión.

La fórmula de cálculo de este impuesto no tiene en cuenta el precio de compraventa, ni la ganancia obtenida, sino tan solo el valor catastral del inmueble.

El cálculo del impuesto se hace en función de unas tablas de coeficientes que corrigen el importe que debemos de pagar en función del tiempo durante el que se ha mantenido la posesión del inmueble con un máximo de 20 años.

Este impuesto debe pagarse cada vez que haya una transmisión, ya sea por compraventa o permuta.

En líneas generales, paga la plusvalía quien transmite el inmueble, excepto en la herencia o donación que lo paga quien lo recibe.

Dónde y cómo se tramita la plusvalía

El impuesto debe tramitarse en el Ayuntamiento donde esté ubicado el inmueble en el plazo de 30 días naturales desde la transmisión, si ha sido por actos intervivos (compraventa, donación), o de 6 meses, prorrogables a un año, desde el fallecimiento si ha sido adquirido por herencia.

La ordenanza municipal es la que establecerá, para cada Ayuntamiento, si hay que presentar una declaración con toda la documentación referente a esa transmisión y es el Ayuntamiento el que notificará la liquidación resultante, con su plazo de pago en voluntaria.

O si, por el contrario, es el contribuyente el que debe autoliquidar el impuesto. Es decir, declararlo, cuantificarlo, e ingresarlo en las arcas municipales.

FUENTE: idealista.com

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El TS reconoce a una entidad deportiva como consumidora y anula la cláusula suelo de un préstamo que suscribió

DESESTIMA EL RECURSO DE CASACIÓN QUE INTERPUSO ABANCA CONTRA LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONALa Audiencia Provincial consideró que la asociación sin ánimo de lucro debe ser considerada consumidora y que la cláusula no superaba el control de transparencia. Foto: Confilegal.

Irene Casanueva | 14/05/2021 6:48 | Actualizado: 14/05/2021 0:28

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona por la que se reconoció al Real Club Náutico de Tarragona como consumidor y declaró nula la cláusula suelo que contenía el contrato de préstamo que la entidad deportiva suscribió con Abanca.

La Sala de lo Civil, en la sentencia 232/2021, 29 de abril, desestima el recurso de la entidad bancaria que, entre otros motivos, alegaba que una asociación que solicita un préstamo para realizar obras de mejora en las instalaciones del club que explota en un ámbito profesional, no era consumidora.

Asimismo, argumentaba que en la fecha en que se suscribió el contrato, lo determinante era el destino final de la operación y no la ausencia de ánimo de lucro, concepto que se introdujo posteriormente en el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios.

Abanca consideraba que la Audiencia Provincial hizo una aplicación retroactiva del artículo 3 y se apartó de la interpretación restrictiva que del concepto jurídico de consumidor ha venido efectuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sin embargo, el tribunal, formado por Ignacio Sancho Gargallo,Rafael Sarazá JimenaPedro José Vela Torres -ponente- y Juan María Díaz Fraile, lo desestima y confirma la interpretación dada por la Audiencia Provincial de Tarragona.Una nueva sentencia del Supremo consolida la jurisprudencia que considera consumidores a las comunidades de propietariosLa sentencia viene a clarificar definitivamente la condición de consumidora de las comunidades de propietarios, que son personas jurídicas.

El asunto deriva del contrato de préstamo hipotecario firmado en marzo de 2007 entre el Club Náutico de Tarragona y Caja de Ahorros de Galicia (actualmente, Abanca), un contrato a interés variable, que contenía una cláusula de limitación a la variabilidad del tipo de interés con 3% de suelo y 10% de techo.

El club presentó una demanda contra la entidad prestamista, en la que solicitó que se declarase la nulidad por abusiva de la cláusula de limitación de la variabilidad del tipo de interés y se condenara a la entidad a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por su aplicación.

El juzgado de Primera Instancia 1 de el juzgado de Tarragona dictó sentencia en la que estimó la demanda, al considerar que el club tenía la cualidad legal de consumidor y que no había sido informado debidamente de las consecuencias jurídicas y económicas de la cláusula suelo.

Como consecuencia de ello, declaró la nulidad de la cláusula litigiosa y ordenó la devolución de las cantidades abonadas por su aplicación.

Posteriormente, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de Abanca y señaló que una asociación sin ánimo de lucro debe ser considerada consumidora y que la cláusula no superaba el control de transparencia. La entidad formuló un recurso de casación.

El concepto de consumidor debe ser interpretado siguiendo el principio de primacía del Derecho de la Unión

Ahora, el Supremo recuerda que conforme a Ley de Consumidores de 1984, vigente a la fecha de suscripción del contrato, tenían tal cualidad quienes actuaban como destinatarios finales de los productos o servicios, sin la finalidad de integrarlos en una actividad empresarial o profesional.

«Esta identificación del consumidor con el destinatario final del producto o servicio fue la que impregnó la jurisprudencia que interpretó la Ley de Consumidores de 1984 y el sentido de su posterior reforma», explica la Sala.

A su vez, agrega, el artículo 3 del Texto Refundido de 2007 matizó tal concepto, al afirmar que «son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional».

El Supremo destaca que «cualquiera de las dos definiciones (que no están tan alejadas como la recurrente pretende, pues ambas giran alrededor del criterio negativo de la actividad profesional o empresarial) debe ser interpretada a la luz de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, y su aplicación por el TJUE».

De modo que, «aunque en la fecha de celebración del contrato litigioso el criterio era el del destino final y no el de la actividad profesional, que se introdujo en el TRLCU unos meses después, la jurisprudencia comunitaria ya aplicaba este último criterio».

Por ello, la Sala sostiene que, como ya fijó en 2018 y 2019, «el artículo 1 LGCU debe ser interpretado a la luz de esa jurisprudencia comunitaria anterior a la promulgación del TRLCU, conforme al principio de primacía del Derecho de la Unión (sentencia del Tribunal Constitucional 75/2017, de 19 de junio».

Interpretación restrictiva en relación con la posición de la persona en un contrato determinado

Además, recuerda que los criterios de Derecho Comunitario para calificar a una persona como consumidora han sido resumidos en la sentencia del TJUE de 14 de febrero de 2019, asunto C-630/17.

En esta resolución se fija que el concepto de consumidor «debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras».

«Por consiguiente, solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido […] para la protección del consumidor como parte considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional», recuerda.

Por ello, señala, «nuestra legislación de consumidores, ya desde la Ley de 1984, ha ampliado el concepto de consumidor a las personas jurídicas, siempre y cuando actúen sin ánimo de lucro».

En este caso, concluye, «la prestataria era una asociación deportiva y que dedicara el préstamo a la mejora de sus instalaciones no implica ánimo de lucro, pues entraba dentro de sus finalidades no lucrativas el mantenimiento de sus propiedades».

Además, indica que el hecho de que la asociación, a su vez, sea socia de algunas sociedades mercantiles «no empece lo anterior, pues las mismas eran ajenas al contrato litigioso, hasta el punto de que, según consta en las actuaciones, se constituyeron con posterioridad a su celebración».

Por último, apunta que para que se pudiera considerar que la mejora de las instalaciones deportivas financiada por el préstamo se enmarcó en un ámbito o finalidad empresarial, «tendría que haberse acreditado en la instancia que estas instalaciones eran objeto de una explotación económica por el club».

Tampoco se ha probado que el préstamo tuviera una doble finalidad (consumo y profesional), «por lo que ni siquiera cabe hacer el enjuiciamiento desde la perspectiva del destino mixto y de la actividad residual», concluye.

De modo que no puede negarse que la asociación demandante actuara en calidad de consumidora en la operación enjuiciada. Desestima el recurso de Abanca y condena a la entidad al pago de las costas.

FUENTE: confilegal.com

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Es usurario el interés remuneratorio del 10,15 % TAE de un contrato de crédito al consumo de 2015

Usurario interés remuneratorio en contrato de crédito al consumo de 2015

Redacción Editorial

Equipo de redacción de Economist & Jurist.TIEMPO DE LECTURA: 3 MIN Publicado 11/05/2021

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Coincidiendo con la sentencia apelada, la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado en su reciente fallo de 23 de abril de 2021 que, el tipo de interés remuneratorio pactado del 10,15 % TAE de un contrato de crédito al consumo de 2015, resulta notablemente superior a la media fijada para las operaciones de crédito al consumo publicada por el Banco de España a la fecha del contrato (6,20 % TAE).

En cambio, a juicio de la entidad bancaria apelante, la tabla que debería de tomarse en consideración es la establecida en el capitulo 19.4 relativa a las tarjetas de crédito/revolving, en el que la media para este tipo de productos en 2015 era de un 8,10 % TAE, tan solo dos puntos superior al 10,5 % TAE aquí acordado, lo que no podría reputarse como un interés notablemente superior al normal del dinero.

Antecedentes

En diciembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid estimó la acción de nulidad del contrato de crédito al consumo de fecha 2 de febrero de 2015, ejercitada por la representación procesal de la clienta afectada contra el Banco Cetelem.

Tarjeta de crédito Banco Cetelem (Foto: Cetelem)

Invocaba la actora con carácter principal la nulidad, por usurario, del interés remuneratorio del contrato. Con carácter subsidiario, se ejercitaba la acción de nulidad de la condición general de la contratación por abusividad y falta de transparencia.

Así, la Juzgadora de instancia, aplicando el art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, declaró que el tipo de interés remuneratorio pactado del 10,15 % TAE era notablemente superior al normal del dinero. Para llegar a tal conclusión, tomó como referencia el establecido para las operaciones de crédito al consumo en la fecha, es decir, el 6,20 % TAE.

Fruto de lo anterior, el Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid, condenó a la entidad bancaria a devolver a la actora las cantidades abonadas en concepto de interés remuneratorio.

Recurso de apelación

Disconforme con la sentencia de instancia, la representación del Banco Cetelem recurre en apelación negando el carácter usurario del préstamo.

En opinión de la entidad financiera debería tomarse como interés de referencia no el interés legal del dinero, ni tampoco el aplicado a otros productos que en nada tienen que ver con el contrato de autos, sino el que es aplicable en el mercado a productos similares, operaciones de crédito al consumo correspondientes a las tarjetas revolving, el cual, en el 2015, de acuerdo con las publicaciones del Banco de España, era de un 8,10 %, tan solo dos puntos superior al 10,5 % TAE pactado, lo que no podría reputarse como un interés notablemente superior al normal del dinero.

Audiencia Provincial de Madrid

Pues bien, a juicio de la Sección Novena de la AP de Madrid, para determinar la referencia a utilizar como “interés normal del dinero” para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es o no usurario, el Alto Tribunal, en su STS 149/2020, de 4 de marzo, señalaba que deberá “utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

Por tanto, aplicando el citado criterio del Alto Tribunal a la operación que aquí examinamos, el tipo de interés 10,15 % TAE “resulta notablemente elevado a los tipos aplicados a créditos de esta naturaleza en la época en que se concertaba el contrato que por ello y por las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones, ha de considerarse usurario”, mantiene la Sala.

Todo ello “con las consecuencias del art. 3 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios”, añade el reciente fallo.

En definitiva, como es de esperar, la Sección Novena de la AP de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del Banco Cetelem y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 48 de Madrid.

Además, la Sala impone las costas de esta alzada a la entidad financiera recurrente.

La dirección Letrada del caso ha sido asumida por Preico Jurídicos.

FUENTE: economistjurist.es

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Un padre deberá abonar la pensión de alimentos pese a probar que el hijo no es biológico

 
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado en su sentencia de 17 diciembre de 2020 que, un padre deberá abonar la pensión alimenticia a su hijo de 17 años, pese al propio reconocimiento de la madre y de la prueba biológica de paternidad aportada en la vista oral que acreditan que el hijo no es biológico.

 
Un padre deberá abonar la pensión de alimentos a hijo no es biológico

Antecedentes

En diciembre de 2019, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Córdoba, mediante sentencia, estableció, entre otros extremos, la atribución de la guarda y custodia del hijo menor de edad a la madre, patria potestad compartida y una pensión de alimentos a favor del hijo y a cargo del padre por importe de 150 euros mensuales.

El padre no comparte tales conclusiones a razón, en suma, por la que interpone el presente recurso de apelación invocando a sensu contrario el art. 39.3 de la Constitución Española: “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

“Alega el padre que el mismo no es el progenitor biológico del menor, luego no está incluido en el mandato constitucional de prestar asistencia de todo orden a los hijos”.

En particular, alega el padre que el mismo no es el progenitor biológico del menor -tal y como reconoció la propia demandante y resulta de la prueba biológica de paternidad aportada en la vista oral- luego no está incluido en el mandato constitucional de prestar asistencia de todo orden a los hijos.

Así, la representación procesal del padre solicita la revocación de la sentencia de instancia, con íntegra desestimación de la demanda.

Audiencia Provincial de Córdoba

“Revisado el contenido de las actuaciones, se ha de anticipar que el recurso debe ser desestimado”, anuncia la Sala al inicio del fundamento de derecho segundo de la sentencia.

Recuerda la AP de Córdoba que la filiación no matrimonial que ha sido determinada mediante cualquiera de las formas legalmente establecidas podrá ser impugnada por la vía de las acciones de impugnación establecidas en los arts. 136 y siguientes del Código Civil. Asimismo, subraya que, “como indica la sentencia apelada”, “el ejercicio de dichas acciones (y, más concretamente y por lo que aquí respecta, de la acción de impugnación de paternidad no matrimonial), debe de atemperarse no sólo al correspondiente plazo para su valido ejercicio que respectivamente se establece en los citados arts. 136 y ss., sino también al específico cauce procesal referido en los arts. 748-2 y 764 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En concreto, como en el presente caso la sentencia de instancia se acomoda fielmente a la determinación de la filiación que viene legalmente establecida e incluso al propio y consciente actuar del demandado (y ahora apelante) que la misma refiere de una forma incuestionada-actuación notarial de 14 de febrero de 2018, “la consecuencia mal puede ser distinta a la anticipada”, advierte la Sala.

Además, mantiene la AP de Córdoba que el apelante, frente a la concreta pensión alimenticia establecida “nada ha aducido en orden a la mayor o menor proporcionalidad de su cuantía, ni en orden a la imposibilidad material de atenderla con sus medios de fortuna”, sino que a través de “una voluntarista heterodoxia procesal”, pretende, eludiendo “los requisitos y cauce legalmente establecidos y del correspondiente análisis de oportunidad, así como de su eventual resultado más o menos favorable, hacer lineal proyección de una acción impugnación de paternidad en la fase probatoria de este procedimiento, y ello es plenamente inviable por contradecir las más elementales razones del denominado orden público procesal”, concluye la sentencia.

Así, tras desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Córdoba, la Sección Primera de la AP de Córdoba le impone al apelante el abono de las costas causadas en esta alzada, en base a los arts. 394 y 398 de la LEC.

FUENTE: economistjurist.es

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Es nula la penalización por incumplir el compromiso de permanencia de Orange

JURISPRUDENCIA

Equipo de redacción de Economist & Jurist.  TIEMPO DE LECTURA: 3 MIN Publicado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha declarado, en su reciente sentencia de 13 de abril de 2021, la nulidad de la penalización de 2.470 euros impuesta por Orange a una mercantil por incumplir el compromiso de permanencia.

El Magistrado-Juez confirma que si en el contrato no figura de un modo claro “cuál es el importe de la pena o el modo en que se calcula, así como la concreta obligación o servicio al que se liga la pena”, la cláusula de permanencia no resultará aplicable.

Condena en costas al operador naranja.

Penalización por incumplir el compromiso de permanencia de Orange

Antecedentes

En septiembre de 2018, la mercantil actora convino determinados servicios de telecomunicaciones con la demandada (Orange Espagne S.A.U.).

En diciembre de 2019, la demandante solicitó la portabilidad de distintas líneas telefónicas. Así, fruto de lo anterior, la compañía naranja le aplicó a la mercantil determinadas penalizaciones (2.470 euros en total) por incumplimiento del compromiso de permanencia.

En concreto, 2.210 euros por las líneas correspondientes al contrato número 1 y en el que se dio de baja el 31 de diciembre de 2019 aunque se descontaron 550 euros por haberse extraviado la documentación relativa a dos líneas con posterioridad a la demanda; 540 euros por las líneas correspondientes al contrato número 2; y 270 euros por las líneas correspondientes al contrato número 3.

Consecuencia de las penalizaciones descritas, la representación procesal de la mercantil presentó demanda en enero de 2020 contra la compañía naranja, en ejercicio de acción declarativa de nulidad o inexigibilidad de cláusula penal.

Nulidad de la penalización

Turno del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón, su Magistrado-Juez anuncia en la reciente sentencia que, como se desprende de los contratos aportados por la demandada, el compromiso de permanencia era de 24 meses.

No obstante, de los mismos documentos citados “no extrae este juzgador la cláusula contractual que fija la pena para el caso de incumplir el compromiso de permanencia ni el modo en que se calcula, en su defecto, la misma”, advierte el fallo.

Igualmente, tampoco indica la demandada dónde figura tal cláusula, siendo insuficiente el contrato-modelo aportado, el cual, además, “la actora no ha firmado”, matiza el Magistrado-Juez.

“En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado”, señala el párrafo primero del art. 1152 del Código Civil.

Así, el citado precepto “le atribuye una función liquidadora o de pena sustitutiva comprendiendo el valor de la prestación y el importe de los daños y perjuicios con la ventaja de poder el acreedor exigir en caso de incumplimiento el pago de la pena, sin probar el daño sufrido”.

Por tanto, si esa es su función, resulta “evidente que contractualmente debe figurar de modo claro (como ocurre en el contrato-modelo pero no en los suscritos por la actora) cuál es el importe de la pena o el modo en que se calcula, así como la concreta obligación o servicio al que se liga la pena”, alerta el Juzgador.

“No cabe aplicar la pena, porque este importante elemento del contrato y del que pende la facultad rescisoria connatural a este tipo de contratos quedaría al arbitrio de una sola de las partes”.

En cambio, si como en el presente supuesto, en el contrato no figura la cláusula de penalización, ni el modo en que se calcula, la permanencia no es clara y no se podrá aplicar.

“No cabe aplicar la pena, porque este importante elemento del contrato y del que pende la facultad rescisoria connatural a este tipo de contratos quedaría al arbitrio de una sola de las partes infringiéndose el art. 1256 del CC”, concluye la sentencia.

Fallo

En virtud de lo señalado en párrafos anteriores, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón estima la demanda formulada por la mercantil y declara nula la penalización por incumplir el compromiso de permanencia.

Además, el Juzgador condena en costas al operador naranja, por penalización por incumplir el compromiso de permanencia de Orange.

La representación legal de la parte demandante y afectada la ha ejercido Marta Hernández Álvarez, Socia y Directora letrada en misletrados.com.

FUENTE: economistjurist.es

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Qué pasa con las reformas de la vivienda si se liquida el régimen de gananciales

En caso de divorcio, se tiene en cuenta el aumento de valor que experimenten los bienes privativos como consecuencia de las mejoras o inversiones efectuadas en los mismos durante el matrimonio.

ITZIAR ECHEANDIA / ROSA ALEVITO NOTICIA03.05.2021 – 04:30h 

Qué pasa con las reformas de la vivienda si se liquida el régimen de gananciales

Qué pasa con las reformas de la vivienda si se liquida el régimen de gananciales©️[Ulianna] a través de Canva.com

PREGUNTA

  • Mi marido y yo nos estamos divorciando de mutuo acuerdo y pretendemos liquidar nuestra sociedad ganancial. La que ha sido nuestra vivienda familiar durante más de quince años es propiedad de mi marido –la recibió de herencia de sus padres-, pero durante todos estos años hemos ido haciendo reformas de importancia que considero que deben tenerse en cuenta. ¿Es así? Gracias

El artículo 1.359 del Código Civil dispone que: «Las edificaciones, plantaciones y cualesquiera otras mejoras que se realicen en los bienes gananciales y en los privativos tendrán el carácter correspondiente a los bienes a que afecten, sin perjuicio del reembolso del valor satisfecho. No obstante, si la mejora hecha en bienes privativos fuese debida a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges, la sociedad será acreedora del aumento del valor que los bienes tengan como consecuencia de la mejora, al tiempo de la disolución de la sociedad o de la enajenación del bien mejorado».

Por su parte, el artículo 1.361 del Código Civil dice: «Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges».

En consecuencia, no cabe duda de que el aumento de valor que experimenten los bienes privativos como consecuencia de las mejoras o inversiones efectuadas en los mismos durante el matrimonio, ha de integrarse en la sociedad de gananciales cuando esta se liquide.

Los Tribunales tienen dicho que para que surja el crédito a que se refiere el artículo 1.359.2 del Código Civil es preciso que la mejora se deba a la inversión de fondos comunes o a la actividad de cualquiera de los cónyuges de modo que, si el bien privativo resultara mejorado por otras causas, por ejemplo, por la actividad de terceros y a su costa o por obra de la naturaleza o del tiempo, la sociedad de gananciales no tendrá derecho alguno por razón de la mejora en sí. No obstante, existe una presunción legal que atribuye el carácter ganancial a dichas mejoras, siempre que se realicen constante el matrimonio; de modo que será necesario acreditar lo contrario en su caso.

FUENTE: lainformacion.com

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Castigo a la banca por eternizar las cláusulas suelo

Consumidores, abogados y un juez del Consejo General del Poder Judicial proponen aplicar un recargo del 20% a las entidades que bloqueen los juzgados al insistir con casos perdidos

ÍÑIGO DE BARRÓN Madrid – 04 MAY 2021 – 08:32 CEST

Casos sobre las cláusulas suelo almacenados en un juzgado especializado en dichas causas.
Casos sobre las cláusulas suelo almacenados en un juzgado especializado en dichas causas.EFE

Las demandas presentadas por las cláusulas abusivas que la banca imponía a sus clientes hipotecarios y las solicitudes de arbitraje suman 1,8 millones de casos. De estos, casi 600.000 han llegado a los juzgados especiales desde 2017 y faltan por resolver 240.000 demandas. Los bancos pierden el 97,55% de los procesos, pero litigan hasta el final, bloqueando los juzgados. Por primera vez, un vocal del Consejo General del Poder Judicial pide que se les aplique un 20% de interés cuando recurran casos iguales a los perdidos. El Consejo de la Abogacía lo reclamó en 2017, pero nadie le escuchó. La asociación Asufin denuncia el alto coste público que supone esta actitud de los bancos.

MÁS INFORMACIÓN

Ruth Trujillo tiene 42 años y en 2008 pidió una hipoteca de 124.000 euros. En 2017 comprobó que se le aplicaba indebidamente una cláusula suelo, que impide que se abarate el préstamo aunque bajen los intereses. Siguiendo los consejos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) demandó a su entidad, entonces Caja Canarias y hoy CaixaBank. El caso se admitió a trámite en 2018 en el juzgado 101 bis de Madrid, pero sigue esperando su turno. Trujillo está en ERTE y le vendría muy bien el dinero, pero está desesperada. “A veces pienso que será un complemento para mi jubilación”, protesta con ironía.

Castigo a la banca por eternizar las cláusulas suelo

Como ella, L. M. (pide el anonimato porque teme represalias de su entidad, Bankinter) también cayó en un juzgado especial contra las cláusulas abusivas. Su caso es una hipoteca en yenes y el juez le dio la razón en 2018, pero el banco recurrió y sigue esperando la respuesta de la Audiencia Provincial. Al igual que Ruth Trujillo, L. M. sigue siendo cliente del banco con el que pleitea. “El trato no es malo, pero pienso que me engañaron”, admite resignado.

Estos ejemplos reflejan el problema de fondo. Las cláusulas abusivas —entre las que destacan las cláusulas suelo—, que encarecieron las hipotecas y han sido reclamadas por los clientes de los bancos, han ocasionado 1,6 millones de expedientes a las entidades. Estas cifras lo convierten en un caso único en el sector, que ha provocado varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

Un total de 1,22 millones de reclamaciones se han tramitado vía arbitraje voluntario entre cliente y entidad. Por este canal —muy criticado por las asociaciones de defensa de los usuarios bancarios—, los clientes han perdido más de la mitad de los casos: solo se les ha dado la razón en el 44,27% de los expedientes. La efectividad es muy alta: se han resuelto el 99,4% de los asuntos presentados.

Más del 97% de casos ganados

En la vía judicial la situación es completamente diferente. Desde 2017 se han presentado casi 600.000 demandas (584.000 hasta diciembre pasado) en los juzgados creados expresamente para las cláusulas abusivas. Sin embargo, la eficacia es menor, ya que todavía están pendientes de resolver 239.445 casos, el 41%. Eso sí, el resultado para los clientes es muy satisfactorio, ya que han ganado en el 97,55% de las ocasiones.

Gerardo Martínez Tristán, el vocal del Poder Judicial que organizó la creación de los juzgados especiales, no oculta su malestar por la insistencia de los bancos en seguir pleiteando, aunque solo ganen el 2,45% de los casos: “Es incomprensible e injustificable que sigan adelante con casos idénticos a otros que han perdido. No tiene explicación y sí consecuencias negativas por la acumulación de trabajo en los juzgados”.

Martínez Tristán afirma que en mayo del año pasado se redactó un plan de choque con reformas legales para frenar esta incansable litigiosidad de los bancos. El juez plantea al Ministerio de Justicia que se apliquen los principios de la ley de moratorias y la ley del seguro, que establecen recargos que van del 9% al 20%, cuando se pleitee hasta el final con casos iguales a los que se han perdido. “Es una buena medida para desincentivar la litigiosidad innecesaria”, añade. El Consejo General del Poder Judicial también pidió que se establezca un “pleito testigo”, es decir, uno que sirva de modelo cuando luego lleguen miles y miles iguales y se dicte sentencia sin tramitarlos.

La petición de un recargo disuasorio no es nueva. Llegó al Ministerio de Economía, entonces del PP, en noviembre de 2017, pocos meses después de que se crearan los juzgados especiales. Lo propuso Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante del Consejo General de la Abogacía (que agrupa a los 83 colegios de abogados), en la comisión de seguimiento del arbitraje de cláusulas suelo, presidida por la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.

Pascual sigue exigiendo “un tipo de interés moratorio a cargo de la banca, por razón de las cláusulas abusivas, análogo al del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, cuyos efectos desde 1981 han sido extraordinariamente positivos para las compañías y para los asegurados”.

La Asociación Española de Banca (AEB) considera que “cualquier recargo en proceso judicial, como el del 20%, sería inadmisible y contrario al derecho a la tutela judicial efectiva”. La AEB sostiene que los bancos pleitean hasta el final porque el Supremo reconoció “la validez” de la cláusula suelo empleada. “Y si los bancos consideran que son transparentes, deben defenderse”, añaden fuentes de la patronal del sector.

Cuatro años después, Pascual sigue defendiendo lo mismo, al igual que Asufin y jueces como Martínez Tristán. “La justicia no puede soportar 650.000 nuevos pleitos. En este conflicto todos los poderes del Estado se han decantado por la protección de la banca. El Supremo, imponiendo unos límites a la retroactividad de las cláusulas suelo, corregido después por el Tribunal de Justicia de la UE. El Ejecutivo impuso un trámite de reclamación previa, con la consiguiente demora de la efectividad de sus derechos. Y luego el sistema de arbitraje y los juzgados especiales, que han sido un fracaso para el cliente”, afirma el abogado Tristán.

Este experto recuerda que desde hace más de tres años se mantiene la cifra de casos sin resolver: 250.000, “para desesperación de los consumidores y vergüenza del sistema financiero. La capacidad de abuso de la banca no parece tener fin sobre la compra de la vivienda: cláusulas suelo, gastos, hipoteca multidivisa, el IRPH...”.

Patricia Suárez, presidenta de Asufin, cree que el sistema actual solo disuade al consumidor, pero nunca a los bancos. “Lo más dramático es cuando se llega a acuerdos en primera instancia antes de juicio y no se condena al banco a las costas”, dice. Y añade que las costas que paga la banca son alrededor de un tercio de los gastos reales que tiene la Administración de justicia por mantener el procedimiento. “Esta estrategia de pleitear hasta el final es un coste que paga el Estado, es decir, el contribuyente”, apunta Suárez.

Otra asociación, Adicae, presente en la comisión de seguimiento, no cree en la utilidad del recargo del 20%. “Los bancos condenados ya pagan intereses de demora desde la aplicación de la cláusula hasta la sentencia al 3,5% del tipo legal, además de las costas, en muchos casos”, apunta su presidente Manuel Pardos, que cree que el coste económico no les importa: “Lo hacen para desincentivar las demandas de los clientes, (solo el 20% pleitea) y para posponer el pago del dinero que deben a los clientes. Asumen el coste en reputación. No hay solución sin un cambio de actitud”.

Madrid: tres años de demora en un juzgado sin ventanas

El juzgado 101 bis de Madrid, el único de la provincia para los productos tóxicos (cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, swaps…) es un agujero negro en el sistema. No ha resuelto ni uno de cada tres expedientes ingresados en 2020. Desde el Consejo General del Poder Judicial admiten que es un “problema de organización interna de los órganos gubernativos” y exculpan la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, pese a que es la responsable de dotar al juzgado con medios materiales. A pesar de estas cifras tan negativas, Madrid no es la que más casos soporta en relación con sus habitantes; hay tres comunidades por delante. Según la Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, en Madrid hay demoras de tres y cuatro años para la reclamación de gastos hipotecarios y cláusulas suelo.

“Están con casos de 2017 y 2018. Es un juzgado en el que se trabaja en pésimas condiciones. En realidad es un piso que tiene algunas salas en las que ahora no se pueden celebrar juicios porque no hay ventanas y la mayoría de jueces no pueden trabajar allí porque no tienen despacho propio”, apunta esta asociación. A finales de 2019 se iban a trasladar a unas nuevas instalaciones, pero no se hizo, y llegó la pandemia, añaden. El otro juzgado en peor situación es el de Barcelona, con casos pendientes desde 2017. “Es grave porque las demandas de suelos o multidivisa suponen un dinero que puede arreglar la vida a una familia”, dicen en Asufin.

FUENTE: elpais.com

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Los principales motivos por los que la Seguridad Social deniega las pensiones

Las solicitudes se han disparado durante el último año a causa de la pandemia y en torno al 8% de ellas han sido rechazadas

Los principales motivos por los que la Seguridad Social deniega las pensiones
IDEAL

IDEALGRANADA Lunes, 3 mayo 2021, 10:01

El número de solicitudes de pensión se ha incrementado a lo largo del último año. La pandemia habría llevado a miles de autónomos a despedirse de sus negocios y plantearse la jubilación. No obstante, en torno al 8% de las peticiones de trabajadores independientes habrían sido denegadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Existen, principalmente, tres motivos por los que las solicitudes son declinadas.

Entre los requisitos que tienen que cumplir los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que deseen acceder a esta pensión está que deben haber cumplido los 65 años si han acumulado, al menos, 37 años y 3 meses de cotización. De no ser así, la edad mínima para poder disfrutar de esta prestación. La Seguridad Social prevé desde hace siete años que un autónomo se retire dos años antes de la edad mínima fijada por ley, si bien el cambio de corte que tendrá lugar en este 2021 supondrá también una modificación de las condiciones para acceder a la jubilación anticipada.

Las tres principales razones por las que las solicitudes son rechazadas están vinculadas con un incumplimiento de los requisitos. En concreto, por el incumplimiento de la edad legal, no haber alcanzado el periodo mínimo de cotización y no estar al corriente de pago con la Tesorería. Este último sería el principal motivo por el que son rechazadas las solicitudes de autónomos, según publica el portal especializado Autónomos y Emprendedores. Serían, al menos, 1.500 los trabajadores autónomos cuya petición habría sido rechazada durante el año pasado.

De las 317.442 solicitudes de pensión que recibió el Instituto Nacional de Seguridad Social durante 2020, fueron rechazadas 27.727. La decisión de aprobación o rechazo de la solicitud es comunicada en los 90 días posteriores a su tramitación. No obstante, si estos transcurren sin una respuesta, se considera que la solicitud ha sido denegada.

FUENTE: ideal.es

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IRPH: ¿Nulidad a pesar de las SSTS?

IRPH, NULIDAD A PESAR DE LAS SSTS DE NOVIEMBRE DE 2020

Ha surgido como una novedad muy a tener en cuenta que las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de noviembre de 2020 (595/2020596/2020597/2020 y 598/2020), han dado un vuelco radical al devenir judicial de las reclamaciones judiciales frente al referido índice hipotecario.

A pesar de este giro doctrinal efectuado por el TS, recientemente, ha surgido un halo de esperanza para los consumidores, por un lado, por el voto particular del Excelentísimo Magistrado, Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, que ha provocado que varios juzgados de primera instancia se hayan atrevido a declarar nulas las cláusulas de préstamos hipotecarios que estipulan el IRPH, y por otro lado, las cuestiones prejudiciales planteadas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por medio del Auto de fecha 2 de diciembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia Nº 38 de Barcelona y del Auto de fecha de 5 de enero de 2021 del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Ibiza.

Previamente a tratar estas cuestiones, queremos efectuar un preámbulo sobre la evolución judicial de las reclamaciones de consumidores frente a entidades bancarias por la aplicación en sus préstamos hipotecarios del IRPH.

Primero, la Sentencia Nº 669/2017 del Tribunal Supremo de fecha 14 de diciembre de 2017, que dispuso que una cláusula IRPH puede ser una condición general de la contratación, y al mismo tiempo, que lo que se puede juzgar y declarar nulo es la cláusula, no el índice. Asimismo, establece que para practicar el control de transparencia es necesario determinar si el consumidor comprendió que la cláusula es un elemento esencial del préstamo hipotecario, y la forma de calcular el interés.

Segundo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 3 de marzo de 2020, que dispuso lo siguiente: en primer lugar, la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, a las cláusula IRPH contratada por un consumidor; en segundo lugar, que el consumidor medio debe comprender la forma de cálculo y las consecuencias económicas, teniendo el Juez nacional que comprobar este extremo, y al mismo tiempo, el profesional debe informar sobre la evolución en el pasado del índice; en tercer lugar, la posibilidad de sustituir el índice IRPH por otro alternativo.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (FOTO: Economist & Jurist)

Tercero, las SSTS de noviembre de 2020 (595/2020, 596/2020, 597/2020 y 598/2020), sin intención de ser reiterativos, estas resoluciones declararon que una cláusula IRPH, puede no superar el control de transparencia, y no ser considerada abusiva.

“Este índice ha estado siempre marcado por la polémica y le ha sobrevolado la duda sobre su ‘transparencia’, por ser un índice supuestamente controlado por las propias entidades financiera”.

Tras la disposición de las SSTS de noviembre de 2020, el panorama jurisprudencial ha sufrido una mutación sustancial, porque ha desvinculado el control de transparencia de la abusividad, provocando esto, un aluvión de inadmisiones de Recursos de Casación relacionados con la cláusula IRPH, y como consecuencia, ha causado un gran desánimo entre los consumidores afectados por el índice mencionado.

No podemos pasar por alto que este índice ha estado siempre marcado por la polémica y le ha sobrevolado la duda sobre su “transparencia”, por ser un índice supuestamente controlado por las propias entidades financieras, esto a pesar de no ser un dato exacto, ha estado siempre en la mente de los juristas que han considerado que esta información se debía tener en cuenta.

Es por ello que hay que tener en cuenta los dos últimos “salvavidas” que han surgido a favor de los consumidores, por una parte, el voto particular del Excelentísimo Magistrado, D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, en las STS de noviembre de 2020, y por otra parte, la solicitud de cuestión prejudicial dispuesta por el Auto de fecha 2 de diciembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia Nº 38 de Barcelona y el Auto de fecha de 5 de enero de 2021 del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Ibiza, en relación a ciertas dudas que se han generado por las últimas disposiciones del TS.

En cuanto al voto particular, el Excelentísimo Magistrado, D. Francisco Javier Arroyo Fiestas, de manera particular e individualmente, contra la opinión general, decidió contradecir a toda la Sala Primera del TS, emitiendo un voto particular en todas las sentencias sobre IRPH de noviembre de 2020, argumentando la existencia de abusividad, y como efecto, se debía declarar nula la cláusula que hacía referencia al IRPH.

En este voto particular, el Excelentísimo Magistrado, expone que la cláusula IRPH, no pasa el control de transparencia, y tampoco, el control de abusividad, por la falta de buena fe y por existir un desequilibrio que perjudica gravemente los intereses del consumidor, e incluso, siguiendo el criterio de la STJUE, de fecha 3 de marzo de 2020, se atreve a cambiar el índice mencionado por el EURIBOR.

Además, se ha apoyado mucho en la jurisprudencia relacionada con las cláusulas suelo, destacando lo siguiente: que la falta de información ha provocado la imposibilidad del consumidor de efectuar una comparación con otros índices y la importancia de describir la evolución del índice en los dos últimos anteriores a la comercialización del préstamo hipotecario.

Del mismo modo, queremos apuntar que el Excelentísimo Magistrado, D. Francisco Javier Arroyo Fiesta, señala su disconformidad con la Sala Primera del TS al pretender escoger el índice que beneficiaba más al consumidor, en vez de permitir a éste tener el derecho de decidir con una información transparente.

Esto ha permitido a los consumidores “acogerse al presente argumento”, y así, han expuesto la tesis del Excelentísimo Magistrado, en sus procedimientos, dando muy buen resultado en algunos casos, como por ejemplo, la Sentencia Nº 335/2020, del Juzgado de Primera Instancia N.º 1 de Arrecife (Lanzarote) de fecha 15 de diciembre de 2020; la Sentencia Nº 491/2020, del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 Bis de Córdoba en el Procedimiento Ordinario 126/2018. En estos casos, siempre debemos de ser cautos, cada caso se debe de forma específica.

Para finalizar, nos gustaría recordar el famoso voto particular, previo al analizado, del Excelentísimo Magistrado Sr. D. Francisco Javier Orduña Moreno, en la STS 669/2017, de 14 de diciembre.

Respecto a la cuestión prejudicial, es clave la trascendencia del Auto de fecha 2 de diciembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia Nº 38 de Barcelona y del Auto de fecha de 5 de enero de 2021 del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Ibiza.

Para comprender este extremo, es fundamental explicar la causa de estas dos cuestiones prejudiciales, considerando que las Sentencias del Tribunal Supremo de noviembre de 2020 (595/2020, 596/2020, 597/2020 y 598/2020), han generado un cierto desconcierto, primero, en relación a la STJUE, de fecha 3 de marzo de 2020, y segundo, en cuanto a la aplicación de la la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, en los asuntos de IRPH.

La cuestión prejudicial ha dado lugar a la suspensión de todos los recursos de casación planteados en relación a los préstamos hipotecarios IRPH, esta suspensión está relacionada con el artículo 4 bis.1 LOPJ, y por una clara prejudicialidad civil, conforme al artículo 43 de la LEC.

Estas dos cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE han despertado cierto optimismo entre los consumidores, porque éste con su resolución, puede, desautorizar al TS, o bien, aceptar su tesis contraria a la abusividad.

“El consumidor medio tampoco es capaz de comprender la fórmula de cálculo del EURIBOR”.

De hecho, es cuanto menos sorprendente la interpretación de la Sala Primera del TS, respecto de que la teoría del método de cálculo no es aplicable, porque el consumidor medio tampoco es capaz de comprender la fórmula de cálculo del EURIBOR.

De alguna manera, llegamos a comprender la cierta “inseguridad” que ha generado el Tribunal Supremo, porque en sus sentencias de noviembre de 2020, ha efectuado una interpretación extraña de la STJUE, de fecha 3 de marzo de 2020, no aplicando los patrones o referencias marcadas por ésta, sobre la obligación de informar sobre el modo de cálculo del índice y la evolución de éste.

Así pues podemos concluir que a los consumidores y a las entidades bancarias, de nuevo, les toca esperar como va a responder el TJUE a las dos peticiones de cuestión prejudicial en relación a las SSTS de noviembre de 2020 y a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, porque esta decisión judicial va a marcar el futuro judicial de las reclamaciones de IRPH.

FUENTE: economistjurist.es/

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Prescripción reclamación gastos hipotecarios

El TJUE se opone a que el cómputo se inicie el día en que se firmó el contrato

Prescripción reclamación gastos hipotecarios

Redacción Editorial

Equipo de redacción de Economist & Jurist.TIEMPO DE LECTURA: 5 MIN

Publicado 27/04/2021

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La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado en su reciente sentencia de 22 de abril que, es incompatible con el Derecho de la Unión una normativa nacional que establezca que la acción ejercitada para un consumidor con el fin de obtener la restitución de las cantidades indebidamente abonadas para cumplir un determinado contrato de crédito, esté supeditada a un plazo de prescripción de 3 años el cual comience a correr a partir de la fecha en la que se produjo el enriquecimiento injusto.

“Existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor interesado no invoque, durante el plazo impuesto, los derechos que le confiere el Derecho de la Unión (…), lo cual le impediría hacer valer sus derechos”, anuncia el reciente fallo.

Se trata de una cuestión prejudicial planteada por un juez de Eslovaquia.

Trasladando las anteriores conclusiones a España, nos vemos obligados a anticipar que el Alto Tribunal Europeo no termina de cerrar el asunto, ya que no precisa en el presente caso cuándo se entiende finalizado el plazo para el ejercicio de las acciones tendentes a recuperar los gastos hipotecarios. Deberá ser el Tribunal Supremo quien, en varios recursos de casación pendientes de resolver, aclare y solvente  la inseguridad jurídica actual.

Antecedentes

En mayo de 2011, consumidor (demandante) y entidad bancaria (demandada) celebraron un contrato de crédito al consumo por importe de 1.500 euros, con un tipo de interés del 70% y una TAE del 66,31%, es decir, un total de 3.698,40 euros, que debían reembolsarse en 48 mensualidades, sin precisar el desglose de los reembolsos entre el capital, los intereses y los demás gastos soportados por el prestatario.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Foto: Economist & Jurist)

En febrero de 2017, tras haber reembolsado la totalidad del crédito, el consumidor fue informado por un compañero jurista de que la cláusula del referido contrato relativa a los gastos de aplazamiento era abusiva y que las indicaciones que le habían dado en relación con la TAE no eran correctas.

En mayo de 2017, el consumidor afectado interpuso una demanda para obtener la restitución de las comisiones que él consideraba indebidamente percibidas. En cambio, la entidad bancaria invocó la prescripción de la acción del interesado.

En noviembre de 2018, el Tribunal Comarcal de Prešov (Eslovaquia), desestimó la demanda.

No obstante, disconforme con la anterior conclusión, el consumidor interpuso recurso de apelación. Turno del Tribunal Regional de Prešov, este declaró que el contrato en cuestión podría considerarse, desde varios puntos de vista, contrario a las normas del Derecho de la Unión aplicables en materia de protección de los consumidores.

Entre otros extremos, advierte el Tribunal Regional arriba citado que el plazo de prescripción objetivo de tres años (según el Código Civil de Eslovaquia) comienza a correr y vence aun cuando el consumidor perjudicado no haya tenido conocimiento del carácter abusivo o ilícito de la cláusula contractual que origina el enriquecimiento sin causa. Por ello, a su juicio, tal precepto nacional podría menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 47 de la Carta, y ser incompatible con la jurisprudencia del TJUE relativa a la protección de los consumidores, establecida, en particular, por la Directiva 93/13 y por la Directiva 2008/48.

Cuestiones prejudiciales

Fruto de lo detallado en el párrafo anterior, el Tribunal Regional de Prešov decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE hasta seis cuestiones prejudiciales.

Pues bien, con el permiso del lector, en este momento únicamente nos detendremos en analizar la primera cuestión prejudicial y la respuesta aportada por parte del Alto Tribunal Europeo.

En concreto, el tribunal remitente plantea, entre otros, el siguiente interrogante:

¿Debe interpretarse el art. 47 de la Carta, e implícitamente el derecho del consumidor a la tutela judicial efectiva, en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el derecho del consumidor a la devolución de una prestación que resulta de una cláusula contractual abusiva prescribe incluso en el caso de que el consumidor no pueda examinar la cláusula contractual abusiva y dicho plazo de prescripción empieza a correr aun cuando el consumidor no tuviera conocimiento del carácter abusivo de la cláusula contractual?

Decisión del TJUE

Turno de la Sala Primera del TJUE, esta delimita en su considerando 51 la primera cuestión prejudicial. En concreto, a su juicio, el primer interrogante tiene por objeto determinar si el principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de cantidades indebidamente pagadas, de acuerdo con unas cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13 o de cláusulas contrarias a los requisitos de la Directiva 2008/48, está sujeta a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto.

En primer lugar, en relación a la oposición de la existencia de un plazo de prescripción a las acciones ejercitadas por los consumidores para hacer valer sus derechos, el Alto Tribunal apunta que tal normativa “no es, en sí misma, contraria al principio de efectividad, siempre que su aplicación no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos” por las dos Directivas ya citadas.

“La protección del consumidor no es absoluta” y “la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión”, recuerda el Tribunal.

En segundo lugar, en relación a la duración prevista para el plazo de prescripción examinado (en el caso de Eslovaquia, de 3 años), el TJUE mantiene que “siempre que ese lapso de tiempo se establezca y se conozca con antelación, un plazo de esa duración parece, en principio, suficiente para permitir al consumidor interesado preparar e interponer un recurso efectivo, de modo que esa duración, en sí misma, no es incompatible con el principio de efectividad”.

En tercer lugar, en lo relativo al momento del inicio del cómputo fijado para el plazo de prescripción examinado, en supuestos como las del presente litigio, “existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor interesado no invoque, durante el plazo impuesto, los derechos que le confiere el Derecho de la Unión (…), lo cual le impediría hacer valer sus derechos”. Por tanto, “es necesario tener en cuenta la situación de inferioridad en que se encuentran los consumidores frente a los profesionales, en lo que respecta tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, y la circunstancia de que es posible que los consumidores ignoren o no perciban la amplitud de los derechos que les reconocen” ambas Directivas.

Consecuencia de ello, el TJUE interpreta que una normativa que exige al consumidor actuar ante los tribunales en un plazo de tres años a partir de la fecha del enriquecimiento injusto y en la medida en que dicho enriquecimiento puede tener lugar durante la ejecución de un contrato de larga duración, “puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos” que le confieren la Directivas comunitarias aludidas, y que, por lo tanto, “infringe el principio de efectividad”.

Así las cosas, en el considerando 66 del reciente fallo, el Alto Tribunal procede a responder a la primera cuestión prejudicial y declara que “el principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución de las sumas indebidamente abonadas para cumplir un contrato de crédito, de acuerdo con cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13 o con cláusulas contrarias a los requisitos de la Directiva 2008/48, está supeditada a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto”.

FUENTE: economistjurist.es

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El Gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos de IVA

Montero reconoce que si Europa sigue insistiendo y el comité de expertos así lo determina, el Gobierno estudiará cómo y en qué medida acabar con los tipos del 4% y el 10%

El gobierno abre la puerta a eliminar los tipos reducidos de IVA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. E. P.
  • DANIEL VIAÑA 11/05/2021 10:29

«En estos momentos no lo tenemos decidido y nosotros como Gobierno somos más partidarios de los impuestos directos. Ahora, si Europa insiste en que hay un uso abusivo y el grupo de expertos lo señala, lo vamos a escuchar«. De esta manera, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dejado abierta la posibilidad de eliminar los tipos reducidos y superreducidos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). No sería de manera inmediata ni tal vez en su totalidad. Pero la también portavoz del Gobierno sí ha manifestado claramente que Bruselas ha señalado, en numerosas ocasiones, que España hace «un uso abusivo» de esos tipos del 4% y el 10%, a lo que ha añadido que «un interés en Europa» por corregir esta situación.

También el Banco de España se ha manifestado en términos similares en diversas ocasiones, y el capítulo de beneficios fiscales del Spendig Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que es el documento que va a guiar a los expertos, lo apunta sin dejar lugar a la duda. «Se propone la revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos del IVA para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, en relación con aquellos bienes gravados actualmente a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas«, señala en concreto el documento del organismo dirigido por Cristina Herrero.

En ese mismo texto, la Autoridad Fiscal estima que los tipos reducidos tienen un coste de 17.786 millones de euros en términos de recaudación. 5.323 millones corresponden al tipo superreducido, y los 12.463 millones adicionales, al reducido. «La evaluación destaca la ineficiencia distributiva al compararse los tipos reducidos con otras políticas de gasto más focalizadas en los colectivos o sectores específicos y que consiguen reducir mucho más la desigualdad que los tipos reducidos usando menos recursos públicos», sostiene la AIReF, a lo que añade que, efectivamente, «la existencia de una elevada proporción de gastos a tipos reducidos explica la menor recaudación de IVA de España respecto a nuestros socios europeos».

«ACERCARSE A EUROPA»

En la presentación de los componentes del Plan de Reconstrucción que corresponden a Hacienda, y que ha tenido lugar este lunes, Montero ha vuelto a incidir en el Gobierno quiere «acercarse a Europa» en materia de impuestos. De hecho, ha manifestado que si España solicita una ayuda por valor de 140.000 millones, también tiene que estar dispuesta a ofrecer algo a cambio. Y ahí es donde encaja la revisión que se hará no sólo del IVA, sino de todos los beneficios fiscales -como el primer afirmado y luego matizado fin del beneficio de la tributación conjunta- y, en definitiva, de la reforma fiscal que ambiciona el Gobierno. https://d5085280171371934282.ampproject.net/2104302228000/frame.html

Sobre este punto, Montero ha explicado que 2023 será el año en el que se inicie este ambicioso plan con el que empezar a reducir, de manera significativa, el diferencial que España tiene respecto a la zona euro «en términos de presión fiscal y de recaudación». «Es obvio que España está muy por debajo de la media de los países Europeos. Y eso limita el Estado de bienestar. Si analizan datos desde el rigor, España es el séptimos país con menos recaudación», ha incidido la ministra.

Montero también ha explicado que el Gobierno ha elegido ese 2023 para iniciar la reforma fiscal ya que, según sus estimaciones, ese será el año en el que España habrá recuperado los niveles de Producto Interior Bruto (PIB) previos a la crisis. Y que si la recuperación se atrasa, ha añadido, el plan también lo podría hacer. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que el Gobierno no vaya a aplicar subidas de impuestos antes de esa fecha. Entre otras muchas cosas, porque ya las introdujo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 y su intención es hacer lo propio en unas hipotéticas cuentas de 2022 con medidas como el incremento de la figura que grava el diésel.

FUENTE: elmundo.es

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La marginalidad de los Autonomos

INCLUSO SI SON MENORES DE EDAD

Los hijos de autónomos que trabajen en el negocio familiar no tendrán derecho a paro si viven con su progenitor, la marginalidad de los Autónomos.

La marginalidad de los Autonomos

Los hijos de autónomos que trabajen como asalariados en el negocio familiar sólo tendrán derecho a cobrar el paro si no viven con el dueño del negocio, la marginalidad de los Autónomos. 

Autónomos y Emprendedores

ANDREA GONZÁLEZ 00:05 05/05/21

La marginalidad de los Autónomos.

Los hijos de los autónomos que trabajen como asalariados en el negocio familiar no tienen derecho a la prestación por desempleo si siguen viviendo en casa de su progenitor.

Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una reciente sentencia del 24 de marzo.

El derecho a cobrar paro de los hijos de los trabajadores por cuenta propia que sean empleados en la actividad del progenitor, sólo se les reconocerá sino viven en la misma vivienda.

Por ejemplo, podría darse el caso de un autónomo dueño de una pescadería que ha contratado a su hijo de 18 años -aunque este podría haber comenzado su vida laboral a los 16 años según estipula la Ley- y que quisiera prescindir de él por cualquier desavenencia.

El hijo o hija que ha sido despedido no podría cobrar la prestación por desempleo si no abandona además el domicilio familiar

Con este fallo, el Tribunal reafirma una sentencia previa de noviembre de 2019 y sienta jurisprudencia sobre la interpretación de la Disposición Adicional 10 del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Esta disposición establece que ‘los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos aunque convivan con ellos.

Pero, en este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo, la marginalidad de los Autónomos’.

«Los jueces han interpretado que si el hijo vive aún con el progenitor y dueño del negocio no puede cobrar el paro a pesar de ser asalariado. 

El requisito de la convivencia permite la concesión de la prestación, ya que es un factor relevante para determinar la existencia de una relación especial y, en su caso dependencia, tal y como resulta del artículo 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 12 de la Ley General de la Seguridad Social», explicó el abogado y socio del área laboral de la Editorial Jurídica Sepín, Alberto Sierra.

La clave es vivir fuera de la unidad familiar

Ambas sentencias emitidas por el Tribunal Supremo ofrecen la posibilidad a los hijos que trabajen para sus progenitores -autónomos-, de cobrar la prestación por desempleo, como lo haría cualquier otro asalariado.

No obstante, para poder hacerlo, deben darse una serie de condiciones, “que demuestren que su situación en el negocio familiar es la misma que la del resto de trabajadores”. Sierra resumió en cinco estos requisitos:

  • Tener salario.
  • Dependencia del trabajo.
  • Que realice una prestación de servicios.
  • Que no tenga ningún control efectivo de la sociedad. 
  • Que no conviva y dependa económica del autónomo titular del negocio.

El Tribunal Supremo reconoció así «la cualidad de trabajador por cuenta ajena y el derecho a la prestación de desempleo al hijo contratado por su progenitor, administrador de la sociedad». Para los abogados consultados, la jurisprudencia permite que los hijos que sean contratados por sus padres autónomos puedan cobrar el paro, como cualquier otro trabajador.

No obstante, éstos deberán cumplir siempre con las condiciones especificadas y acreditarlo, especialmente, demostrando que «viven fuera de casa, guardan la misma posición en el negocio que cualquier otro empleado y  no dependen económicamente del progenitor».

Independientemente de la edad que tenga el hijo

Una de las claves de la última sentencia del Tribunal Supremo es la edad del hijo que trabaja para su padre autónomo. 

El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) denegó la prestación por desempleo a un asalariado menor de 30 años que trabajaba para su progenitor y no convivía en la unidad familiar. «Tal y como está redactada la norma, puede dar a entender que sólo se reconoce el paro a los hijos mayores de 30 años y que viven fuera, sin embargo, eso supondría una discriminación de edad que el alto Tribunal considera anticonstitucional», explicó el abogado.

La norma anteriormente mencionada -Disposición Adicional 10 del Estatuto del Trabajo Autónomo- establece:

«Los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo. Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral.»

Esto supone que, entre los requisitos de acceso a la prestación de desempleo, no se encuentra recogida la edad del hijo para poder cobrar o no el paro.

«Sino que, partiendo del hecho de que es menor de treinta años, se le reconoce el derecho a la citada prestación en el supuesto de que no conviva con su progenitor, y se le denegará en caso contrario», señaló Sierra

Así, «lo que busca esta nueva doctrina es instaurar un trato igual para aquellos hijos, tanto mayores como menores de treinta años, que fueran contratados como trabajadores por cuenta ajena por su progenitor y no sufran la marginalidad de los Autónomos. 

En el caso de no fijar esta doctrina, podrían darse interpretaciones jurídicas que dejaran que los que no hubieren alcanzado dicha edad no tendrían derecho a la prestación por desempleo«.

Hace tres años los familiares no tenían derecho a paro

Hasta el momento de la sentencia de 2019, los autónomos que contratan a familiares en su negocio no podían acceder al paro porque no estaban considerados como trabajadores por cuenta ajena. De hecho, así lo establecía el apartado 1.e del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, que señalaba que quedarán excluidos de la prestación “los trabajadores familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo”. 

En la misma línea, el artículo 12 la de Ley de la Tesorería General de la Seguridad Social preveía que “no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena -salvo prueba en contrario- el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo”.

Sin embargo, gracias diversas sentencias, estos familiares se han ido reconociendo como asalariados, con pleno derecho para acceder a esta prestación. Según Alberto Sierra, director del área laboral de la Editorial Jurídica Sepín, “ha ocurrido lo que se conoce como una presunción uniuris et de iure. Es decir, se han probado una serie de hechos que confirman que el familiar, aunque sea hijo del autónomo, tenía todas las condiciones de un trabajador asalariado y, por lo tanto, tenía derecho a paro”.

Se trata de una condición que está recogida en la propia ley, concretamente, en el citado artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores: «salvo que se demuestre la condición de asalariado». 

Siempre ha habido dificultades para demostrar esta relación contractual y han tenido que ser los jueces quienes determinaran su condición de asalariados, según Alberto Sierra.  Como norma general, los familiares que contrate un autónomo deben cotizar en el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA), y no en el Régimen General. «La norma se creó así para evitar fraudes» afirmó el experto, marcando por ello, la marginalidad de los Autónomos.

Ésta sería, según Sierra, una forma de reducir y evitar las contrataciones fraudulentas que se podrían llegar a producir entre padres e hijos en los negocios familiares, «para que éstos últimos tuviesen años cotizados y luego poder acogerse al paro”, concluyó el experto.

FUENTE: autonomosyemprendedor.es/

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La banca se juega en el Supremo los intereses de 14.000 millones en crédito de tarjetas

El alto tribunal dirá si los intereses, que rondan el 20%, son usureros; el caso abordado es el de WiZink pero afectará a todo el sector

Tarjetas de crédito y revolving
Belén Trincado / Cinco Días

Los altos directivos de la banca española vuelven a vivir estos días pendientes del calendario judicial. Como ya ocurriera con asuntos como las cláusulas suelo, el reparto de gastos hipotecarios o los créditos multidivisa, el sector se encuentra expectante ahora ante dos nuevos fallos. De un lado, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el polémico índice hipotecario IRPH, previsto para comienzos de marzo. Y, antes de eso, de la resolución que el Tribunal Supremo emita, previsiblemente, este miércoles sobre el posible carácter usurero de los tipos de interés aplicados a los préstamos ligados a tarjetas. El sector patrio se juega la rentabilidad de unos 14.000 millones en créditos.

En concreto, el volumen total de nuevos préstamos al consumo concedidos a través de tarjetas ascendía a cierre de 2019 a 13.620 millones de euros, según los datos recopilados por el Banco de España. Se trata de una cifra récord, la más alta registrada en la serie histórica que maneja el supervisor financiero, que arranca en 2010.

El tipo de interés medio de los nuevos préstamos de este tipo que se conceden se situaba el pasado diciembre en el 19,67%. Aunque se trata de un umbral comparativamente bajo con el máximo alcanzado en julio de 2015, del 21,25%, hay que tener en cuenta que si la banca ha rebajado ligeramente su coste desde entonces ha sido a costa de ganar volumen con unas operaciones altamente rentables que permiten a las entidades compensar la pérdida de margen de otros negocios tradicionales.

Más allá, el dato supone una media, lo que indica que hay créditos ligados a tarjetas a tipos muy superiores. Así ocurre especialmente con los préstamos de las denominadas tarjetas revolving, que permiten al cliente elegir las cuotas a devolver mensualmente con el riesgo de que su elevado coste termine por convertir la deuda en perpetua, como alertó hace unos meses a los consumidores el Banco de España. En la práctica, son líneas de crédito: la amortización implica instantáneamente la liberación de más crédito para el cliente.

Este producto “esconde tipos de interés altísimos, por u lado, y la práctica imposibilidad de amortizar capital si se elige una cuota baja”, explican desde Agencia Negociadora, donde apuntan a un tipo de interés medio del 25% en las tarjetas revolving y a un creciente peso dentro del sector de crédito de tarjetas. También se conceden intereses a plazo, en los que la deuda tiene una vigencia concreta. Eso sí, a tipos estratosféricos.

El fallo del Supremo se centrará en los intereses de los préstamos con tarjeta. En concreto, aborda un crédito de WiZink al 27%, si bien su dictamen afectará a todas las entidades financieras y al conjunto del crédito ligado a estos plásticos.

El banco propiedad de Värde, que gestiona unos 3.400 millones de créditos de tarjetas, es el principal afectado, puesto que es su gran línea de negocio. Sus problemas arrancaron en 2015, cuando el propio Supremo obligó en una sentencia a anular una línea de crédito al 24,6%, por ser “más del doble del interés medio de los créditos”. Esto ha dado poder a los clientes, que están ganando mayoritariamente los juicios en primera instancia. Más del 90% de las resoluciones son a su favor, también en segunda instancia.

Ahora, WiZink ha tomado la iniciativa y presentó un recurso ante el alto tribunal, que acordó dar tratamiento preferente a este recurso. La entidad financiera quiere resolver de una vez y para siempre esta cuestión, que afecta directamente a su modelo de negocio y que ha implicado que desde 2018 y hasta junio del año pasado haya recibido más de 2.500 reclamaciones. En ese periodo ha provisionado unos 25 millones de euros.

“Los despachos de abogados especializados en casos masivos han lanzado campañas publicitarias para atraer a posibles reclamantes”, avisa WiZink en una presentación para sus bonistas. Los reclamantes invocan la ley usura de 1908. En esencia, esta norma se resume en que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino”. Desde los bancos, aduce que debe tomarse como referencia la estadística de créditos a través de tarjetas de crédito que publica el Banco de España.

Todos los bancos

Es una línea de negocio que afecta a todos los bancos españoles. Por ejemplo, la exposición de los dos grandes bancos es muy significativa. El volumen de crédito en tarjetas de Santander era a cierre del año pasado de 23.876 millones; el de BBVA, de 14.892. Cierto que estas cuantías no son solo en España, sino de todos los países en los que operan, de ahí que la cifra recopilada por el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos sea inferior. Fuentes del sector financiero señalan que las tarjetas de crédito con pago aplazado son un mercado en sí mismo, diferenciado de otros por su flexibilidad, y sus intereses responden al riesgo del producto. Es un mercado regulado con más de 40 años de presencia en España y en la UE, donde este producto está totalmente reconocido. Añaden que las sentencias contrarias a los bancos en España han creado una situación excepcional e inédita en el marco de la UE que, en caso de que no se corrigiera, podría privar al consumidor español de un producto del que disponen todos los demás ciudadanos de del resto de las economías occidentales.

“Con las tarjetas revolving se ha producido un notable incremento de litigiosidad y, también, del debate jurídico”, expone la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, en un reciente artículo de la Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios.

“Con independencia de si el tipo de interés aplicado puede ser considerado usurero o no, la forma de liquidación del préstamo revolving es compleja, difícil de entender para un consumidor medio”, alerta Suárez, que pone en duda que puedan ser comercializados de forma generalizada.

ECONOMÍA ULTIMA MEDIDAS PARA EVITAR LA “DEUDA PERPETUA”

El proyecto. El Ministerio de Economía lanzó a consulta una orden ministerial en octubre que ahora está en proceso de aprobación para limitar los créditos de las tarjetas revolving. Así, acotó el endeudamiento que puede asumir el cliente, de manera que su deuda financiera total –todos los créditos firmados en cualquier forma ya sea una hipoteca, un crédito para comprar el coche y el propio préstamo revolving– no puede superar el 40% de sus ingresos netos anuales. Economía considera que la cuantía anual que deberá amortizarse en los créditos revolving ha de ser el 25% del límite del crédito disponible. Además la banca estará obligada a analizar la solvencia del cliente para saber si le puede o no conceder un producto de este tipo.

El ejemplo luso. En el país vecino, el Banco de Portugal impone límites trimestrales a los tipos de interés de los distintos créditos desde 2009, gracias un ley que aborda este problema. Los clasifica al milímetro. Así, para el actual trimestre, ha determinado que los intereses máximos de las tarjetas de crédito se sitúan en el 15,7%. Este es el nivel más alto permitido, pero también limita el precio de los créditos personales para educación, energías renovables o equipamiento al 6,3%; otros créditos al consumo suben al 13,1%, mientras que los destinados a la compra de coche oscilan entre el 4,3% y el 12,2%. Existe la posibilidad de que en España se establezcan también límite.

FUENTE: cincodias.elpais.com