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Wizink Bank pierde frente al consumidor en el caso de las tarjetas abusivas.

Sanahuja Miranda Abogados obtuvo el pasado marzo una resolución judicial favorable en la que  se condena a Wizink Bank a pagar 8.000 euros al denunciante en un caso sobre tarjetas abusivas. Los puntos clave sobre los que se basó Sanahuja Abogados para vencer a Wizink Bank fueron tres:

  • La excesiva desproporcionalidad de los intereses
  • Falta de control en los contratos
  • Contratos ilegibles

En dicha sentencia, (Sentencia nº 51/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Sant Feliu de Llobregat), se especifica que esta cifra equivale a las cantidades abonadas por el consumidor que exceden del capital total que el banco le había abonado efectivamente. En la misma resolución se declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving de Wizink Bank.

Este caso está vinculado con el fenómeno de tarjetas abusivas que cobran intereses moratorios por el pago fraccionado que superan en dos puntos el interés remuneratorio.

El interés desproporcionado, clave en la sentencia

Uno de los factores clave a la hora de conseguir una sentencia favorable fue la excesiva desproporcionalidad en el porcentaje de los intereses asociados a la tarjeta Revolving. Mientras que en los últimos diez años la media de intereses en este tipo de crédito es de 9,59%, la tarjeta Revolving de Wizink Bank aplicaba un 27,24% de interés a sus clientes.

Cláusula suelo: Otro exceso

Además de los intereses abusivos de la tarjeta Revolving, el contrato de la tarjeta no cumple con los controles de transparencia y de incorporación, basadas en la sentencia del 9 de mayo de 2013 relativa a la cláusula suelo.

Así se determinó que el contrato contiene cláusulas predispuestas y no negociadas que han de cumplir con lo establecido en el Art. 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y los Art. 10 y 12 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo. Lo que significa que es imprescindible que las cláusulas del contrato ofrezcan al consumidor de manera completa y específica la totalidad de condiciones a las que quedarán sujetos los clientes.

Un contrato ilegible

A todo lo anterior hay que añadir el incumplimiento y abuso más básico de todos, un contrato debe ser legible. Sobre esta cuestión, el juzgado indica de manera clara:

«En este sentido, conviene señalar que el contrato contiene unas 18 condiciones más un anexo en una letra que por su tamaño resulta prácticamente ilegible, y así debe considerarse, que este contrato, ni por su sistemática ni por su presentación supera el control de transparencia, en los términos en que viene siendo exigido por la Sala 1ª Tribunal Supremo«.

Así pues y tras la exposición de argumentos, el juez resolvió que los contratos de tarjeta de crédito Revolving de Wizink Bank no cumplen con el control de incorporación ni de transparencia.

FUENTE: legaltoday.com

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Duración del contrato de arrendamiento de vivienda

Duración del contrato de arrendamiento de vivienda cuando se ha formalizado el contrato entre el 1 de enero de 1995 al 6 de Junio de 2013.

Mediante este artículo vamos a tratar de explicar, lo mas sencillamente que podamos, la duración del contrato de arrendamiento de vivienda.

Hemos de decir, que sólo nos vamos a referir en este post a la duración de aquellos contratos de alquiler celebrados desde el 1 de enero de 1995 (fecha de entrada en vigor de la LAU 29/94) hasta el 6 de junio de 2013, fecha  en la que se reformó la ley de arrendamientos estableciendo otro régimen de duración del contrato.

Si el arrendamiento de vivienda es de FECHA POSTERIOR al 6 de junio de 2013 te recomendamos que sigas leyendo este artículo puesto que la dinámica va a ser la misma, cambiando sólo los plazos. Lee este post y luegoPINCHA AQUÍ para ver el régimen legal de DURACIÓN de los contratos de alquiler posteriores a Junio de 2013.

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Es IMPORTANTE que recordemos que la fecha de celebración del contrato de arrendamiento es la que determinará la Ley aplicable.

Duración del contrato de arrendamiento de vivienda suscrito entre el 1.01.1995  al  6.06.2013:

1º.-  El artículo 9 de la LAU 29/94,  que parte de una axioma clásico cual es la libertad de pactos, establece:

” La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes”.

Sin embargo y aunque existe libertad contractual para establecer la duración del arrendamiento de vivienda, la Ley matiza esta libertad estableciendo con carácter imperativo, y por tanto excluido del principio dispositivo de las partes (art. 4.2 LAU), la duración mínima de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Así continúa el artículo 9 diciendo:

“Si ésta(se refiere a la duración fuera inferior a cinco años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo”.

¿Qué quiere decir este artículo 9 de la LAU?

De la lectura de este precepto cabe distinguir los siguientes supuestos:

a)  contratos cuya duración pactada es SUPERIOR A CINCO AÑOS. En estos casos la duración finalizará en la fecha fijada. Si ninguna de las partes comunicara la extinción, el contrato entrará en tácita reconducción.Duración del contrato de arrendamiento de vivienda

b)  contratos cuya DURACIÓN ES DE CINCO AÑOS.  El contrato finalizará en la fecha fijada ( a los 5 años), pero si el arrendador no comunicara con un mes de antelación a dicha terminación su voluntad de no renovarlo, se prorrogará anualmente hasta un máximo de TRES AÑOS obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el inquilino, aplicando el artículo 10 LAU).

c)  contratos cuya DURACIÓN ES INFERIOR A CINCO AÑOS.  Como es el SUPUESTO MÁS FRECUENTE, es sobre el que nos vamos a detener en el siguiente apartado; es decir, se trata de aquellos contratos de arrendamiento de vivienda cuya duración se ha fijado en UNO o DOS AÑOS, por ejemplo.

¿Qué ocurre cuando la duración del arrendamiento se ha pactado por tiempo inferior a 5 años?

Cuando se pacte un plazo INFERIOR A CINCO AÑOS (Ejemplo: La duración se ha pactado en UN AÑO), por imperativo legal  y llegado el día del vencimiento del plazo contractual, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.1 LAU “éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años“.

EJEMPLO:  Se celebra un contrato de arrendamiento el 1 de enero de 2013 y se pacta una duración de 1 año. Pese a que se haya hecho constar esa duración, el inquilino podrá estar en la vivienda si él quiere hasta 5 años, es decir, el contrato finalizará el 1 de enero de 2018.

La excepción para que el contrato no dure esos 5 años es la siguiente:

  • Cuando el arrendador al tiempo de celebrar el contrato, haya hecho constar de forma expresa, la necesidad para él de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial.

Salvo el supuesto contemplado en el apartado anterior, el contrato aunque tenga fijada una duración inferior a 5 años (ej: UN AÑO), se prorrogará anualmente si quiere el inquilino hasta alcanzar CINCO AÑOS. Este plazo de duración de 5 años es obligatorio para el arrendador; por tanto, si el arrendatario quiere podrá permanecer todo ese tiempo en el uso de la vivienda.

Cuando se alcancen esos CINCO AÑOS, si el arrendador no le comunicado al inquilino UN MES antes su voluntad de darlo por extinguido (finalizado), el contrato se PRORROGA por periodos anuales HASTA TRES AÑOS a voluntad nuevamente del inquilino (siendo obligatorio ese plazo de 3 años  para el arrendador). Lo anterior viene recogido en el artículo 10 LAU.

La sentencia de la AP Zaragoza (Sección 4ª) de 29 mayo 2007 sobre la duración del contrato de arrendamiento de vivienda, establece:

” En este aspecto es de considerar que el art 10 LAU establece que el contrato, una vez finalizado el plazo de cinco años, y si no hay preaviso por ninguna de las partes con un mes de antelación para no renovarlo, esta sujeto a una prórroga de hasta tres años más, por plazos anuales. Esta prórroga de tres años es obligatoria para el arrendador, pero no así para el arrendatario, pues este, antes de acabar cada anualidad, puede notificar al arrendador con un mes de antelación su voluntad de no renovar.”

¿Qué ocurre cuando también termine esos 3 años de prórroga?

Cuando finalicen esos TRES AÑOS DE PRORROGA (ya llevamos 8 desde el inicio), si tampoco comunicase el arrendador la extinción del contrato, este entrará en TÁCITA RECONDUCCIÓN.

FUENTE: mundojuridico.info

 

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Delito de daños en la vivienda alquilada

Uno de los elementos que se requieren para estar ante un delito de daños en la vivienda alquilada o en el mobiliario es la intencionalidad de dichos daños.

Vamos a ver algunas cuestiones importantes del delito de daños en la vivienda alquilada o en el mobiliario cuando el arrendamiento se ha efectuado con muebles y enseres.

El Código Penal castiga aquellas conductas en las que el sujeto ocasiona daños a propiedad ajena.  El artículo 263 establece que en estos casos se condenará al sujeto a la pena de MULTA de 6 a 24 meses, siempre que la valoración de los daños supere los 400 euros.

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Si los daños no superan los 400 euros, será condenado por un delito leve de daños (antigua falta) a la pena de MULTA de 1 a 3 meses.

Si quieres leer más sobre el delito de daños PINCHA AQUÍ.

¿Todos los daños que aparezcan en la vivienda o en el mobiliario se considerarán delito?

La respuesta es que NO.

Por el solo hecho de que al finalizar el alquiler aparezcan daños en la vivienda o en el mobiliario no significa que dicha conducta sea considerada DELITO.

Para que dichos daños puedan tener un reproche penal, es decir, para que hablemos de un delito de daños en la vivienda alquilada,  se exige que hayan sido causados de manera intencionada o dolosa.

También podrán ser castigados en via penal los daños por imprudencia grave siempre y cuando su valor supere los 80.000 euros (cosa improbable en estos casos).Delito de daños en la vivienda alquilada

Es decir, si los daños se han producido por el desgaste usual de las cosas o por simple imprudencia, no estaríamos hablando de delito sino de una cuestión civil que podrá ventilarse en los juzgados civiles pero no en los juzgados penales.

¿Cómo han de acreditarse los daños en la vivienda o mobiliario?

Los daños han de acreditarse por el dueño de la vivienda.

De ahí la importancia de que inmediatamente cuando se termine el contrato de arrendamiento o se tome posesión de la finca por el Juzgado si ha mediado un procedimiento de desahucio, se examine por un perito el estado de la vivienda y se valoren dichos daños (reportaje fotográfico, testigos, etc.).

Recomendaciones para el arrendador y para el inquilino:

1ª.-  Es muy importante que antes de celebrar el contrato de arrendamiento se examine detalladamente la vivienda y el mobiliario, a los efectos de detectar cualquier irregularidad y ponerla de manifiesto en el contrato o en un anexo al mismo.

2ª.-  Hacer un reportaje fotográfico o de vídeo del estado de la vivienda y del mobiliario cuando se va a celebrar el contrato de arrendamiento.

3ª.-  Si la vivienda se alquila amueblada hay que confeccionar un inventario lo más exhaustivo que se pueda.

4ª.- Poner de manifiesto los desperfectos que vayan apareciendo en la vivienda o el mobiliario.

EJEMPLOS DE SENTENCIAS

SE CONDENA POR DELITO DE DAÑOS EN LA VIVIENDA ALQUILADA

–  Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª), sentencia 18.04.2017:

” El 28 de mayo de 2012 los inquilinos entregaron las llaves de la vivienda.
El perito …., informa que visitó la vivienda el 6 de junio de 2012, presentando ésta un estado lamentable, totalmente incompatible con un uso normal de la misma, observando roturas en cajones de persianas, persianas, mobiliario, aparatos sanitarios, muebles de cocina, pavimentos de gres y parquet, alicatados, puertas, mecanismos eléctricos.., así como sustracción de mecanismos de cierre de todas las puertas, pintado de éstas de forma tosca, y suciedad general que afecta a toda la vivienda, llegando al extremo de excrementos de animales en algunas zonas. Incorpora a su informe diversas fotografías en las que se aprecian los desperfectos y suciedad informados por el perito, en los muebles de cocina y encimera de la cocina, alicatados, puertas, lamas y cajas de persianas, armario, encimera y mueble de lavabo, y suciedad generalizada en las diversas estancias de la vivienda. Es manifiesto que tales desperfectos exceden de los que pudieran derivarse del uso normal de la vivienda, y que no han podido ser causados sino intencionadamente, pues de otro modo no se explica que el lavabo se encuentre en el suelo, la suciedad sea notoria y generalizada, el armario no tenga puertas, las persianas estén rotas, haya boquetes en los azulejos, o que las puertas no tengan manillas.
No hay un solo dato que permita apreciar la posible comisión del delito por un tercero en el escaso tiempo, nueve días, transcurrido entre la entrega de llaves y la inspección de la vivienda por el perito , sin que dicho perito informe que la puerta de entrada hubiera sido forzada, o que de otro modo se apreciara el acceso de terceras personas a la vivienda; resultando, en un juicio de inferencia lógico, que los daños, eminentemente intencionales, como resulta de las fotografías obrantes en autos e informa el perito, fueron causados por los acusados, pues ellos eran los ocupantes de la vivienda, sin que hayan dado una explicación razonable acerca de tan importantes daños y suciedad en la vivienda, que conforme al contrato de arrendamiento se encontraba en estado de servir al fin para el que se arrendó, así como consta en el contrato que inspeccionaron la vivienda antes de ocuparla, no siendo creíble que la ocuparan sin haberla visto, por más que se encontraran en la necesidad imperiosa de alquilar una vivienda, pues no se antoja imposible encontrar en la ciudad de Logroño un alquiler similar al pactado en este caso.”

–  Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª), sentencia 15.07.2010:

” Igual razón impide estimar las alegaciones sobre el delito de daños , su voluntariedad se deduce del tipo de daños , absolutamente diferente de los que se producen por un uso e incluso por un abuso de la vivienda alquilada , rotura de cristales, de las presiones, desperfectos en las ventanas, rotura de sillones, de timbre de la puerta y del telefonillo. En definitiva la Sala igual que el Juez considera que dichos daños se produjeron adrede y no son consecuencia del uso del inmueble arrendado, por lo que constituyen el delito de daños por la que se sanciona.”

–  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 10ª), sentencia 6.09.2016:

” Ha quedado probado que la acusada Claudia, en fecha y hora no concretada pero en todo caso, entre los días 3 y 7 de Mayo de 2013, conocedora de que iba a ser lanzada de la vivienda y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena, causó de forma consciente desperfectos y destrozos en el mobiliario y en las instalaciones de la vivienda arrendada (tales como paredes rotas, arrancados tubos y cañerías de cobre, cables de luz, sacados los enchufes, rotura de persianas ventanas y somieres y colchones rotos, grifo de la cocina roto, desaparición del contador de la vivienda etc), dejando asimismo a vivienda en un estado lamentable en cuanto a su salubridad.”

SE ABSUELVE DEL DELITO DE DAÑOS EN LA VIVIENDA ALQUILADA

–  Audiencia Provincial de Alava (Sección 2ª), sentencia 1.09.2014:

” Los daños apreciados no llegan a objetivar una intención de dañar, sino simplemente son indicativos de que la acusada no realizó un uso adecuado de la vivienda. Se trata de daños que evidencian un uso descuidado, incluso negligente; pero no evidencian un ánimo de perjudicar al propietario, ni siquiera uniéndole el hecho de que el propietario tuvo que interponer un procedimiento de desahucio; pues de tal hecho no cabe presumir en el presente supuesto el móvil o sentimiento de venganza que nutren la intención de perjudicar a otro.

No es extraño que las alfombras se estropeen si se dejan en el balcón porque no se quiere hacer uso de las mismas; ni es difícil que se rompa una persiana o el cristal de una mesa accidentalmente si no se es cuidadoso en el trato de las cosas; por otra parte, las pintadas con rotulador que aparecen muy localizadas en paredes son como las que haría un niño en un descuido de su cuidador; estas dos últimas razones pueden igualmente predicarse de las marcas dejadas en puertas, la mesa, la encimera de estudio color blanco, un mueble mural o el marco de dos de los cuadros, así como de las manchas en unas cortinas, e incluso del somier partido; y, por último, es de notar que las humedades en uno de los baños se localizan en el techo, desconociéndose el origen de las mismas.

La perito se limitó a describir los daños únicamente a efectos de su valoración, sin que en su informe se excluya que dichos daños se deben a un uso descuidado o negligente de la vivienda.

Existe un generalizado consenso doctrinal en la conveniencia de reducir al mínimo la persecución penal de conductas que, como la de daños, tienen ya una respuesta civil indemnizatoria o restauradora. “

FUENTE: mundojuridico.info

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Unos 124.000 nuevos autónomos se benefician de la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros a un año

Un total de 123.428 trabajadores autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros ampliada hasta un año, desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La entrada en vigor de esta y otras medidas recogidas en la nueva Ley de Autónomos han propiciado que en el primer trimestre del año se haya alcanzado el mayor incremento de afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de toda la serie histórica, 10 veces por encima respecto al año pasado.

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este lunes, la Seguridad Social española cuenta con más de 18,5 millones afiliados, de los que más de 3,2 millones son trabajadores autónomos (3.230.400, marzo 2018). Este dato refleja la progresión de la actividad emprendedora desde que el pasado mes de octubre entró plenamente en vigor la nueva Ley de Autónomos.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece que los trabajadores que se dan de alta como nuevos autónomos desde enero de 2018 pueden acogerse a la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. La norma introduce además la extensión de la reducción hasta 24 meses: 50% los siguientes seis meses y del 30%, por otros seis meses.

Según la previsión inicial, en su primer año de vigencia se podrán beneficiar de la tarifa plana ampliada alrededor de 140.500 trabajadores autónomos lo que supondrá un ahorro en la cotización de este colectivo de 202,4 millones de euros.

FUENTE: legaltoday.com

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¿Cómo proceder a la reclamación de las cláusulas suelo con garantías de éxito?

  • Cuáles son los pasos que debe seguir un afectado para poder recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo

Las reclamaciones por cláusula suelo tienen garantía de éxito. Y esto tiene que ver con la jurisprudencia que se ha venido asentando sobre la cuestión. Puesto que, en la mayoría de casos, se consideran cláusulas nulas, las entidades bancarias no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula que los tribunales consideran en la mayoría de casos, nula. Así lo explica Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Jurisprudencia

Desde el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo fijó la doctrina sobre nulidad de las cláusulas suelo en caso de que no superen el control de transparencia. A partir de entonces han sido múltiples las Sentencias del Alto Tribunal que han ratificado esa doctrina.

Pero quizá la fecha incluso más determinante sobre cláusulas suelo fue el 21 de diciembre de 2016. En aquella fecha se dictó la Sentencia del TJUE que estableció que los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, debía ser el de devolución total, en el sentido de no quedar limitada a la devolución de cantidades desde mayo de 2013, como así había venido estableciendo el Tribunal Supremo hasta la fecha.

«Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Supremo se vio obligado a cambiar su doctrina para adaptarla a lo resuelto por el TJUE, lo que hizo mediante la Sentencia de 24 de febrero de 2017»,explica González.

Ese cambio de doctrina fue interpretado por muchos Tribunales en el sentido de que había disparidad de criterios sobre cláusulas suelo, lo que posibilitaba, según estos tribunales, que se acogieran a la posibilidad de no imponer el pago de las costas procesales a los bancos, aunque estos perdieran los procedimientos judiciales.

«Esta doctrina se cortó de raíz a partir de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2017, que recordó que, si se estimaba la demanda sobre cláusulas suelo, se debía condenar al banco al pago de las costas procesales, al haber sido el causante de que el consumidor tuviera que acudir a los tribunales para reclamar», indica el abogado de Sanahuja Miranda.

Finalmente, la última Sentencia del Tribunal Supremo de relevancia es la de 16 de octubre de 2017. Esta Sentencia expuso que la cláusula que es nula de pleno derecho no es convalidable por la voluntad de las partes. Esto significa que tratándose de cláusulas suelo que puedan ser declaradas  nulas por los tribunales, los bancos no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula nula.

Con todas estas Sentencias, se concluye que los consumidores pueden:

1.   Reclamar todo lo que les corresponde por las cláusulas suelo si éstas no superan el control de transparencia. Devolución TOTAL y nulidad de la Cláusula Suelo (Sentencia TJUE 21/12/16 y STS 24/02/2017 y otras).

2.   Obtener la condena en costas a su favor si el Juzgado o Tribunal estima su reclamación en su integridad (STS 4/07/2017).

3.   Reclamar incluso si firmaron un acuerdo con el banco en el que se comprometían a no instar acciones judiciales por cláusulas suelo. (STS 16/10/2017).

¿Cómo reclamar y qué se necesita?

Tras la publicación del Real Decreto-Ley  1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, conviene, al menos, intentar la vía implementada por dicho Decreto. Para ello, será necesario reclamar al banco la devolución del importe mediante los formularios que ponen a disposición las propias entidades bancarias o mediante reclamación extrajudicial preparada por el propio consumidor o su abogado.

A partir de ahí, la entidad bancaria dispone de tres meses para efectuar la devolución de lo pagado de más y los intereses legales. Una vez que el consumidor realiza la reclamación dentro de este sistema, debe esperar esos tres meses a que la entidad bancaria le devuelva el dinero o le rechace expresamente la reclamación para poder instar la demanda judicial.

Transcurridos los anteriores plazos u obtenido el rechace de la reclamación, sólo queda reclamar judicialmente. Para hacerlo, basta con disponer de los documentos que acrediten la aplicación de la cláusula suelo y haber intentado la reclamación amistosamente sin éxito, así como la escritura de préstamo hipotecario.

Para instar la demanda también es necesario contratar un Letrado y un Procurador, que serán los profesionales que se encarguen de toda la gestión del procedimiento, aunque es altamente recomendable que el afectado se encomiende a un abogado para todo el proceso de reclamación, incluso en la fase extrajudicial, toda vez que sólo estos profesionales conocen cuál es la forma más eficaz de recuperar las cantidades por cláusulas suelo así como para revisar una hipotética oferta del banco.

Una vez interpuesta la demanda, los plazos de resolución rondan de un año a año y medio, sin contar con una eventual apelación, que podría alargar el procedimiento hasta los tres años, aproximadamente.

González aclara que «hay que tener en cuenta también que el Consejo General del Poder Judicial ha habilitado unos juzgados especializados en cada provincia, que serán los encargados de tramitar estos asuntos, lo que supone un plazo de demora añadido debido a la enorme carga de trabajo de estos juzgados».

FUENTE: legaltoday.com

Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo.

En ese caso, el empresario debe comunicar a la trabajadora embarazada los motivos que justifican el despido y los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados por el despido.

TJUE

El 9 de enero de 2013, la sociedad española Bankia inició un período de consultas con los representantes de los trabajadores con vistas a proceder a un despido colectivo. El 8 de febrero de 2013, la comisión negociadora alcanzó un acuerdo en el que se establecían los criterios que debían aplicarse para seleccionar a los trabajadores que iban a ser despedidos y los criterios de prioridad de permanencia en la empresa.

El 13 de noviembre de 2013, Bankia notificó a una trabajadora, embarazada en ese momento, una carta de despido conforme al acuerdo alcanzado por la comisión negociadora. La carta de despido exponía, en particular, que en el caso concreto de la provincia en la que prestaba servicios la trabajadora era necesario un profundo ajuste de la plantilla, y que en el proceso de valoración realizado en la empresa durante el período de consultas, la puntuación que la trabajadora había obtenido se encontraba entre las más bajas de la provincia.

La trabajadora afectada presentó demanda de despido ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Mataró (Barcelona), el cual se pronunció a favor de Bankia. La trabajadora interpuso entonces recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este último ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interprete la prohibición de despedir a las trabajadoras embarazadas establecida en la Directiva 92/85 sobre la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, [1]en el marco de un procedimiento de despido colectivo en el sentido de la Directiva 98/59 sobre despidos colectivos. [2]

En efecto, la Directiva 92/85 prohíbe el despido de las trabajadoras durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones o prácticas nacionales.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite el despido de una trabajadora embarazada con motivo de un despido colectivo. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que una decisión de despido que se haya tomado por razones esencialmente relacionadas con el embarazo de la trabajadora es incompatible con la prohibición de despido establecida en dicha Directiva. En cambio, una decisión de despido que se haya tomado, durante el período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad, por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no es contrario a la Directiva 92/85 si el empresario comunica por escrito motivos justificados de despido y el despido de la trabajadora está admitido por la legislación o práctica del Estado miembro en cuestión. Por consiguiente, los motivos no inherentes a la persona de los trabajadores que pueden alegarse en el marco de los despidos colectivos, en el sentido de la Directiva 98/59, constituyen casos excepcionales no inherentes al estado de las trabajadoras, a efectos de la Directiva 92/85.

[1] Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO 1992, L 348, p. 1).

[2] Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO 1998, L 225, p. 16).

Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido. A estos efectos, las disposiciones combinadas de ambas Directivas sólo exigen que el empresario: i) exponga por escrito los motivos no inherentes a la persona de la trabajadora embarazada por los que efectúa el despido colectivo (entre otros, motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción de la empresa) e ii) indique a la trabajadora embarazada los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido.

En respuesta a otra cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Justicia declara asimismo que la Directiva 92/85 se opone a una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con carácter preventivo, el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y que establece únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando sea ilegal. El Tribunal de Justicia destaca que la Directiva 92/85 opera una distinción expresa entre, por un lado, la protección contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y por otro, la protección contra las consecuencias del despido, en concepto de reparación. Por consiguiente, los Estados miembros tienen la obligación de establecer esta doble protección. La protección preventiva reviste una especial relevancia en el ámbito de la Directiva 92/85, teniendo en cuenta el riesgo que un posible despido supone para el estado físico y psíquico de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, incluido el riesgo particularmente grave de incitar a la trabajadora embarazada a interrumpir voluntariamente su embarazo. La prohibición de despido establecida en la Directiva responde a esta preocupación. De este modo, el Tribunal de Justicia considera que la protección en concepto de reparación, aun cuando dé lugar a la readmisión de la trabajadora despedida y al abono de la retribución dejada de percibir a causa del despido, no puede sustituir a la protección de carácter preventivo. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden limitarse a establecer únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando no esté justificado.

En respuesta a otras dos cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional español, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que, en el marco de un despido colectivo, no establece ni una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo, aplicables con anterioridad a ese despido, para las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia. En efecto, la Directiva 92/85 no obliga a los Estados miembros a establecer tales prioridades. No obstante, dado que la Directiva sólo contiene disposiciones mínimas, los Estados miembros tienen la facultad de garantizar una mayor protección a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

FUENTE: legaltoday.com