Hacienda ya no podrá cobrar el 21% de IVA cuando reclame a los autónomos.

Agencia Tributaria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, cuando Hacienda detecte ingresos sin declarar por parte de un negocio, se entenderá que el IVA ya viene incluido en la operación y, por tanto, no podrá reclamar este impuesto. Aunque en vía administrativa se venía haciendo, en vía penal se estaba sumando el IVA.
DANIEL GHAMLOUCHE  00:05 06/07/21

Mazazo de Europa al Fisco español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanjó el pasado 1 de julio una de las cuestiones más controvertidas respecto al IVA: cuando Hacienda detecta que un negocio ha ocultado una operación a la Administración ¿se debería entender que el impuesto ya está incluido en dicha operación, o no?

Hasta hace poco, la Administración consideraba en muchas ocasiones que, en los ingresos no declarados que los inspectores detectaban y por los que no se había emitido factura, el IVA se tenía que sumar aparte y, por lo tanto, la base imponible sobre la que se regularizaban los impuestos subía hasta un 21% más.

Es decir, si el Fisco cazaba a un autónomo cobrando ‘bajo mano’ 1.000 euros, se podía entender que esos 1.000 euros eran tan sólo la base imponible -sin impuestos-, y por lo tanto, el 21% de IVA se aplicaría sobre esos 1.000 euros, dando como resultado 210 euros a ingresar en concepto de IVA -más las sanciones y otros impuestos que hubiera que liquidar-.

No obstante, a partir de ahora, Hacienda tendrá que descontar el IVA de los ingresos en B que la inspección detecte, a la hora de calcular  el importe del fraude en este impuestoy también en IRPF o Sociedades. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que, al determinar la base imponible de una operación ocultada por sujetos pasivos del IVA se debe considerar que las cantidades entregadas y recibidas sin presentar a Hacienda «ya incluyen dicho impuesto». 

Hacienda deberá restar el IVA de los ingresos que detecte sin declarar

O dicho de otro modo, «en una operación de 1.000 euros detectada, que no se haya declarado y en la que no se haya emitido factura, se deberá restar el IVA para determinar la base imponible sobre la que se deberán ingresar los impuestos, y calcular así la sanción y los tributos a pagar. Así,  siguiendo ese mismo ejemplo, el IVA a ingresar en este caso ya no sería de 210 euros, sino de 173,5 euros, que sería el 21% de 826,4 euros, y que daría como resultado total los 1.000 euros detectados por la inspección», explicó el director de Spanish VAT Services Asociados y experto en el tratamiento del IVA a nivel intracomunitario, Fernando Matesanz

La sentencia viene a raíz de la petición de decisión prejudicial que elevó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia al Tribunal Europeo en relación con las liquidaciones y sanciones impuestas a una empresa dedicada a la organización de fiestas patronales en Galicia en el marco de una regularización fiscal del IRPF adeudado por el período comprendido entre los años 2010 y 2012. A este contribuyente se le detectaron tres sumas sin declarar ni pagar impuestos por IRPF e IVA: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros en 2012. La cuestión a decidir en este caso era si se debía entender que los tres ingresos abonados en negro a esta empresa ya incluían IVA o no . 

Finalmente, y según Europa, se debe entender que el IVA ya está incluido en la operación en B ya que, de lo contrario, se estaría obligando a pagar el impuesto al empresario, que es sólo un mero transmisor de este impuesto. «Cualquier otra interpretación sería contraria al principio de neutralidad del IVA y haría recaer una parte de la carga de dicho impuesto sobre un sujeto pasivo, siendo así que el IVA sólo debe ser soportado por el consumidor final», explica el TJUE.

De este modo, aclara el Tribunal Europeo, «debe interpretarse que cuando, incurriendo en un comportamiento fraudulento, unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada de las cantidades entregadas debe considerarse un precio que incluye el IVA«.

La Agencia Tributaria ya aplicaba este criterio en los procedimientos administrativos

Aún con todo, lo cierto es que este criterio cambiaría solamente la actuación del Fisco en aquellas infracciones fiscales que se consideren delito penal -por superar la suma de 120.000 euros defraudados y que, además, exista voluntad de defraudar-, ya que en los procedimientos administrativos «esto ya se aplicaba. Hace como un año y medio que en todas las cuestiones contencioso-administrativas, el IVA se entendía incluido en la cantidad defraudada, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo», explicaron fuentes de la Administración a este diario.

Es por ello que, a nivel práctico, «esta sentencia europea no va a cambiar nada en la mayoría de sanciones y regularizaciones que hace el Fisco a los autónomos, por que la mayoría van por vía administrativa, y en esta vía lleva tiempo aplicándose este criterio. En lo penal, sin embargo, hasta la fecha, el IVA no se entendía incluido y puede cambiar mucho el resultado«, añadieron estas mismas fuentes.

Tanto es así que, en el caso de esta empresa gallega, si finalmente el Tribunal Europeo no hubiera decidido entender como incluido el IVA en estas sumas, la base imponible sobre la que calcular los impuestos sería el total de las sumas ocultadas: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros. Es decir, el empresario tendría que haber pagado sólo en concepto de IVA: 13.526 euros, 14.188 euros y 12.744 euros, respectivamente.  

Afectará al IVA, pero también al IRPF o Sociedades

Una diferencia grande, teniendo en cuenta que ahora, entendiéndose como incluido el impuesto: en la primera suma de 64.414 euros, la base imponible sería de 53.234 euros y el IVA a pagar sería 11.179 euros; en la segunda, la base sería 55.833 y los impuestos a pagar 11.726; y en la tercera la base imponible sería 50.158 euros y el IVA sería de 10.533 euros.

Es decir, la diferencia en estas tres operaciones, sólo teniendo en cuenta el IVA, ya superaría los 6.000 euros. «Pero esto también afecta al IRPF, ya que esas bases imponibles más bajas serán las que se tengan en cuenta para aplicar las retenciones que le correspondan al empresario, y en algunos casos, la sanción también se calculará sobre esa base , por lo que la multa también será inferior», explicó

Sanciones por no declarar ingresos

Aún con todo, el Tribunal de Justicia matiza en la sentencia que el respeto a este principio de neutralidad del IVA no se opone en ningún caso a que los Estados miembros adopten sanciones para luchar contra el fraude fiscal. Ya que, a su juicio, un fraude como éste debe castigarse mediante sanciones, y no a la hora de determinar la base imponible del impuesto a regularizar. 

De hecho, la Ley General Tributaria ya entiende como grave la ocultación de ingresos al Fisco y recoge varias sanciones en su artículo 201. Concretamente, por no cumplir con las normas de facturación, el autónomo se enfrentará a un multa pecuniaria proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

Y si directamente no hubiera factura, o no se hubiera conservado, la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 2% el importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no se conozca el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será directamente de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya expedido o conservado la correspondiente factura o tique.

FUENTE: autonomosyemprendedor.es

Declara nula la cláusula suelo impuesta por Ibercaja a un no consumidor (taxista)

Redacción Editorial Equipo de redacción de Economist & Jurist.

TIEMPO DE LECTURA: 6 MIN  Publicado  

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza ha declarado, en su reciente sentencia de 3 de junio de 2021, la no incorporación y la nulidad de la cláusula suelo contenida en la escritura de préstamo hipotecario suscrita entre Ibercaja y un no consumidor (taxista), el cual solicitó financiación en noviembre de 2006 a la entidad bancaria para adquirir una licencia de taxi.

El presente fallo se une a otros recientes pronunciamientos de las Audiencias Provinciales de Cáceres y de Madrid que también confirmaban la nulidad de la cláusula suelo impuestas a sujetos que no ostentaban la condición de consumidores.

Antecedentes

En noviembre de 2006, la actora suscribió con la demandada escritura de préstamo hipotecario por 180.000 euros, a devolver en 20 años, estableciéndose un plazo fijo inicial del 4,60% los 12 primeros meses, y un plazo variable posterior, que duraría hasta la completa amortización de la hipoteca.

En la cláusula quinta consta, bajo el apartado “Instrumento de cobertura de tipo de interés”, la denominada cláusula suelo: “A estos efectos, se fija el tipo de interés mínimo en el 9% anual y el tipo de interés mínimo en el 4,50% nominal anual”.

En enero de 2017, las partes suscribieron un contrato privado de extinción modificativa del tipo de interés mínimo, cuya estipulación primera señalaba lo siguiente: “Con efecto desde la fecha establecida de entrada en vigor de la novación que figura en las condiciones particulares y para toda la vida del préstamo, el tipo mínimo aplicable de interés será el indicado como ‘tipo de interés mínimo novado’ en sustitución del convenido como ‘tipo de interés mínimo previo’, quedando fijado el tipo de interés mínimo en el 3,75%”.

En el antecedente quinto del citado contrato privado se describe cuál era la situación y el contexto existente en ese momento en relación a las cláusulas suelo y su abusividad ya declarada en el Tribunal Supremo.

La actora suscribió con la demandada escritura de préstamo hipotecario por 180.000 euros, a devolver en 20 años, estableciéndose un plazo fijo inicial del 4,60% los 12 primeros meses, y un plazo variable posterior (Foto: Economist & Jurist)

En la estipulación tercera del aludido documento privado se afirma que las partes renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las limitaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen.

En el pie de la última hoja del reiterado documento privado se contiene la transcripción a mano por la parte actora del siguiente literal: “Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 3,75% nominal anual”.

Posiciones de las partes

Por un lado, la actora ejercita acción de declaración de nulidad de la cláusula suelo, también denominada limitativa del tipo mínimo de interés, contenida en el contrato de préstamo hipotecario, al entender que la misma no supera el control de inclusión.

Por otro lado, la entidad bancaria demandada alega que la cláusula suelo ha sido redactada con claridad, que la misma ha sido objeto de negociación previa y que, además, aquella supera el control de transparencia exigido legal y jurisprudencialmente.

En la misma línea, entiende que el contrato de transacción suscrito por ambas partes con reducción del tipo mínimo de interés y renuncia a las acciones que pudiera corresponder, produce todos los efectos por la doctrina de los actos propios al tratarse de una transacción con autoridad de cosa juzgada entre las partes.

Control de incorporación

Como es sabido, las cláusulas previstas en contratos con condiciones generales de la contratación celebrados con no consumidores están sometidas a un control de incorporación. No obstante, superado este, no están sometidas a un control de contenido, más allá de las reglas generales por las que se rige la validez de todo contrato. Es decir, en definitiva, conforme a los arts. 5 y 7 del Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, solo procederá en este caso un control de incorporación o inclusión de las cláusulas discutidas, pero no un control de transparencia ni de abusividad.

Dicho lo anterior, turno del Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Zaragoza, este declara en el fundamento de derecho cuarto de la reciente sentencia que, “si bien la cláusula es legible, clara, sencilla y gramaticalmente comprensible, la cláusula se encuentra inserta en una más amplia, entre innumerables datos, y bajo un título que lleva a la confusión (instrumento de cobertura del tipo de interés) en tanto que esta denominación no contribuye a resaltar la importancia de la cláusula, sino que más bien puede conseguir lo contrario, hacer pasar desapercibida”.

La cláusula quinta, bajo el título “Interés”, contempla en sus primeros párrafos el tipo de interés fijo temporal y cómo se configura el interés variable. En cambio, “se pasa, en los siguientes párrafos, a concretar los índices sustitutivos, y sólo unos párrafos después se incorpora la cláusula suelo bajo el confuso, ambiguo y poco claro título a que he hecho referencia, y que, además, en la práctica, solo protegía el tipo de interés aplicable de una subida, pero no de una bajada de tipos (de hecho, el tipo fijo temporal es del 4,60% y el variable a fecha del contrato hubiera sido del 4,738)”, agrega el Juzgador.

Así las cosas, en base a tales circunstancias, “unidas a que no se hace constar siquiera que el Notario autorizante advirtiera a los prestatarios de la presencia de la cláusula discutida, indican que se dio a una cláusula que configura el precio del contrato un tratamiento absolutamente secundario, apartado de aquellas que establecían el tipo fijo temporal y el interés variable, sin concederle la mínima importancia que realmente tiene (nunca en la historia ha superado el Euribor el 5,38% lo que es indicativo del efecto limitante de las bajadas del Euribor de la cláusula suelo en un préstamo a 20 años), convirtiendo la cláusula en sorprendente para el prestatario, quien posiblemente solo advirtió su presencia en el contrato una vez que desencadenó sus efectos”, declara el Magistrado-Juez.

Por ello, en este caso particular, el Juzgador declara la no incorporación de la polémica cláusula y, por lo tanto, la nulidad de la clausula limitativa del tipo de interés al alza y a la baja contendida en el contrato de 2006.

Consecuencias

Una vez declarada la nulidad de la cláusula suelo, el Magistrado-Juez estima que, en virtud del art. 1303 del Código Civil, las partes deberán restituirse recíprocamente lo que hubieran percibido de la otra con sus frutos y el precio con sus intereses.

Debiendo tenerse por no puesta la cláusula limitativa del tipo de interés, con todos los efectos que ello produce en el contrato de préstamo, la entidad bancaria demandada deberá proceder a un nuevo cálculo del capital pendiente de amortización y de los intereses sin el límite mínimo ni máximo declarado nulo, y en el caso de que del nuevo cálculo de los intereses se desprenda que los prestatarios hubieren abonado en concepto de intereses una cantidad superior a la que le correspondería una vez eliminada la cláusula suelo, la entidad demandada deberá abonar dicha cantidad cobrada en exceso, más los intereses devengados por dichas cantidades desde su cobro.

Además, la entidad bancaria deberá asumir el pago de las costas procesales.

Voz letrada autorizada

“El afectado es un no consumidor (taxista), que solicita financiación para adquirir una licencia de taxi con Ibercaja”, apunta Álvaro Domingo García Graells, Socio-Director de García-Graells Abogados y letrado que ha asumido la dirección técnica del presente litigio.

“Al no ser consumidor no ha resultado de aplicación el control de transparencia, sino la doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de inclusión de la cláusula”, agrega.

En primer término, “el Juez anuló el pacto novatorio de renuncia y posteriormente la condición de cláusula suelo por ser oscura”.

“Sin duda es un hito, dado que el control de inclusión solo permite la nulidad a través de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación si la condición es sorpresiva, oscura, etc.”, valora el abogado.

“En García-Graells Abogados hemos sido contratados por la Patronal del Taxi en Aragón y estamos formulando cientos de nuevos procesos de taxistas similares, por lo que va a abrirse este nuevo frente”, concluye el Socio-Director.

Fuente: economistjurist.es

¿Cuál es el plazo para reclamar los gastos hipotecarios? El Supremo lo decide el 23 de junio

  • Notaría, registro, gestoría, tasación… todos los gastos en el foco
  • Hasta ahora, los juzgados han seguido distintos criterios en cuanto al plazo
  • El precio de estos gastos alcanza unos 1.500 euros de media, según HelpMyCash
¿Cuál es el plazo para reclamar los gastos hipotecarios?
iStock.

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 23 de junio hasta cuándo es posible reclamar la devolución de los gastos hipotecarios.

El fallo determinará si los que contrataron su hipoteca antes del 16 de junio de 2019 aún pueden exigir que se les reembolsen las costas de constitución que los bancos les cobraron indebidamente, cuyo precio alcanza unos 1.500 euros de media.

Hasta ahora, los juzgados españoles han seguido distintos criterios para establecer cuándo empieza y cuándo acaba ese plazo, una situación que se resolverá con la sentencia de nuestro alto tribunal.

HelpMyCash apunta que entender por qué no se tiene claro cuál es el plazo para reclamar hay que conocer la legislación española.

En estos casos, el artículo 1.964 del Código Civil establece que los afectados tienen hasta cinco años para exigir la devolución del dinero. Ahora bien, esta normativa matiza que ese período debe empezar a contar «desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación», es decir, desde que el hipotecado tenga conocimiento de que le cobraron gastos de constitución de manera indebida.

Y es ahí donde radica el principal problema, pues existen interpretaciones jurídicas distintas sobre en qué momento se tenía conocimiento de que se podía reclamar: desde la publicación de la primera sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el cobro de todos los gastos hipotecarios (23 de enero de 2015), desde el fallo en el que se establecía por primera vez qué costas correspondían al banco y cuáles al cliente (24 de enero de 2019), desde la sentencia que especificaba que la tasación también debía abonarla la entidad (27 de enero de 2021)…

A la espera de una interpretación clara

Así, dependiendo de en qué punto se considere iniciado ese plazo, los afectados ya no podrán reclamar por estar ya prescrito o podrán exigir la devolución de los gastos indebidamente cobrados hasta enero de 2024 o de 2026, si tomamos por válidos los ejemplos mencionados anteriormente.

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 23 de junio cuál de estas interpretaciones sería la correcta y marcará el camino a seguir al resto de los juzgados españoles.

El alto tribunal, eso sí, deberá respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia. Según este organismo, la legislación nacional sí puede establecer un plazo de prescripción para reclamar indemnizaciones, pero este no debe hacer «imposible o excesivamente difícil» la recuperación del dinero. Además, tampoco puede empezar a correr a partir de la celebración del contrato, es decir, de la firma de la hipoteca.

Para los afectados, lógicamente, la interpretación más beneficiosa sería que ese plazo aún no hubiese prescrito, mientras que la banca espera que el Supremo aplique un criterio más restrictivo.

En cualquier caso, los que hayan interpuesto su reclamación antes de esa hipotética prescripción podrán, según HelpMyCash, recuperar los gastos hipotecarios que debía abonar su entidad: la mitad de la notaría y todas las costas de registro, gestoría y tasación.

Para conocer cuánto se podría reclamar, los afectados pueden usar la calculadora gratuita que se adjunta a final de este texto. La herramienta permite saber cuánto podría recuperar cada hipotecado.

Por ejemplo, para un préstamo medio de 150.000 euros, el afectado podría reclamar a su banco el reembolso de unos 1.506 euros: 431 euros en aranceles notariales, 375 euros en costas registrales, 400 euros en honorarios de la gestoría y 300 euros en gastos de tasación.

Fuente: eleconomista.es

Anulan por usura un crédito suscrito con 211% de interés

ALBERTO ABASCAL  – viernes, 4 de junio de 2021

La compañía estonia Bondora devolverá lo cobrado por intereses remuneratorios al cliente palentino · El coste del préstamo de 1.590 euros se elevaba al final a los 4.182,37

Anulan por usura un crédito suscrito
Un logotipo utilizado por la firma Bondora.
 

El juzgado de primera instancia número 4 ha condenado a la entidad financiera Bondora, con sede en Estonia, a anular un contrato de crédito suscrito con un cliente de la capital. La jueza titular ha estimado la usura del contrato, ya que se aplicaba un interés del 211,03% TAE, una cifra que supera en más de 200 puntos lo establecido como interés medio de los créditos al consumo

El cliente, agobiado por los intereses astronómicos que le hacían imposible el pago, puso el caso en manos de una compañía legal líder en reclamaciones de tarjetas de crédito revolving y créditos abusivos,  Don Recuperador ( www.donrecuperador.com ). De hecho, el asunto ha sido defendido por su director jurídico Antonio Castro, que indicó que su cliente solicitó a Bondora un importe de 1.590 euros en concepto de préstamo y que  la cantidad a devolver, aplicados los intereses,  ascendía a 4.182,37 euros. 

FALLO PIONERO. Con este  fallo, pionero en España, Bondora ha sido condenada a anular el contrato por usura en aplicación de una Ley vigente en España desde 1908, con la consiguiente obligación de devolver al actor el exceso que hubiera satisfecho en dicho concepto; todo ello, con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada. 

La sentencia emitida por el juzgado de primera instancia número 4  indica que el contrato objeto de la demanda «es notablemente superior al normal del dinero», después de hacer la comparativa con «los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito conforme a las estadísticas publicadas por el Banco de España para el año de suscripción del contrato en cuestión, 2017, y ello en relación con los créditos al consumo».

El interés medio de los créditos al consumo en la fecha en que fue concertado el contrato era del 8,39% mientras que Bondora le aplicó al cliente un 211, 03% TAE, según la  información aportada a este periódico por la defensa legal del cliente palentino.

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