¿Cómo proceder a la reclamación de las cláusulas suelo con garantías de éxito?

  • Cuáles son los pasos que debe seguir un afectado para poder recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo

Las reclamaciones por cláusula suelo tienen garantía de éxito. Y esto tiene que ver con la jurisprudencia que se ha venido asentando sobre la cuestión. Puesto que, en la mayoría de casos, se consideran cláusulas nulas, las entidades bancarias no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula que los tribunales consideran en la mayoría de casos, nula. Así lo explica Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Jurisprudencia

Desde el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo fijó la doctrina sobre nulidad de las cláusulas suelo en caso de que no superen el control de transparencia. A partir de entonces han sido múltiples las Sentencias del Alto Tribunal que han ratificado esa doctrina.

Pero quizá la fecha incluso más determinante sobre cláusulas suelo fue el 21 de diciembre de 2016. En aquella fecha se dictó la Sentencia del TJUE que estableció que los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, debía ser el de devolución total, en el sentido de no quedar limitada a la devolución de cantidades desde mayo de 2013, como así había venido estableciendo el Tribunal Supremo hasta la fecha.

«Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Supremo se vio obligado a cambiar su doctrina para adaptarla a lo resuelto por el TJUE, lo que hizo mediante la Sentencia de 24 de febrero de 2017»,explica González.

Ese cambio de doctrina fue interpretado por muchos Tribunales en el sentido de que había disparidad de criterios sobre cláusulas suelo, lo que posibilitaba, según estos tribunales, que se acogieran a la posibilidad de no imponer el pago de las costas procesales a los bancos, aunque estos perdieran los procedimientos judiciales.

«Esta doctrina se cortó de raíz a partir de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2017, que recordó que, si se estimaba la demanda sobre cláusulas suelo, se debía condenar al banco al pago de las costas procesales, al haber sido el causante de que el consumidor tuviera que acudir a los tribunales para reclamar», indica el abogado de Sanahuja Miranda.

Finalmente, la última Sentencia del Tribunal Supremo de relevancia es la de 16 de octubre de 2017. Esta Sentencia expuso que la cláusula que es nula de pleno derecho no es convalidable por la voluntad de las partes. Esto significa que tratándose de cláusulas suelo que puedan ser declaradas  nulas por los tribunales, los bancos no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula nula.

Con todas estas Sentencias, se concluye que los consumidores pueden:

1.   Reclamar todo lo que les corresponde por las cláusulas suelo si éstas no superan el control de transparencia. Devolución TOTAL y nulidad de la Cláusula Suelo (Sentencia TJUE 21/12/16 y STS 24/02/2017 y otras).

2.   Obtener la condena en costas a su favor si el Juzgado o Tribunal estima su reclamación en su integridad (STS 4/07/2017).

3.   Reclamar incluso si firmaron un acuerdo con el banco en el que se comprometían a no instar acciones judiciales por cláusulas suelo. (STS 16/10/2017).

¿Cómo reclamar y qué se necesita?

Tras la publicación del Real Decreto-Ley  1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, conviene, al menos, intentar la vía implementada por dicho Decreto. Para ello, será necesario reclamar al banco la devolución del importe mediante los formularios que ponen a disposición las propias entidades bancarias o mediante reclamación extrajudicial preparada por el propio consumidor o su abogado.

A partir de ahí, la entidad bancaria dispone de tres meses para efectuar la devolución de lo pagado de más y los intereses legales. Una vez que el consumidor realiza la reclamación dentro de este sistema, debe esperar esos tres meses a que la entidad bancaria le devuelva el dinero o le rechace expresamente la reclamación para poder instar la demanda judicial.

Transcurridos los anteriores plazos u obtenido el rechace de la reclamación, sólo queda reclamar judicialmente. Para hacerlo, basta con disponer de los documentos que acrediten la aplicación de la cláusula suelo y haber intentado la reclamación amistosamente sin éxito, así como la escritura de préstamo hipotecario.

Para instar la demanda también es necesario contratar un Letrado y un Procurador, que serán los profesionales que se encarguen de toda la gestión del procedimiento, aunque es altamente recomendable que el afectado se encomiende a un abogado para todo el proceso de reclamación, incluso en la fase extrajudicial, toda vez que sólo estos profesionales conocen cuál es la forma más eficaz de recuperar las cantidades por cláusulas suelo así como para revisar una hipotética oferta del banco.

Una vez interpuesta la demanda, los plazos de resolución rondan de un año a año y medio, sin contar con una eventual apelación, que podría alargar el procedimiento hasta los tres años, aproximadamente.

González aclara que «hay que tener en cuenta también que el Consejo General del Poder Judicial ha habilitado unos juzgados especializados en cada provincia, que serán los encargados de tramitar estos asuntos, lo que supone un plazo de demora añadido debido a la enorme carga de trabajo de estos juzgados».

FUENTE: legaltoday.com

Indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos

El Tribunal Supremo declara que la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos no ha de ser establecida de forma simbólica.

Cómo se establece la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos.

El Tribunal Supremo acaba de responder a esta pregunta en sentencia dictada el 21 de septiembre de 2017, diciendo que es improcedente establecer indemnizaciones simbólicas por la intromisión ilegítima del derecho al honor como consecuencia de una indebida inclusión en un registro de morosos.

Los ELEMENTOS, según este Tribunal, que han de servir para determinar la cuantía de la indemnización en estos casos son:

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

1.- duración de la inclusión de los datos en el fichero de morosos.

2.- comunicación de esos datos a diversas empresas asociadas al fichero.

3.- resultado negativo de las gestiones realizadas por el afectado para obtener la cancelación de sus datos.

Veamos cómo aplica dichos elementos el Tribunal Supremo en la SENTENCIA de 21.09.2017

Supuesto de hecho:

– Un señor interpuso una demanda contra una empresa de telefonía por considerar que la inclusión de sus datos personales en sendos registros de morosos por un supuesto impago de 119,22 euros constituyó una intromisión ilegítima en su derecho al honor, y solicitó que se le excluyera de los registros de morosos a los que la empresa telefónica había comunicado sus datos personales.

–  El demandante solicitó una indemnización de 8.000 euros.

– El Juzgado de Primera Instancia consideró que la inclusión de los datos personales del demandante en los registros de morosos había sido indebida y constituía una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante porque no se trataba de una deuda cierta y no constaba el previo requerimiento de pago.

–  El Juzgado estableció la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos en la cantidad de los 8.000 euros reclamados, considerando que la inclusión en uno de los ficheros se prolongó durante nueve meses y en el otro, durante seis meses; que las gestiones del demandante para lograr la cancelación de sus datos en los registros de morosos fueron infructuosas porque ante su solicitud, la demandada confirmó la inclusión de los datos en los ficheros ; y que se produjeron siete «visitas» de otras tantas empresas (entidades financieras o empresas que funcionan mediante la concesión de crédito) a cada uno de los ficheros.Indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos

–  La empresa telefónica recurrió la sentencia y laAudiencia Provincial consideró excesiva la indemnización y la rebajó a la cantidad de 1.500 euros.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El Tribunal Supremo ante este supuesto declara:

–  El derecho al honor está reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución Española.

–  Se ha infringido el artículo 19.1 de la Ley de Protección de Datos , así como el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982.

–  La sentencia recurrida infringe la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras sentencia 26.04.2017), puesto que la Audiencia Provincial otorga una indemnización que ha de considerarse simbólica, sin tener en consideración que se ha vulnerado un derecho fundamental del demandante, que la inclusión indebida de sus datos personales se produjo en dos ficheros de morosos y durante un tiempo considerable (nueve y seis meses, respectivamente), que los datos fueron comunicados a varias entidades (siete comunicaciones en cada fichero ) y que el demandante ejercitó su derecho de cancelación al que la empresa de telefonía demandada se opuso injustificadamente.

–  Estas circunstancias no han sido tomadas en consideración por la Audiencia Provincial, que ha fijado una indemnización simbólica.

Una indemnización de este tipo tiene un efecto disuasorio inverso. No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen indebidamente datos personales de sus clientes en registros de morosos , pero sí disuade de entablar una demanda a los afectados que ven vulnerado su derecho al honor puesto que, con toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará el daño moral sufrido sino que es posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación de su demanda no es completa.

–  Por estas razones, se casa la sentencia recurrida y en su lugar se establece correcta la indemnización de los 8.000 euros acordada por el Juzgado.

FUENTE: mundojuridico.info

La Justicia Europea defiende el derecho a disfrutar las vacaciones no disfrutadas.

En la sentencia dictada el miércoles 29 de Noviembre, el Tribunal de Justicia Europeo se ha pronunciado avalando el derecho de un trabajador británico para reservar sus días de vacaciones y disfrutarlos más allá del plazo en el que supuestamente caducaran, en caso de no saber si la empresa va a remunerarlos.

El tribunal europeo ha añadido que la actitud disuasoria de un empresario hacia un trabajador para que no ejerza su derecho de vacaciones anuales retribuidas es incompatible con la normativa.

El trabajador laboró en virtud de «contrato por cuenta propia únicamente a comisión» de 1999 hasta su jubilación en 2012 percibiendo únicamente comisiones. Cuando disfrutaba de vacaciones anuales, éstas no eran retribuidas.

Al finalizar su relación laboral, el hombre reclamó a su empresario el pago de una compensación económica por sus vacaciones anuales disfrutadas y no retribuidas y por las no disfrutadas, correspondientes a la totalidad del período durante el cual había trabajado. La empresa denegó ese pago, por lo que el trabajador interpuso recurso ante el Tribunal de lo Social de Reino Unido.

Al término de dicho procedimiento, el tribunal consideró que el demandante era un «trabajador» en el sentido de la normativa británica que transpone la Directiva relativa al tiempo de trabajo y que tenía derecho a la compensación por vacaciones retribuidas.

El tribunal de apelación  de Inglaterra y Gales planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación de la citada Directiva. En particular, preguntó si, en caso de controversia entre el trabajador y el empresario a la hora de determinar si el trabajador tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas, resulta compatible con el Derecho de la Unión el hecho de que el trabajador tenga que tomar las vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean retribuidas.

Las vacaciones retribuidas son un derecho

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala que el derecho a vacaciones anuales retribuidas para todos los trabajadores debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión cuya finalidad consiste en permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento.

Sin embargo, un trabajador que tenga que hacer frente a circunstancias que puedan generar incertidumbre durante el período de sus vacaciones anuales en cuanto a la retribución a la que tiene derecho, no puede disfrutar plenamente de esas vacaciones.

Además, esas circunstancias pueden disuadir al trabajador de ejercer su derecho a disfrutar de vacaciones anuales. A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que toda práctica u omisión de un empresario que tenga ese efecto potencialmente disuasorio es incompatible con la finalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia menciona el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.En el contexto de este asunto, ese derecho no quedaría garantizado si, en una situación en la que el empresario únicamente concediese vacaciones no retribuidas al trabajador, éste no pudiera invocar ante el juez el derecho a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas como tal, sino que se viera obligado primero a tomar vacaciones no pagadas y luego a presentar un recurso para obtener su retribución.

El Tribunal de Justicia considera que ese resultado es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y la Directiva relativa al tiempo de trabajo. Así pues, el Derecho de la Unión se opone a que el trabajador deba disfrutar de sus vacaciones anuales antes de saber si tiene derecho a que éstas se le retribuyan.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la Unión se opone a disposiciones o prácticas nacionales según las cuales un trabajador no puede aplazar, y en su caso acumular, hasta el momento de la conclusión de su relación laboral, derechos a vacaciones anuales retribuidas no ejercidos correspondientes a varios períodos de devengo consecutivos, por la negativa del empresario a retribuir esas vacaciones.

Por otro lado, para proteger al empresario del riesgo de una acumulación demasiado prolongada de períodos de inactividad laboral del trabajador y de las dificultades que éstos podrían causar para la organización del trabajo, el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión no se opone a disposiciones o prácticas nacionales que limitan la acumulación de los derechos a dichas vacaciones mediante un período de aplazamiento de quince meses, a cuyo término se extingue el derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Sin embargo, en este caso la protección de los intereses del empresario no parece estrictamente necesaria, ya que la apreciación del derecho a vacaciones anuales retribuidas de un trabajador no está relacionada con una situación en la que su empresario haya debido hacer frente a períodos de ausencia de éste.

Así pues, el Tribunal de Justicia considera que, contrariamente a una situación en la que el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas por causa de enfermedad, el empresario que no permita a un trabajador ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas debe asumir las consecuencias.

Por consiguiente, admitir una extinción de los derechos a vacaciones anuales retribuidas adquiridos por el trabajador implicaría validar un comportamiento que enriquece injustamente al empresario en detrimento del trabajador.

Fuente: noticias.juridicas.com

Responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad.

Declaración de responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad cuando se incumple el deber de disolver la sociedad.

Antes de comenzar a hablaros de la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad, es decir, si los administradores van a responder solidariamente con su patrimonio personal de las deudas contraídas por la empresa que administraban, hemos de señalar que la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece que las empresas que se regulen mediante sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, deben proceder a su disolución OBLIGATORIAMENTE en una serie de supuestos (art. 363 LSC), entre los que destacamos, por ser los mas habituales:

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.

b) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

EJEMPLO:

Imaginemos una Sociedad Limitada que ha contraído deudas con ciertos proveedores a los que no paga; la empresa tiene importantes pérdidas ya que el negocio no va nada bien y deja de tener actividad, desapareciendo del tráfico mercantil sin proceder a la disolución en forma o presentar concurso de acreedores.

¿Qué tiene que hacer el administrador de la sociedad si ésta se encontrase en causa de disolución?

Para evitar una posible declaración de responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad, y teniendo constancia de encontrarse en causa de disolución, lo que tienen que hacer es  convocar la junta general de la sociedad en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso.

¿Qué consecuencias tienen los administradores si incumplen esta convocatoria de disolución o la solicitud de concurso de acreedores?

Los administradores responderán solidariamente de las deudas sociales si incumplen la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de acreedores de la sociedad.Responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad

IMPORTANTE:

Ahora bien, dicho lo anterior, la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad solo lo será si la deuda contraída lo fuese de fecha posterior a la causa de la disolución, pero no las anteriores.

EJEMPLO: Si la deuda del proveedor se hubiese contraído en junio de 2015 y la causa de disolución de la sociedad por pérdidas que hubieren reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social se produjo en enero de 2015 y el administrador no hizo nada sobre la disolución (2 meses tenía), pero contrajo la obligación con posterioridad, puede declararse la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad.

El artículo 367 LSC, literalmente establece: ” 1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución. 

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.”

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 14.05.2015

” La acción ejercitada de responsabilidad de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada, prevista en el artículo 367 de la LSC requiere que los administradores hayan incumplido el deber de promover la disolución, cuando existe una causa legal que así lo exige. Aunque esta responsabilidad de los administradores se vincule a cualquier causa de disolución, su importancia se manifiesta singularmente en los supuestos de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que se establezca, a través de una operación de reducción o de ampliación del capital social, el equilibrio patrimonial, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso. Es una responsabilidad por deuda ajena, ex lege, que no tiene naturtaleza de “sanción” o “pena civil”.

Cuando nació la deuda reclamada (año 2005) ha quedado acreditado que la sociedad no estaba incursa en ninguna causa de disolución sino que, en todo caso, esta aparece a partir de 2007 y en los años sucesivos. Si la sociedad hubiera estado en causa de disolución en el momento de contraer la deuda, hubiera obligado a los administradores a cumplir los concretos deberes que imponen actualmente los arts. 365 y 366 LSC:

  • convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución.
  • en el caso en que no se hubiera podido constituir la junta, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista en la celebración de la junta.
  • y  si se hubiese celebrado la junta, pero no se hubiera adoptado el acuerdo de disolución o el acuerdo hubiese sido contrario, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde el día de la junta.

Ninguno de estos deberes le eran exigibles a los administradores demandados porque la sociedad deudora no se hallaba en causa de disolución en el momento de contraer la sociedad la deuda frente a la actora.

Por tanto en el presente caso, no procede declarar la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad“.

FUENTE: mundojuridico.info

El TEDH revisa sus criterios sobre la validez de vigilancia de las comunicaciones del trabajador por parte del empresario.

Carlos B. Fernández.- El despido de un trabajador por utilizar los medios de comunicación de la empresa, cuando no ha quedado acreditado que hubiera sido advertido previamente por su empleador de la posibilidad de que sus comunicaciones pudieran ser controladas; ni se la había informado de la naturaleza o el alcance de la vigilancia, ni del grado de intrusión en su vida privada y en su correspondencia, constituye un violación del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar, el hogar y la correspondencia) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Y ello máxime cuando los órganos jurisdiccionales nacionales no han determinado, en primer lugar, los motivos específicos que justificaban la introducción de las medidas de control; en segundo lugar, si el empleador podía haber utilizado medidas que entrañaran menos intrusión en la vida privada y la correspondencia del trabajador y, en tercer lugar, si las comunicaciones se hubieran podido acceder sin su conocimiento.
Así lo ha resuelto el Pleno (Grand Chambre) del TEDH en su sentencia de fecha 5 de septiembre de 2017 (Barbulescu vs Rumanía), por la que enmienda el criterio fijado anteriormente por su Sección 3.ª en su sentencia del 12 de enero de 2016. En esta sentencia, recaída sobre los mismos hechos, se declaró que no había habido violación del artículo 8 de la Convención, pues los tribunales nacionales habían logrado un justo equilibrio entre el derecho del trabajador al respeto de su vida privada y los intereses de su empleador, por lo que consideró que el control por parte de este de las comunicaciones del trabajador había sido razonable en el contexto de un procedimiento disciplinario.

Los hechos

El actor fue contratado en 2004 por una empresa privada como encargado de las ventas. A petición de su empleador, creó una cuenta de Yahoo Messenger con el fin de responder a las preguntas de los clientes.
El 3 de julio de 2007, la empresa distribuyó una información entre sus empleados en la que se decía que una empleada había sido despedida por motivos disciplinarios, después de haber utilizado para fines privados el Internet, el teléfono y la fotocopiadora de la empresa.
El 13 de julio de 2007, se informó al actor de que sus comunicaciones por Yahoo Messenger habían sido supervisadas y que había pruebas de que había utilizado Internet para fines personales. En concreto, se le presentó una transcripción de 45 páginas de sus comunicaciones del 5 al 12 de julio de 2007, consistente en mensajes que había intercambiado con su hermano y su prometida en relación con asuntos personales, algunos de los cuales eran de índole íntima.

El 1 de agosto de 2007, el empleador resolvió el contrato de trabajo del actor alegando incumplimiento del reglamento interno de la empresa, que prohibía el uso de sus recursos para fines personales.
El actor impugnó esta decisión ante los tribunales rumanos, denunciando que la decisión de rescindir su contrato era nula ya que al acceder a sus comunicaciones se había violado su derecho a la intimidad de la correspondencia. En diciembre de 2007 su denuncia fue rechazada en primera instancia por un Tribunal de Bucarest, que consideró, en particular, que el empleador había cumplido con los procedimientos de despido previstos por el Código del Trabajo; que los empleadores tenían derecho a establecer normas para el uso de Internet; que esta era una herramienta puesta a disposición de los empleados para uso profesional y que el trabajador había sido debidamente informado de los reglamentos de la empresa.
El Tribunal de Apelación desestimó el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de instancia. En esencia, confirmó las conclusiones del tribunal inferior al considerar, por un lado, que la conducta del empleador, después de haber advertido al actor y a sus colegas de que los recursos de la empresa no deben utilizarse para fines personales, había sido razonable y, por otro, que la supervisión de las comunicaciones realizada había sido el único método para establecer si había habido una violación disciplinaria.

Las instrucciones del empleador no eliminan el derecho a la intimidad del trabajador

En su nueva sentencia el Pleno del TEDH ha considerado, por once votos contra seis, que en este caso sí se ha producido una violación del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En primer lugar el Tribunal confirma que el artículo 8 resulta aplicable en el caso, concluyendo que las comunicaciones del trabajador en el lugar de trabajo están incluidas en los conceptos de «vida privada» y «correspondencia». Señala, en particular, que, aunque era cuestionable si el actor podía haber tenido una expectativa razonable de privacidad (habida cuenta de las restrictivas normas de su empleador sobre el uso de Internet, de las cuales había sido informado), estas instrucciones del empleador no pueden reducir la vida privada social en la lugar de trabajo a cero. El derecho al respeto de la vida privada y a la intimidad de la correspondencia, continúa existiendo, incluso si éstos pueden restringirse en la medida en que resulte necesario (An employer’s instructions could not reduce private social life in the workplace to zero. The right to respect for private life and for the privacy of correspondence continued to exist, even if these might be restricted in so far as necessary).

Requisitos para considerar válido el aviso del empleador

A continuación añade que si bien la medida de control de las comunicaciones del Sr. B?rbulescu, que dio lugar a su despido, había sido adoptada por una empresa privada, esta había sido aceptada por los órganos jurisdiccionales nacionales. En consecuencia, el Tribunal europeo considera que la reclamación debe examinarse desde el punto de vista de las obligaciones positivas del Estado.

En este sentido, añade, las autoridades nacionales debían realizar un ejercicio de equilibrio entre los intereses en conflicto, a saber, el derecho del trabajador al respeto de su vida privada, por una parte, y el derecho de su empleador a adoptar medidas para garantizar el buen funcionamiento de la empresa la empresa, por otro.
Y sobre este particular considera que los órganos jurisdiccionales nacionales no habían determinado si el trabajador había sido previamente notificado de la posibilidad de que su empresario introdujera medidas de control, ni de la naturaleza de tales medidas. El tribunal de Bucarest, se señala, había observado que simplemente se había informado a los empleados del hecho de que, poco antes, otro empleado había sido despedido por usar Internet, el teléfono y la fotocopiadora con fines personales. En consecuencia, el Tribunal de Apelación había considerado que el trabajador había sido advertido que no debía utilizar los recursos de la empresa para fines personales.
Pero el Tribunal considera que, con arreglo a las normas internacionales y europeas (en particular el Código de buenas prácticas para la protección de los datos personales del trabajador de la OIT, de 1997, y de la Recomendación CM/Rec 2015 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito de la relación laboral), para poder calificar un notificación de la empresa como aviso previo, la advertencia de un empresario debía darse antes de que se iniciara la vigilancia, especialmente cuando esta entraña el acceso al contenido de las comunicaciones de los empleados.
Por tanto, el TEDH considera que el Sr. B?rbulescu no había sido informado con antelación del alcance y la naturaleza del control de su empleador ni de la posibilidad de que el empresario tuviera acceso al contenido real de sus mensajes.

Alcance de la vigilancia del empresario

En cuanto al alcance de la vigilancia y al grado de intrusión en la intimidad del trabajador, el TEDH considera que esta cuestión no había sido examinada por ninguno de los órganos jurisdiccionales nacionales, aunque el empleador había registrado todas las comunicaciones del trabajador sancionado durante el período de control en tiempo real.
A juicio del Tribunal, los órganos jurisdiccionales no realizaron una evaluación suficiente de la existencia de motivos legítimos para justificar este control de las comunicaciones.
Por otra parte, ninguno de los órganos jurisdiccionales nacionales había examinado suficientemente si el objetivo perseguido por el empresario podía alcanzarse mediante métodos menos intrusivos que el acceso al contenido de las comunicaciones del Sr. B?rbulescu.
Vistas estas consideraciones, el Tribunal concluye que las autoridades nacionales no habían protegió adecuadamente el derecho del trabajador al respeto de su vida privada y de su correspondencia y que, por consiguiente, no habían logrado un justo equilibrio entre los intereses en conflicto.

FUENTE: noticias.juridicas.com