Delito de daños en la vivienda alquilada

Uno de los elementos que se requieren para estar ante un delito de daños en la vivienda alquilada o en el mobiliario es la intencionalidad de dichos daños.

Vamos a ver algunas cuestiones importantes del delito de daños en la vivienda alquilada o en el mobiliario cuando el arrendamiento se ha efectuado con muebles y enseres.

El Código Penal castiga aquellas conductas en las que el sujeto ocasiona daños a propiedad ajena.  El artículo 263 establece que en estos casos se condenará al sujeto a la pena de MULTA de 6 a 24 meses, siempre que la valoración de los daños supere los 400 euros.

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

Si los daños no superan los 400 euros, será condenado por un delito leve de daños (antigua falta) a la pena de MULTA de 1 a 3 meses.

Si quieres leer más sobre el delito de daños PINCHA AQUÍ.

¿Todos los daños que aparezcan en la vivienda o en el mobiliario se considerarán delito?

La respuesta es que NO.

Por el solo hecho de que al finalizar el alquiler aparezcan daños en la vivienda o en el mobiliario no significa que dicha conducta sea considerada DELITO.

Para que dichos daños puedan tener un reproche penal, es decir, para que hablemos de un delito de daños en la vivienda alquilada,  se exige que hayan sido causados de manera intencionada o dolosa.

También podrán ser castigados en via penal los daños por imprudencia grave siempre y cuando su valor supere los 80.000 euros (cosa improbable en estos casos).Delito de daños en la vivienda alquilada

Es decir, si los daños se han producido por el desgaste usual de las cosas o por simple imprudencia, no estaríamos hablando de delito sino de una cuestión civil que podrá ventilarse en los juzgados civiles pero no en los juzgados penales.

¿Cómo han de acreditarse los daños en la vivienda o mobiliario?

Los daños han de acreditarse por el dueño de la vivienda.

De ahí la importancia de que inmediatamente cuando se termine el contrato de arrendamiento o se tome posesión de la finca por el Juzgado si ha mediado un procedimiento de desahucio, se examine por un perito el estado de la vivienda y se valoren dichos daños (reportaje fotográfico, testigos, etc.).

Recomendaciones para el arrendador y para el inquilino:

1ª.-  Es muy importante que antes de celebrar el contrato de arrendamiento se examine detalladamente la vivienda y el mobiliario, a los efectos de detectar cualquier irregularidad y ponerla de manifiesto en el contrato o en un anexo al mismo.

2ª.-  Hacer un reportaje fotográfico o de vídeo del estado de la vivienda y del mobiliario cuando se va a celebrar el contrato de arrendamiento.

3ª.-  Si la vivienda se alquila amueblada hay que confeccionar un inventario lo más exhaustivo que se pueda.

4ª.- Poner de manifiesto los desperfectos que vayan apareciendo en la vivienda o el mobiliario.

EJEMPLOS DE SENTENCIAS

SE CONDENA POR DELITO DE DAÑOS EN LA VIVIENDA ALQUILADA

–  Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1ª), sentencia 18.04.2017:

” El 28 de mayo de 2012 los inquilinos entregaron las llaves de la vivienda.
El perito …., informa que visitó la vivienda el 6 de junio de 2012, presentando ésta un estado lamentable, totalmente incompatible con un uso normal de la misma, observando roturas en cajones de persianas, persianas, mobiliario, aparatos sanitarios, muebles de cocina, pavimentos de gres y parquet, alicatados, puertas, mecanismos eléctricos.., así como sustracción de mecanismos de cierre de todas las puertas, pintado de éstas de forma tosca, y suciedad general que afecta a toda la vivienda, llegando al extremo de excrementos de animales en algunas zonas. Incorpora a su informe diversas fotografías en las que se aprecian los desperfectos y suciedad informados por el perito, en los muebles de cocina y encimera de la cocina, alicatados, puertas, lamas y cajas de persianas, armario, encimera y mueble de lavabo, y suciedad generalizada en las diversas estancias de la vivienda. Es manifiesto que tales desperfectos exceden de los que pudieran derivarse del uso normal de la vivienda, y que no han podido ser causados sino intencionadamente, pues de otro modo no se explica que el lavabo se encuentre en el suelo, la suciedad sea notoria y generalizada, el armario no tenga puertas, las persianas estén rotas, haya boquetes en los azulejos, o que las puertas no tengan manillas.
No hay un solo dato que permita apreciar la posible comisión del delito por un tercero en el escaso tiempo, nueve días, transcurrido entre la entrega de llaves y la inspección de la vivienda por el perito , sin que dicho perito informe que la puerta de entrada hubiera sido forzada, o que de otro modo se apreciara el acceso de terceras personas a la vivienda; resultando, en un juicio de inferencia lógico, que los daños, eminentemente intencionales, como resulta de las fotografías obrantes en autos e informa el perito, fueron causados por los acusados, pues ellos eran los ocupantes de la vivienda, sin que hayan dado una explicación razonable acerca de tan importantes daños y suciedad en la vivienda, que conforme al contrato de arrendamiento se encontraba en estado de servir al fin para el que se arrendó, así como consta en el contrato que inspeccionaron la vivienda antes de ocuparla, no siendo creíble que la ocuparan sin haberla visto, por más que se encontraran en la necesidad imperiosa de alquilar una vivienda, pues no se antoja imposible encontrar en la ciudad de Logroño un alquiler similar al pactado en este caso.”

–  Audiencia Provincial de Albacete (Sección 1ª), sentencia 15.07.2010:

” Igual razón impide estimar las alegaciones sobre el delito de daños , su voluntariedad se deduce del tipo de daños , absolutamente diferente de los que se producen por un uso e incluso por un abuso de la vivienda alquilada , rotura de cristales, de las presiones, desperfectos en las ventanas, rotura de sillones, de timbre de la puerta y del telefonillo. En definitiva la Sala igual que el Juez considera que dichos daños se produjeron adrede y no son consecuencia del uso del inmueble arrendado, por lo que constituyen el delito de daños por la que se sanciona.”

–  Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 10ª), sentencia 6.09.2016:

” Ha quedado probado que la acusada Claudia, en fecha y hora no concretada pero en todo caso, entre los días 3 y 7 de Mayo de 2013, conocedora de que iba a ser lanzada de la vivienda y con ánimo de menoscabar la propiedad ajena, causó de forma consciente desperfectos y destrozos en el mobiliario y en las instalaciones de la vivienda arrendada (tales como paredes rotas, arrancados tubos y cañerías de cobre, cables de luz, sacados los enchufes, rotura de persianas ventanas y somieres y colchones rotos, grifo de la cocina roto, desaparición del contador de la vivienda etc), dejando asimismo a vivienda en un estado lamentable en cuanto a su salubridad.”

SE ABSUELVE DEL DELITO DE DAÑOS EN LA VIVIENDA ALQUILADA

–  Audiencia Provincial de Alava (Sección 2ª), sentencia 1.09.2014:

” Los daños apreciados no llegan a objetivar una intención de dañar, sino simplemente son indicativos de que la acusada no realizó un uso adecuado de la vivienda. Se trata de daños que evidencian un uso descuidado, incluso negligente; pero no evidencian un ánimo de perjudicar al propietario, ni siquiera uniéndole el hecho de que el propietario tuvo que interponer un procedimiento de desahucio; pues de tal hecho no cabe presumir en el presente supuesto el móvil o sentimiento de venganza que nutren la intención de perjudicar a otro.

No es extraño que las alfombras se estropeen si se dejan en el balcón porque no se quiere hacer uso de las mismas; ni es difícil que se rompa una persiana o el cristal de una mesa accidentalmente si no se es cuidadoso en el trato de las cosas; por otra parte, las pintadas con rotulador que aparecen muy localizadas en paredes son como las que haría un niño en un descuido de su cuidador; estas dos últimas razones pueden igualmente predicarse de las marcas dejadas en puertas, la mesa, la encimera de estudio color blanco, un mueble mural o el marco de dos de los cuadros, así como de las manchas en unas cortinas, e incluso del somier partido; y, por último, es de notar que las humedades en uno de los baños se localizan en el techo, desconociéndose el origen de las mismas.

La perito se limitó a describir los daños únicamente a efectos de su valoración, sin que en su informe se excluya que dichos daños se deben a un uso descuidado o negligente de la vivienda.

Existe un generalizado consenso doctrinal en la conveniencia de reducir al mínimo la persecución penal de conductas que, como la de daños, tienen ya una respuesta civil indemnizatoria o restauradora. “

FUENTE: mundojuridico.info

Unos 124.000 nuevos autónomos se benefician de la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros a un año

Un total de 123.428 trabajadores autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros ampliada hasta un año, desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

La entrada en vigor de esta y otras medidas recogidas en la nueva Ley de Autónomos han propiciado que en el primer trimestre del año se haya alcanzado el mayor incremento de afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de toda la serie histórica, 10 veces por encima respecto al año pasado.

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este lunes, la Seguridad Social española cuenta con más de 18,5 millones afiliados, de los que más de 3,2 millones son trabajadores autónomos (3.230.400, marzo 2018). Este dato refleja la progresión de la actividad emprendedora desde que el pasado mes de octubre entró plenamente en vigor la nueva Ley de Autónomos.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece que los trabajadores que se dan de alta como nuevos autónomos desde enero de 2018 pueden acogerse a la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. La norma introduce además la extensión de la reducción hasta 24 meses: 50% los siguientes seis meses y del 30%, por otros seis meses.

Según la previsión inicial, en su primer año de vigencia se podrán beneficiar de la tarifa plana ampliada alrededor de 140.500 trabajadores autónomos lo que supondrá un ahorro en la cotización de este colectivo de 202,4 millones de euros.

FUENTE: legaltoday.com

Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo.

En ese caso, el empresario debe comunicar a la trabajadora embarazada los motivos que justifican el despido y los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados por el despido.

TJUE

El 9 de enero de 2013, la sociedad española Bankia inició un período de consultas con los representantes de los trabajadores con vistas a proceder a un despido colectivo. El 8 de febrero de 2013, la comisión negociadora alcanzó un acuerdo en el que se establecían los criterios que debían aplicarse para seleccionar a los trabajadores que iban a ser despedidos y los criterios de prioridad de permanencia en la empresa.

El 13 de noviembre de 2013, Bankia notificó a una trabajadora, embarazada en ese momento, una carta de despido conforme al acuerdo alcanzado por la comisión negociadora. La carta de despido exponía, en particular, que en el caso concreto de la provincia en la que prestaba servicios la trabajadora era necesario un profundo ajuste de la plantilla, y que en el proceso de valoración realizado en la empresa durante el período de consultas, la puntuación que la trabajadora había obtenido se encontraba entre las más bajas de la provincia.

La trabajadora afectada presentó demanda de despido ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Mataró (Barcelona), el cual se pronunció a favor de Bankia. La trabajadora interpuso entonces recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este último ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interprete la prohibición de despedir a las trabajadoras embarazadas establecida en la Directiva 92/85 sobre la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, [1]en el marco de un procedimiento de despido colectivo en el sentido de la Directiva 98/59 sobre despidos colectivos. [2]

En efecto, la Directiva 92/85 prohíbe el despido de las trabajadoras durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad, salvo en los casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones o prácticas nacionales.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite el despido de una trabajadora embarazada con motivo de un despido colectivo. El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que una decisión de despido que se haya tomado por razones esencialmente relacionadas con el embarazo de la trabajadora es incompatible con la prohibición de despido establecida en dicha Directiva. En cambio, una decisión de despido que se haya tomado, durante el período comprendido entre el comienzo del embarazo y el final del permiso de maternidad, por razones no relacionadas con el embarazo de la trabajadora no es contrario a la Directiva 92/85 si el empresario comunica por escrito motivos justificados de despido y el despido de la trabajadora está admitido por la legislación o práctica del Estado miembro en cuestión. Por consiguiente, los motivos no inherentes a la persona de los trabajadores que pueden alegarse en el marco de los despidos colectivos, en el sentido de la Directiva 98/59, constituyen casos excepcionales no inherentes al estado de las trabajadoras, a efectos de la Directiva 92/85.

[1] Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO 1992, L 348, p. 1).

[2] Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO 1998, L 225, p. 16).

Seguidamente, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que permite al empresario despedir a una trabajadora embarazada en el marco de un despido colectivo sin comunicarle más motivos que los que justifican ese despido colectivo, siempre y cuando se indiquen los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido. A estos efectos, las disposiciones combinadas de ambas Directivas sólo exigen que el empresario: i) exponga por escrito los motivos no inherentes a la persona de la trabajadora embarazada por los que efectúa el despido colectivo (entre otros, motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción de la empresa) e ii) indique a la trabajadora embarazada los criterios objetivos que se han seguido para designar a los trabajadores afectados por el despido.

En respuesta a otra cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Justicia declara asimismo que la Directiva 92/85 se opone a una normativa nacional que no prohíbe, en principio, con carácter preventivo, el despido de una trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y que establece únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando sea ilegal. El Tribunal de Justicia destaca que la Directiva 92/85 opera una distinción expresa entre, por un lado, la protección contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y por otro, la protección contra las consecuencias del despido, en concepto de reparación. Por consiguiente, los Estados miembros tienen la obligación de establecer esta doble protección. La protección preventiva reviste una especial relevancia en el ámbito de la Directiva 92/85, teniendo en cuenta el riesgo que un posible despido supone para el estado físico y psíquico de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, incluido el riesgo particularmente grave de incitar a la trabajadora embarazada a interrumpir voluntariamente su embarazo. La prohibición de despido establecida en la Directiva responde a esta preocupación. De este modo, el Tribunal de Justicia considera que la protección en concepto de reparación, aun cuando dé lugar a la readmisión de la trabajadora despedida y al abono de la retribución dejada de percibir a causa del despido, no puede sustituir a la protección de carácter preventivo. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden limitarse a establecer únicamente, en concepto de reparación, la nulidad de ese despido cuando no esté justificado.

En respuesta a otras dos cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional español, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 92/85 no se opone a una normativa nacional que, en el marco de un despido colectivo, no establece ni una prioridad de permanencia en la empresa ni una prioridad de recolocación en otro puesto de trabajo, aplicables con anterioridad a ese despido, para las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia. En efecto, la Directiva 92/85 no obliga a los Estados miembros a establecer tales prioridades. No obstante, dado que la Directiva sólo contiene disposiciones mínimas, los Estados miembros tienen la facultad de garantizar una mayor protección a las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

FUENTE: legaltoday.com

¿Cómo proceder a la reclamación de las cláusulas suelo con garantías de éxito?

  • Cuáles son los pasos que debe seguir un afectado para poder recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo

Las reclamaciones por cláusula suelo tienen garantía de éxito. Y esto tiene que ver con la jurisprudencia que se ha venido asentando sobre la cuestión. Puesto que, en la mayoría de casos, se consideran cláusulas nulas, las entidades bancarias no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula que los tribunales consideran en la mayoría de casos, nula. Así lo explica Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Jurisprudencia

Desde el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo fijó la doctrina sobre nulidad de las cláusulas suelo en caso de que no superen el control de transparencia. A partir de entonces han sido múltiples las Sentencias del Alto Tribunal que han ratificado esa doctrina.

Pero quizá la fecha incluso más determinante sobre cláusulas suelo fue el 21 de diciembre de 2016. En aquella fecha se dictó la Sentencia del TJUE que estableció que los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, debía ser el de devolución total, en el sentido de no quedar limitada a la devolución de cantidades desde mayo de 2013, como así había venido estableciendo el Tribunal Supremo hasta la fecha.

«Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Supremo se vio obligado a cambiar su doctrina para adaptarla a lo resuelto por el TJUE, lo que hizo mediante la Sentencia de 24 de febrero de 2017»,explica González.

Ese cambio de doctrina fue interpretado por muchos Tribunales en el sentido de que había disparidad de criterios sobre cláusulas suelo, lo que posibilitaba, según estos tribunales, que se acogieran a la posibilidad de no imponer el pago de las costas procesales a los bancos, aunque estos perdieran los procedimientos judiciales.

«Esta doctrina se cortó de raíz a partir de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2017, que recordó que, si se estimaba la demanda sobre cláusulas suelo, se debía condenar al banco al pago de las costas procesales, al haber sido el causante de que el consumidor tuviera que acudir a los tribunales para reclamar», indica el abogado de Sanahuja Miranda.

Finalmente, la última Sentencia del Tribunal Supremo de relevancia es la de 16 de octubre de 2017. Esta Sentencia expuso que la cláusula que es nula de pleno derecho no es convalidable por la voluntad de las partes. Esto significa que tratándose de cláusulas suelo que puedan ser declaradas  nulas por los tribunales, los bancos no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula nula.

Con todas estas Sentencias, se concluye que los consumidores pueden:

1.   Reclamar todo lo que les corresponde por las cláusulas suelo si éstas no superan el control de transparencia. Devolución TOTAL y nulidad de la Cláusula Suelo (Sentencia TJUE 21/12/16 y STS 24/02/2017 y otras).

2.   Obtener la condena en costas a su favor si el Juzgado o Tribunal estima su reclamación en su integridad (STS 4/07/2017).

3.   Reclamar incluso si firmaron un acuerdo con el banco en el que se comprometían a no instar acciones judiciales por cláusulas suelo. (STS 16/10/2017).

¿Cómo reclamar y qué se necesita?

Tras la publicación del Real Decreto-Ley  1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, conviene, al menos, intentar la vía implementada por dicho Decreto. Para ello, será necesario reclamar al banco la devolución del importe mediante los formularios que ponen a disposición las propias entidades bancarias o mediante reclamación extrajudicial preparada por el propio consumidor o su abogado.

A partir de ahí, la entidad bancaria dispone de tres meses para efectuar la devolución de lo pagado de más y los intereses legales. Una vez que el consumidor realiza la reclamación dentro de este sistema, debe esperar esos tres meses a que la entidad bancaria le devuelva el dinero o le rechace expresamente la reclamación para poder instar la demanda judicial.

Transcurridos los anteriores plazos u obtenido el rechace de la reclamación, sólo queda reclamar judicialmente. Para hacerlo, basta con disponer de los documentos que acrediten la aplicación de la cláusula suelo y haber intentado la reclamación amistosamente sin éxito, así como la escritura de préstamo hipotecario.

Para instar la demanda también es necesario contratar un Letrado y un Procurador, que serán los profesionales que se encarguen de toda la gestión del procedimiento, aunque es altamente recomendable que el afectado se encomiende a un abogado para todo el proceso de reclamación, incluso en la fase extrajudicial, toda vez que sólo estos profesionales conocen cuál es la forma más eficaz de recuperar las cantidades por cláusulas suelo así como para revisar una hipotética oferta del banco.

Una vez interpuesta la demanda, los plazos de resolución rondan de un año a año y medio, sin contar con una eventual apelación, que podría alargar el procedimiento hasta los tres años, aproximadamente.

González aclara que «hay que tener en cuenta también que el Consejo General del Poder Judicial ha habilitado unos juzgados especializados en cada provincia, que serán los encargados de tramitar estos asuntos, lo que supone un plazo de demora añadido debido a la enorme carga de trabajo de estos juzgados».

FUENTE: legaltoday.com

Indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos

El Tribunal Supremo declara que la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos no ha de ser establecida de forma simbólica.

Cómo se establece la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos.

El Tribunal Supremo acaba de responder a esta pregunta en sentencia dictada el 21 de septiembre de 2017, diciendo que es improcedente establecer indemnizaciones simbólicas por la intromisión ilegítima del derecho al honor como consecuencia de una indebida inclusión en un registro de morosos.

Los ELEMENTOS, según este Tribunal, que han de servir para determinar la cuantía de la indemnización en estos casos son:

Abogado Francisco Sevilla Cáceres

1.- duración de la inclusión de los datos en el fichero de morosos.

2.- comunicación de esos datos a diversas empresas asociadas al fichero.

3.- resultado negativo de las gestiones realizadas por el afectado para obtener la cancelación de sus datos.

Veamos cómo aplica dichos elementos el Tribunal Supremo en la SENTENCIA de 21.09.2017

Supuesto de hecho:

– Un señor interpuso una demanda contra una empresa de telefonía por considerar que la inclusión de sus datos personales en sendos registros de morosos por un supuesto impago de 119,22 euros constituyó una intromisión ilegítima en su derecho al honor, y solicitó que se le excluyera de los registros de morosos a los que la empresa telefónica había comunicado sus datos personales.

–  El demandante solicitó una indemnización de 8.000 euros.

– El Juzgado de Primera Instancia consideró que la inclusión de los datos personales del demandante en los registros de morosos había sido indebida y constituía una intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante porque no se trataba de una deuda cierta y no constaba el previo requerimiento de pago.

–  El Juzgado estableció la indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos en la cantidad de los 8.000 euros reclamados, considerando que la inclusión en uno de los ficheros se prolongó durante nueve meses y en el otro, durante seis meses; que las gestiones del demandante para lograr la cancelación de sus datos en los registros de morosos fueron infructuosas porque ante su solicitud, la demandada confirmó la inclusión de los datos en los ficheros ; y que se produjeron siete «visitas» de otras tantas empresas (entidades financieras o empresas que funcionan mediante la concesión de crédito) a cada uno de los ficheros.Indemnización por indebida inclusión en un registro de morosos

–  La empresa telefónica recurrió la sentencia y laAudiencia Provincial consideró excesiva la indemnización y la rebajó a la cantidad de 1.500 euros.

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El Tribunal Supremo ante este supuesto declara:

–  El derecho al honor está reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución Española.

–  Se ha infringido el artículo 19.1 de la Ley de Protección de Datos , así como el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982.

–  La sentencia recurrida infringe la doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras sentencia 26.04.2017), puesto que la Audiencia Provincial otorga una indemnización que ha de considerarse simbólica, sin tener en consideración que se ha vulnerado un derecho fundamental del demandante, que la inclusión indebida de sus datos personales se produjo en dos ficheros de morosos y durante un tiempo considerable (nueve y seis meses, respectivamente), que los datos fueron comunicados a varias entidades (siete comunicaciones en cada fichero ) y que el demandante ejercitó su derecho de cancelación al que la empresa de telefonía demandada se opuso injustificadamente.

–  Estas circunstancias no han sido tomadas en consideración por la Audiencia Provincial, que ha fijado una indemnización simbólica.

Una indemnización de este tipo tiene un efecto disuasorio inverso. No disuade de persistir en sus prácticas ilícitas a las empresas que incluyen indebidamente datos personales de sus clientes en registros de morosos , pero sí disuade de entablar una demanda a los afectados que ven vulnerado su derecho al honor puesto que, con toda probabilidad, la indemnización no solo no les compensará el daño moral sufrido sino que es posible que no alcance siquiera a cubrir los gastos procesales si la estimación de su demanda no es completa.

–  Por estas razones, se casa la sentencia recurrida y en su lugar se establece correcta la indemnización de los 8.000 euros acordada por el Juzgado.

FUENTE: mundojuridico.info