Archivo de la etiqueta: Abogados Huelva

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva de las liquidaciones tributarias

Una sentencia establece que solo los organismos inspectores pueden determinar el cumplimiento o no de la normativa tributaria de los particulares, no los órganos de gestión de Hacienda

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva

El Tribunal Supremo ha establecido que únicamente los órganos de inspección son competentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias y la aplicación de regímenes especiales. La decisión del alto tribunal ha desatado una nueva vía para la reclamación y los despachos profesionales ven en ello campos de actividad cerrados hasta ahora. Los órganos de Gestión Tributaria, de manera habitual, regularizan la situación tributaria de contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación. Para el bufete CIM Tax & Legal, «la única vía que tiene la Administración a priori para evitar perder por una cuestión formal el dinero ya ingresado pasaría por instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de todas estas liquidaciones». 

La sentencia núm. 418/2021 de 23 de marzo estableció que únicamente los órganos de inspección son competentes para ejercer las funciones administrativas para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. Tras este argumento técnico se abren expectativas. En la práctica, esta decisión puede suponer «una apertura de puertas de par en par a los contribuyentes para impugnar liquidaciones tributarias ya firmes por una cuestión meramente formal», según Roger Mestres, abogado y Tax Manager en CIM Tax & Legal. La razón principal es que los órganos de Gestión Tributaria habitualmente comprueban y, en su caso, regularizan, la situación tributaria de contribuyentes con regímenes especiales de tributación. Estos ahora pueden impugnar dichas liquidaciones, logrando que sean declaradas nulas de pleno derecho por haber sido dictadas en el seno de un procedimiento que no era de inspección, es decir, por una cuestión meramente formal.

De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia, Mestres opina que las reclamaciones tendrían el éxito “casi garantizado pese a que la liquidación dictada fuese correcta en el sentido material». La idea es que aunque la nulidad se dé por una cuestión meramente formal, en ocasiones la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez correcto, de inspección para dictar la liquidación. La razón es que el plazo de preinscripción de la actuación de la Administración, de cuatro años, no se habría visto interrumpido por el anterior procedimiento cuya nulidad de pleno derecho se declara.

«Esta situación ya está siendo estudiada por abogados y asesores fiscales, quienes, velando por los intereses de sus clientes, aconsejarán impugnar todas las liquidaciones dictadas por la Administración en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria», opina el abogado, quien asegura que se impugnarán todas las liquidaciones «que se puedan aprovechar de la prescripción correspondiente».

El experto considera que la Administración queda en una posición muy complicada para evitar perder la recaudación obtenida mediante dichas liquidaciones por una cuestión formal. “La única posibilidad es instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas liquidaciones que se hubiesen dictado vulnerando la doctrina ya mencionada e iniciar un nuevo procedimiento, esta vez, de inspección”, opina el abogado. “No parece que la Administración disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicha obra sin perjudicar la obtención de nuevos ingresos derivados de sus facultades de comprobación e inspección”, añade el experto.

FUENTE: elperiodico.com/

Hacienda ya no podrá cobrar el 21% de IVA cuando reclame a los autónomos.

Agencia Tributaria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que, cuando Hacienda detecte ingresos sin declarar por parte de un negocio, se entenderá que el IVA ya viene incluido en la operación y, por tanto, no podrá reclamar este impuesto. Aunque en vía administrativa se venía haciendo, en vía penal se estaba sumando el IVA.
DANIEL GHAMLOUCHE  00:05 06/07/21

Mazazo de Europa al Fisco español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea zanjó el pasado 1 de julio una de las cuestiones más controvertidas respecto al IVA: cuando Hacienda detecta que un negocio ha ocultado una operación a la Administración ¿se debería entender que el impuesto ya está incluido en dicha operación, o no?

Hasta hace poco, la Administración consideraba en muchas ocasiones que, en los ingresos no declarados que los inspectores detectaban y por los que no se había emitido factura, el IVA se tenía que sumar aparte y, por lo tanto, la base imponible sobre la que se regularizaban los impuestos subía hasta un 21% más.

Es decir, si el Fisco cazaba a un autónomo cobrando ‘bajo mano’ 1.000 euros, se podía entender que esos 1.000 euros eran tan sólo la base imponible -sin impuestos-, y por lo tanto, el 21% de IVA se aplicaría sobre esos 1.000 euros, dando como resultado 210 euros a ingresar en concepto de IVA -más las sanciones y otros impuestos que hubiera que liquidar-.

No obstante, a partir de ahora, Hacienda tendrá que descontar el IVA de los ingresos en B que la inspección detecte, a la hora de calcular  el importe del fraude en este impuestoy también en IRPF o Sociedades. Así lo estableció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que concluyó que, al determinar la base imponible de una operación ocultada por sujetos pasivos del IVA se debe considerar que las cantidades entregadas y recibidas sin presentar a Hacienda «ya incluyen dicho impuesto». 

Hacienda deberá restar el IVA de los ingresos que detecte sin declarar

O dicho de otro modo, «en una operación de 1.000 euros detectada, que no se haya declarado y en la que no se haya emitido factura, se deberá restar el IVA para determinar la base imponible sobre la que se deberán ingresar los impuestos, y calcular así la sanción y los tributos a pagar. Así,  siguiendo ese mismo ejemplo, el IVA a ingresar en este caso ya no sería de 210 euros, sino de 173,5 euros, que sería el 21% de 826,4 euros, y que daría como resultado total los 1.000 euros detectados por la inspección», explicó el director de Spanish VAT Services Asociados y experto en el tratamiento del IVA a nivel intracomunitario, Fernando Matesanz

La sentencia viene a raíz de la petición de decisión prejudicial que elevó el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia al Tribunal Europeo en relación con las liquidaciones y sanciones impuestas a una empresa dedicada a la organización de fiestas patronales en Galicia en el marco de una regularización fiscal del IRPF adeudado por el período comprendido entre los años 2010 y 2012. A este contribuyente se le detectaron tres sumas sin declarar ni pagar impuestos por IRPF e IVA: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros en 2012. La cuestión a decidir en este caso era si se debía entender que los tres ingresos abonados en negro a esta empresa ya incluían IVA o no . 

Finalmente, y según Europa, se debe entender que el IVA ya está incluido en la operación en B ya que, de lo contrario, se estaría obligando a pagar el impuesto al empresario, que es sólo un mero transmisor de este impuesto. «Cualquier otra interpretación sería contraria al principio de neutralidad del IVA y haría recaer una parte de la carga de dicho impuesto sobre un sujeto pasivo, siendo así que el IVA sólo debe ser soportado por el consumidor final», explica el TJUE.

De este modo, aclara el Tribunal Europeo, «debe interpretarse que cuando, incurriendo en un comportamiento fraudulento, unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada de las cantidades entregadas debe considerarse un precio que incluye el IVA«.

La Agencia Tributaria ya aplicaba este criterio en los procedimientos administrativos

Aún con todo, lo cierto es que este criterio cambiaría solamente la actuación del Fisco en aquellas infracciones fiscales que se consideren delito penal -por superar la suma de 120.000 euros defraudados y que, además, exista voluntad de defraudar-, ya que en los procedimientos administrativos «esto ya se aplicaba. Hace como un año y medio que en todas las cuestiones contencioso-administrativas, el IVA se entendía incluido en la cantidad defraudada, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo», explicaron fuentes de la Administración a este diario.

Es por ello que, a nivel práctico, «esta sentencia europea no va a cambiar nada en la mayoría de sanciones y regularizaciones que hace el Fisco a los autónomos, por que la mayoría van por vía administrativa, y en esta vía lleva tiempo aplicándose este criterio. En lo penal, sin embargo, hasta la fecha, el IVA no se entendía incluido y puede cambiar mucho el resultado«, añadieron estas mismas fuentes.

Tanto es así que, en el caso de esta empresa gallega, si finalmente el Tribunal Europeo no hubiera decidido entender como incluido el IVA en estas sumas, la base imponible sobre la que calcular los impuestos sería el total de las sumas ocultadas: 64.414,90 euros en 2010, 67.565,40 euros en 2011 y 60.692,50 euros. Es decir, el empresario tendría que haber pagado sólo en concepto de IVA: 13.526 euros, 14.188 euros y 12.744 euros, respectivamente.  

Afectará al IVA, pero también al IRPF o Sociedades

Una diferencia grande, teniendo en cuenta que ahora, entendiéndose como incluido el impuesto: en la primera suma de 64.414 euros, la base imponible sería de 53.234 euros y el IVA a pagar sería 11.179 euros; en la segunda, la base sería 55.833 y los impuestos a pagar 11.726; y en la tercera la base imponible sería 50.158 euros y el IVA sería de 10.533 euros.

Es decir, la diferencia en estas tres operaciones, sólo teniendo en cuenta el IVA, ya superaría los 6.000 euros. «Pero esto también afecta al IRPF, ya que esas bases imponibles más bajas serán las que se tengan en cuenta para aplicar las retenciones que le correspondan al empresario, y en algunos casos, la sanción también se calculará sobre esa base , por lo que la multa también será inferior», explicó

Sanciones por no declarar ingresos

Aún con todo, el Tribunal de Justicia matiza en la sentencia que el respeto a este principio de neutralidad del IVA no se opone en ningún caso a que los Estados miembros adopten sanciones para luchar contra el fraude fiscal. Ya que, a su juicio, un fraude como éste debe castigarse mediante sanciones, y no a la hora de determinar la base imponible del impuesto a regularizar. 

De hecho, la Ley General Tributaria ya entiende como grave la ocultación de ingresos al Fisco y recoge varias sanciones en su artículo 201. Concretamente, por no cumplir con las normas de facturación, el autónomo se enfrentará a un multa pecuniaria proporcional del 1% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción.

Y si directamente no hubiera factura, o no se hubiera conservado, la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 2% el importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no se conozca el importe de las operaciones a que se refiere la infracción, la sanción será directamente de 300 euros por cada operación respecto de la que no se haya expedido o conservado la correspondiente factura o tique.

FUENTE: autonomosyemprendedor.es

Requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita

La Ley exige cumplir una serie de requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita según se trate de personas físicas o jurídicas.

Vamos a exponer los requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita distinguiendo según sea el solicitante una persona física o jurídica para este año 2020.

Recordar que el derecho de asistencia jurídica gratuita se encuentra regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, si bien ha sufrido distintas modificaciones, la última de ellas en octubre de 2015.

Asimismo, el órgano responsable para el reconocimiento de la justicia gratuita es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en su correspondiente ámbito territorial.

Los beneficios que lleva la concesión del derecho de justicia gratuita puedes VERLOS AQUÍ.

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA JUSTICIA GRATUITA .-

A)  REQUISITOS BÁSICOS. PERSONAS FÍSICAS:

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

DOS VECES el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2020) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

DOS VECES y MEDIA el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM 2020) en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

El TRIPLE del IPREM 2020 en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Si quieres ver con ejemplos los ingresos en 2018 y en 2019 (SON IDÉNTICOS) para que te concedan un abogado de oficio PINCHA AQUÍ.

Por UNIDAD FAMILIAR a estos efectos se entiende: lo que como tal concepto venga establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.

Los medios económicos serán evaluados individualmente cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia jurídica gratuita (EJEMPLO: en caso de divorcio entre los  cónyuges).

Requisitos para el reconocimiento de la justicia gratuita

A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar, se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos, desmintiendo la declaración del solicitante, revelan con evidencia que este dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley.

Para valorar la existencia de patrimonio suficiente se tendrá en cuenta la titularidad de bienes inmuebles siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.

B)  REQUISITOS BÁSICOS. PERSONAS JURÍDICAS:

Solo se podrá reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones de utilidad pública y a las fundaciones, siempre y cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

No cabe por tanto el reconocimiento de este derecho a empresas como sociedades limitadas, anónimas, etc.

Cuando las asociaciones o fundaciones carezcan de patrimonio que no supere el siguiente umbral podrá reconocérsele el derecho:

Cuando el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM 2020).

C)  SUPUESTOS EXCEPCIONALES

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente, mediante resolución motivada, el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos, aun superando los límites previstosno excedan del quíntuplo del IPREM, teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente:

A) En atención a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, las tasa judiciales y otros costes derivados de la iniciación del procedimiento, u otras de análoga naturaleza, objetivamente evaluadas y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial.

B) Atendiendo a las circunstancias de salud del solicitante y a las personas con discapacidad, así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional.

FUENTE: mundojuridico.info

Deudor solidario que paga la parte de otros codeudores

El deudor solidario que paga la parte de otros codeudores podrá reclamar la parte que a cada uno le corresponda de esa deuda.

Vamos a analizar una cuestión que con bastante frecuencia suele darse en el día a día y que todavía plantea dudas sobre la viabilidad de que un deudor solidario que paga la parte de otros codeudores pueda reclamarle a estos dicha parte.

EJEMPLOS:

Deudor solidario que paga la parte de otros codeudores

1) Una pareja son deudores solidarios de un Banco por haber suscrito en su día un préstamo hipotecario. Una de los dos no abona su parte de la hipoteca que le corresponde y el otro se ve obligado a pagar la totalidad para que el Banco no lo demande.

2) Varias personas han firmado con un Banco una préstamo personal. Uno de ellos se niega o no puede hacer frente al pago de la parte del recibo mensual del préstamo. El resto se ve obligado a pagar su parte.

La pregunta sería:

¿Puede el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores reclamar lo que aquellos no han pagado?

Hay sobre todo dos preceptos importantes que debemos conocer en esta materia:

–  Artículo 393 Código Civil» El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas.»

–  Artículo 1.145 Código Civil: » El pago hecho por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El que hizo el pago sólo puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.»

Por consiguiente y enlazando ambos artículos, la RESPUESTA a la pregunta formulada es que, el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores está legitimado o facultado para entablar una reclamación contra el resto de deudores solidarios que no abonaron la parte que a cada uno le correspondía en la deuda.

En suma, como recoge la doctrina del Tribunal supremo, el deudor solidario que paga o cumple en su totalidad con el acreedor extingue el vínculo obligatorio, adquiriendo por ministerio de la ley un derecho a repetir en la esfera interna exclusivamente contra el conjunto de obligados unidos por vínculos de solidaridad su parte correspondiente. Siendo dicho crédito ajeno por completo al que ostentaba el acreedor primigenio y desprovisto además de las garantías que tenía el crédito extinguido.

Plazo de prescripción de la acción de reembolso

La acción de reembolso que tiene el deudor solidario que paga la parte de otros codeudores para reclamarles el importe correspondiente tiene el plazo de prescripción previsto en el artículo 1964.2 del Código Civil de CINCO AÑOS contados desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.

SENTENCIAS

–  AP Valencia, sentencia de 30.12.2014:

» las cuotas pagadas por el demandante extinta la relación de pareja de hecho, generan en aquél un crédito frente a la comunidad, en base al art. 393 Código Civil y frente a la demandada, por haber suscrito conjuntamente el préstamo, con derecho de cobro de la mitad del importe de aquella (art. 1145 Código Civil)».

–  AP Barcelona, sentencia 27.11.2012:

» El art. 1145 Código Civil otorga al codeudor solidario que paga al acreedor acción para reclamar a los demás codeudores la parte que a cada uno corresponda».

–  AP Baleares, sentencia 3.03.2014:

» Al hallarse gravado el piso con una hipoteca constituida en garantía de un préstamo del que ambos prestatarios son dedudores solidarios, el que paga puede reclamar del codeudor la parte que le corresponda (art. 1145 Código Civil), tal como hace la actora reconviniente».

– AP Baleares, sentencia 31.01.2014:

» En consecuencia, en su caso, el que sería de aplicación sería el artículo 1145 del Código Civil. En virtud del derecho de repetición previsto en el segundo párrafo de dicho precepto, el deudor solidario que ha pagado al acreedor «puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de éstos corresponda, con los intereses del anticipo», presumiéndose que la obligación solidaria en la relación interna entre deudores se divide a tal efecto en partes iguales, en aplicación del art. 1138 del Código Civil  ( SS TS 29 diciembre 1987, 17 diciembre 1992, 22 julio 1994, 4 enero 1999, 16 julio 2001, 11 marzo 2002, 4 mayo 2006 y 26 junio 2009). Este derecho de crédito nacido «ex novo» como consecuencia de dicho pago se basa en la necesidad de evitar un enriquecimiento injusto a los codeudores que no hicieron frente al cumplimiento de su obligación».

FUENTE: mundojuridico.info

Plusvalía municipal: ¿qué pasa si el impuesto es mayor que la ganancia?

15 de Noviembre de 2019

Cuando un individuo o empresa efectúa la transmisión de una propiedad de un inmueble o de la constitución o transmisión de derechos reales sobre una vivienda se debe pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), que normalmente se conoce como plusvalía. “En el caso de venta de una propiedad el que deberá efectuar el pago es el individuo, empresa o entidad que vende, por el aumento que ha tenido la propiedad mientras este ha sido propietario”, explica Fernando Sanahuja, del despacho de abogados Sanahuja Miranda.

  • El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana lo debe pagar la persona o empresa que vende una propiedad en un plazo de 30 días posterior a la venta de la propiedad.
  • En la actualidad, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo logran resolver sobre la correcta configuración de la base imponible.

SANAHUJA MIRANDA

La plusvalía se debe pagar en un plazo de 30 días posterior a la operación de venta de la vivienda. Si el propietario es extranjero, el que debe pagar el impuesto es el adquiriente que reside en España, y en los casos de herencia o donación, el heredado o el que recibe la vivienda es quien debe hacerse cargo del importe. Frente a esta situación, el heredado dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la fecha de defunción, prorrogables a un año si se solicita por escrito dentro de los primeros seis meses.
 
¿Qué pasa si el beneficio es menor que el valor del impuesto?
 
El impuesto de plusvalía municipal se debe pagar en cualquier circunstancia. No es relevante si el beneficio que recibe el que vende la propiedad es menor que el impuesto que debe pagar. Si se acredita que el inmueble no ha aumentado su valor desde que se adquirió, la exigencia de este impuesto sería inconstitucional. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo consideran que en estas situaciones no se ha realizado el hecho imponible del impuesto, por eso no puede exigirse.
 
Fernando Sanahuja, abogado del despacho Sanahuja Miranda, afirma que «en los casos en los que se ha producido un incremento en el valor del terreno, aunque sea insignificante, ya no se podrá alegar la ausencia de capacidad económica porque por más que sea pequeña, existe. Tampoco es posible alegar la inexistencia de hecho imponible, porque éste se comprende realizado tanto y en cuanto exista un incremento en el valor del terreno, independientemente de que sea mayor o menor«.
 
En estas ocasiones es cuando suele producirse una situación un tanto injusta porque el impuesto a pagar supera el beneficio obtenido en la trasmisión, y en caso de no superarlo, prácticamente lo confisca ya que el margen de ganancia es mínimo. Ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo aún logran resolver esta situación porque además, el sistema tributario en ninguna situación tendrá intenciones ni carácter confiscatorio si se le presenta una situación de este calibre.

FUENTE: legaltoday.com/