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El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva de las liquidaciones tributarias

Una sentencia establece que solo los organismos inspectores pueden determinar el cumplimiento o no de la normativa tributaria de los particulares, no los órganos de gestión de Hacienda

El Tribunal Supremo abre la puerta a una impugnación masiva

El Tribunal Supremo ha establecido que únicamente los órganos de inspección son competentes para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales, devoluciones tributarias y la aplicación de regímenes especiales. La decisión del alto tribunal ha desatado una nueva vía para la reclamación y los despachos profesionales ven en ello campos de actividad cerrados hasta ahora. Los órganos de Gestión Tributaria, de manera habitual, regularizan la situación tributaria de contribuyentes que aplican regímenes especiales de tributación. Para el bufete CIM Tax & Legal, «la única vía que tiene la Administración a priori para evitar perder por una cuestión formal el dinero ya ingresado pasaría por instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de todas estas liquidaciones». 

La sentencia núm. 418/2021 de 23 de marzo estableció que únicamente los órganos de inspección son competentes para ejercer las funciones administrativas para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. Tras este argumento técnico se abren expectativas. En la práctica, esta decisión puede suponer «una apertura de puertas de par en par a los contribuyentes para impugnar liquidaciones tributarias ya firmes por una cuestión meramente formal», según Roger Mestres, abogado y Tax Manager en CIM Tax & Legal. La razón principal es que los órganos de Gestión Tributaria habitualmente comprueban y, en su caso, regularizan, la situación tributaria de contribuyentes con regímenes especiales de tributación. Estos ahora pueden impugnar dichas liquidaciones, logrando que sean declaradas nulas de pleno derecho por haber sido dictadas en el seno de un procedimiento que no era de inspección, es decir, por una cuestión meramente formal.

De acuerdo con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia, Mestres opina que las reclamaciones tendrían el éxito “casi garantizado pese a que la liquidación dictada fuese correcta en el sentido material». La idea es que aunque la nulidad se dé por una cuestión meramente formal, en ocasiones la Administración no podrá iniciar un nuevo procedimiento, esta vez correcto, de inspección para dictar la liquidación. La razón es que el plazo de preinscripción de la actuación de la Administración, de cuatro años, no se habría visto interrumpido por el anterior procedimiento cuya nulidad de pleno derecho se declara.

«Esta situación ya está siendo estudiada por abogados y asesores fiscales, quienes, velando por los intereses de sus clientes, aconsejarán impugnar todas las liquidaciones dictadas por la Administración en un procedimiento de comprobación que invada las competencias reservadas al procedimiento de inspección tributaria», opina el abogado, quien asegura que se impugnarán todas las liquidaciones «que se puedan aprovechar de la prescripción correspondiente».

El experto considera que la Administración queda en una posición muy complicada para evitar perder la recaudación obtenida mediante dichas liquidaciones por una cuestión formal. “La única posibilidad es instar de oficio un procedimiento para declarar la nulidad de pleno derecho de aquellas liquidaciones que se hubiesen dictado vulnerando la doctrina ya mencionada e iniciar un nuevo procedimiento, esta vez, de inspección”, opina el abogado. “No parece que la Administración disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo dicha obra sin perjudicar la obtención de nuevos ingresos derivados de sus facultades de comprobación e inspección”, añade el experto.

FUENTE: elperiodico.com/

Un juzgado reconoce la fijeza de un trabajador temporal que ocupaba un puesto en el Ayuntamiento de Torrelavega desde 2005

QUEDÓ DEMOSTRADO QUE HABÍA SUPERADO UN COMPLETO PROCESO DE SELECCIÓN
Sentencia trabajador fijo en ayuntamientoEl titular del juzgado de lo Social 3 explica que se trata de un supuesto excepcional, ya que previamente ha dictado distintas sentencias denegando las pretensiones de fijeza.

 |  | Actualizado: 02/06/2021 17:25

El magistrado Pablo Rueda, titular del juzgado de lo Social 3 de Santander, ha acordado la fijeza de un trabajador temporal que llevaba 16 años en el mismo puesto en el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria).

En la sentencia 202/2021, 28 de mayo, reconoce el derecho de un educador social que empezó a trabajar en el Consistorio en 2005 y fue prorrogando los contratos hasta hoy.

Este asunto ha sido llevado por la abogada madrileña Beatriz González, una de las letradas pioneras en la defensa de los trabajadores temporales en estos últimos diez años.

«Se da la circunstancia que este profesional superó un proceso de selección, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, para acceder a la plaza con unas notas excelentes incorporándose como personal temporal y no ha habido más procesos de selección hasta el momento”, explica González.

Ante la incertidumbre de su futuro y la posibilidad de perder la plaza ante la convocatoria de nuevos procesos de selección contactó con el despacho de González.

“Asesoramos a este trabajador en varias reuniones que tuvo con el Ayuntamiento para solventar este problema y no acabar en la vía judicial, pero no se llegó a ningún acuerdo. Eso hizo que planteásemos la reclamación previa y luego la demanda ante la situación de abuso que sufría cubriendo necesidades estructurales como trabajador temporal”, señala.

“En los juzgados de lo Social se habla más de fraude y se suele convertir la situación de esos trabajadores temporales en indefinidos. El juez es el que decide la sanción. Nosotros solicitamos la fijeza según la Directiva 1999/70 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Al final el juez lo hace fijo, inamovible en su puesto de trabajo”.

En declaraciones a Confilegal explica que “la sentencia destaca por su sencillez, no introduciendo más elemento que, ante la no oposición de la Administración de los hechos que se declararon como probados, que fueron el vínculo del Ayuntamiento con el trabajador, mediante un contrato de interinidad de duración determinada que se prorrogaba anualmente año tras año, la consecuencia de un abuso en esa contratación, como decimos no se cuestiona y así es declarada”.

También indica que “no entra en índices de temporalidad, ni más elementos, ciñéndose en un aspecto primordial y esencial que destaca, y lo hace diferente al resto de las sentencias dictadas, que es que el demandante había superado un completo proceso selectivo, un proceso concurso -oposición que reunía, sin ninguna duda, los requisitos de acceso exigidos en el derecho nacional y con ello el artículo 23 de la Constitución Española”.

Beatriz González, abogada.

Por otro lado, apunta, “el juzgador destaca, así lo hace expresamente, que se trata de un supuesto excepcional, ya que previamente había dictado distintas sentencias denegando las pretensiones de las partes, en el sentido de no reconocer la fijeza”.

Para González, otro elemento a tener en cuenta “es que no se otorga al trabajador la condición de indefinido no fijo, que es la sanción que otros tribunales, si otorgan, y ello, a pesar de que la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, en los asuntos acumulados C-103/2018 y C-249/2018, expresamente declaró que no es sanción adecuada al abuso en la contratación temporal, el acceso, en cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, le llevan al juzgador, a la conclusión de que, en este caso, lo procedente es la fijeza, en definitiva la estabilidad, exigida por la Directiva Europea, siguiendo los argumentos que en la demanda se esgrimían».

“Sabemos que, estas sentencias entre las múltiples dictadas son una excepción, pero su pronunciamiento hace que recobremos la ilusión, de que caso por caso, supuesto por supuesto, cuando se produce un acceso cumpliendo los requisitos legales, los juzgadores, no son ajenos a esa realidad, reconociendo una fijeza”.

Este tipo de asuntos van a los juzgados laborales o a los contenciosos, depende de si es personal temporal laboral o interinos laborales, frente al personal estatutario o funcionarios interinos que a los juzgados contencioso administrativo.

“La Directiva se aplica a todo el personal laboral, ya sea laboral o interino. En un principio. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un sentencia de 2018, de un interino de un Ayuntamiento de Galicia que supera un proceso de selección para trabajadores temporales, señala que tras llevar 18 años trabajando el juez le hizo fijo al comprobar que este profesional cubría necesidades temporales de la administración de forma continuada, lo que sí es abusivo”.

Sobre el recurso, indica que “el caso es tan claro… ya que ha superado el proceso de selección de forma completa, por eso, creemos que podría ser confirmada en segunda instancia por el TSJ de Cantabria”.

“También conocemos que en otros supuestos a pesar que el trabajador temporal había superado procesos de selección con las garantías del artículo 23 de la CE, el sentido de las sentencias es desfavorable, esta contracción precisamente, tendrá que resolverse en los recurso de casación por unificación de doctrina, que ya están planteados por este despecho”, advierte.

Fuente: confilegal.com

Un padre deberá abonar la pensión de alimentos pese a probar que el hijo no es biológico

 
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado en su sentencia de 17 diciembre de 2020 que, un padre deberá abonar la pensión alimenticia a su hijo de 17 años, pese al propio reconocimiento de la madre y de la prueba biológica de paternidad aportada en la vista oral que acreditan que el hijo no es biológico.

 
Un padre deberá abonar la pensión de alimentos a hijo no es biológico

Antecedentes

En diciembre de 2019, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Córdoba, mediante sentencia, estableció, entre otros extremos, la atribución de la guarda y custodia del hijo menor de edad a la madre, patria potestad compartida y una pensión de alimentos a favor del hijo y a cargo del padre por importe de 150 euros mensuales.

El padre no comparte tales conclusiones a razón, en suma, por la que interpone el presente recurso de apelación invocando a sensu contrario el art. 39.3 de la Constitución Española: “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

“Alega el padre que el mismo no es el progenitor biológico del menor, luego no está incluido en el mandato constitucional de prestar asistencia de todo orden a los hijos”.

En particular, alega el padre que el mismo no es el progenitor biológico del menor -tal y como reconoció la propia demandante y resulta de la prueba biológica de paternidad aportada en la vista oral- luego no está incluido en el mandato constitucional de prestar asistencia de todo orden a los hijos.

Así, la representación procesal del padre solicita la revocación de la sentencia de instancia, con íntegra desestimación de la demanda.

Audiencia Provincial de Córdoba

“Revisado el contenido de las actuaciones, se ha de anticipar que el recurso debe ser desestimado”, anuncia la Sala al inicio del fundamento de derecho segundo de la sentencia.

Recuerda la AP de Córdoba que la filiación no matrimonial que ha sido determinada mediante cualquiera de las formas legalmente establecidas podrá ser impugnada por la vía de las acciones de impugnación establecidas en los arts. 136 y siguientes del Código Civil. Asimismo, subraya que, “como indica la sentencia apelada”, “el ejercicio de dichas acciones (y, más concretamente y por lo que aquí respecta, de la acción de impugnación de paternidad no matrimonial), debe de atemperarse no sólo al correspondiente plazo para su valido ejercicio que respectivamente se establece en los citados arts. 136 y ss., sino también al específico cauce procesal referido en los arts. 748-2 y 764 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En concreto, como en el presente caso la sentencia de instancia se acomoda fielmente a la determinación de la filiación que viene legalmente establecida e incluso al propio y consciente actuar del demandado (y ahora apelante) que la misma refiere de una forma incuestionada-actuación notarial de 14 de febrero de 2018, “la consecuencia mal puede ser distinta a la anticipada”, advierte la Sala.

Además, mantiene la AP de Córdoba que el apelante, frente a la concreta pensión alimenticia establecida “nada ha aducido en orden a la mayor o menor proporcionalidad de su cuantía, ni en orden a la imposibilidad material de atenderla con sus medios de fortuna”, sino que a través de “una voluntarista heterodoxia procesal”, pretende, eludiendo “los requisitos y cauce legalmente establecidos y del correspondiente análisis de oportunidad, así como de su eventual resultado más o menos favorable, hacer lineal proyección de una acción impugnación de paternidad en la fase probatoria de este procedimiento, y ello es plenamente inviable por contradecir las más elementales razones del denominado orden público procesal”, concluye la sentencia.

Así, tras desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Córdoba, la Sección Primera de la AP de Córdoba le impone al apelante el abono de las costas causadas en esta alzada, en base a los arts. 394 y 398 de la LEC.

FUENTE: economistjurist.es

Es nula la penalización por incumplir el compromiso de permanencia de Orange

JURISPRUDENCIA

Equipo de redacción de Economist & Jurist.  TIEMPO DE LECTURA: 3 MIN Publicado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha declarado, en su reciente sentencia de 13 de abril de 2021, la nulidad de la penalización de 2.470 euros impuesta por Orange a una mercantil por incumplir el compromiso de permanencia.

El Magistrado-Juez confirma que si en el contrato no figura de un modo claro “cuál es el importe de la pena o el modo en que se calcula, así como la concreta obligación o servicio al que se liga la pena”, la cláusula de permanencia no resultará aplicable.

Condena en costas al operador naranja.

Penalización por incumplir el compromiso de permanencia de Orange

Antecedentes

En septiembre de 2018, la mercantil actora convino determinados servicios de telecomunicaciones con la demandada (Orange Espagne S.A.U.).

En diciembre de 2019, la demandante solicitó la portabilidad de distintas líneas telefónicas. Así, fruto de lo anterior, la compañía naranja le aplicó a la mercantil determinadas penalizaciones (2.470 euros en total) por incumplimiento del compromiso de permanencia.

En concreto, 2.210 euros por las líneas correspondientes al contrato número 1 y en el que se dio de baja el 31 de diciembre de 2019 aunque se descontaron 550 euros por haberse extraviado la documentación relativa a dos líneas con posterioridad a la demanda; 540 euros por las líneas correspondientes al contrato número 2; y 270 euros por las líneas correspondientes al contrato número 3.

Consecuencia de las penalizaciones descritas, la representación procesal de la mercantil presentó demanda en enero de 2020 contra la compañía naranja, en ejercicio de acción declarativa de nulidad o inexigibilidad de cláusula penal.

Nulidad de la penalización

Turno del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón, su Magistrado-Juez anuncia en la reciente sentencia que, como se desprende de los contratos aportados por la demandada, el compromiso de permanencia era de 24 meses.

No obstante, de los mismos documentos citados “no extrae este juzgador la cláusula contractual que fija la pena para el caso de incumplir el compromiso de permanencia ni el modo en que se calcula, en su defecto, la misma”, advierte el fallo.

Igualmente, tampoco indica la demandada dónde figura tal cláusula, siendo insuficiente el contrato-modelo aportado, el cual, además, “la actora no ha firmado”, matiza el Magistrado-Juez.

“En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado”, señala el párrafo primero del art. 1152 del Código Civil.

Así, el citado precepto “le atribuye una función liquidadora o de pena sustitutiva comprendiendo el valor de la prestación y el importe de los daños y perjuicios con la ventaja de poder el acreedor exigir en caso de incumplimiento el pago de la pena, sin probar el daño sufrido”.

Por tanto, si esa es su función, resulta “evidente que contractualmente debe figurar de modo claro (como ocurre en el contrato-modelo pero no en los suscritos por la actora) cuál es el importe de la pena o el modo en que se calcula, así como la concreta obligación o servicio al que se liga la pena”, alerta el Juzgador.

“No cabe aplicar la pena, porque este importante elemento del contrato y del que pende la facultad rescisoria connatural a este tipo de contratos quedaría al arbitrio de una sola de las partes”.

En cambio, si como en el presente supuesto, en el contrato no figura la cláusula de penalización, ni el modo en que se calcula, la permanencia no es clara y no se podrá aplicar.

“No cabe aplicar la pena, porque este importante elemento del contrato y del que pende la facultad rescisoria connatural a este tipo de contratos quedaría al arbitrio de una sola de las partes infringiéndose el art. 1256 del CC”, concluye la sentencia.

Fallo

En virtud de lo señalado en párrafos anteriores, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón estima la demanda formulada por la mercantil y declara nula la penalización por incumplir el compromiso de permanencia.

Además, el Juzgador condena en costas al operador naranja, por penalización por incumplir el compromiso de permanencia de Orange.

La representación legal de la parte demandante y afectada la ha ejercido Marta Hernández Álvarez, Socia y Directora letrada en misletrados.com.

FUENTE: economistjurist.es